En Fibra Óptica gana la competencia, pero pierde la sociedad

El Estado español terminó con su participación en la compañía (20,9%) durante las presidencias simultáneas de Aznar en el Gobierno y Villalonga en la operadora. Las ganancias de ésta y otras privatizaciones ayudaron a cumplir los, por entonces, famosos criterios de Mastrique para el acceso a la Unión Europa.

Sin embargo, tras su venta o privatización, la red de telecomunicaciones continuaba manteniendo un claro carácter público: por ser la única desplegada en España; por operarla una compañía que había sido semiestatal hasta la víspera; y por haberse desarrollado gracias a los beneficios de su explotación en régimen de monopolio.

Cuando en 1998, y a instancias de la Organización Mundial del Comercio, se procede a la liberalización universal de los mercados de las telecomunicaciones el Gobierno decide una regulación de la red –privada, cabe insistir- de Telefónica. La compañía se vería obligada a poner sus recursos a disposición de las operadoras entrantes. Meras sucursales, en muchos casos, de los antiguos monopolios europeos de France Telecom, British Telecom, Deutsche Telekom, Telecom Italia, etc.

El esquema se mantiene cuando Telefónica ya ha modernizado la vieja red heredada y se sitúa como vanguardia europea en el despliegue de la tecnología ADSL. La lógica de la regulación es doble. Por una parte: a mayor competencia, mejores condiciones de precio para los usuarios finales. Por otra parte: a mayor competencia, mayores inversiones en tecnología de red para adquirir ventaja sobre los rivales en la captación de clientes. Pero vemos que, en el caso español, esta segunda premisa no se ha cumplido jamás. Aquí, si no invierte Telefónica no invierte nadie. De hecho, las excelentes condiciones fijadas por los organismos de la competencia para explotar los recursos de la operadora española de referencia no han servido sino para desincentivar esa inversión.

Con una congruencia empresarial impecable, la alta dirección de Telefónica ha decidido que el viejo modelo regulatorio ha dejado de ser válido, si es que lo fue algún día. El gastado recurso al pasado monopolístico de la compañía ya no aplica al caso de unas redes completamente nuevas, en cuyo despliegue no se ha invertido otra cosa que sus propias ganancias, obtenidas en dura pugna dentro de un mercado liberalizado en el que, ni tan siquiera, se le ha permitido actuar en igualdad de oportunidades.

Qui prodest… ¿A quién beneficia?, reza el aforismo latino. Desde luego, en ningún caso, al usuario final que se verá defraudado en su pronóstico de disponer de una banda ancha fija ultraveloz para el acceso a todas las posibilidades y beneficios de la Sociedad de la Información.

Tampoco la decisión de la CNMC parece que vaya a beneficiar a “la competencia”; la decisión de Telefónica, si llega a materializarse, implicaría su desistimiento de abrir un nuevo mercado como el de la Fibra. No habrá competencia en tecnología, como no la ha habido nunca, por la languidez inversora de las operadoras entrantes y la connivencia de las autoridades regulatorias

Así pues, sólo queda un candidato a ganador: las “compañías de la competencia”, incapaces de emular el nervio innovador de la operadora española. A condición de no confundir los términos: una cosa es la competencia, como fuerza del mercado, y otra muy diferente las “compañías de la competencia” incapaces de competir si no es con las dádivas anticompetitivas de una regulación hecha a medida de sus intereses empresariales, no del conjunto de la sociedad.

Como dejara bien establecido Reinaldo Rodríguez, Presidente de la CMT entre 2005 y 2011, la regulación no se ocupa de los usuarios, sino de la competencia. De las empresas de la competencia, cabría -tal vez- apostillar.