-“En el caso Banco Madrid, otra alternativa era posible”-

María Mateos explicó que esta jornada de tarde estaba centrada en el análisis de la intervención e incluso liquidación de las entidades de crédito como una de las medidas para luchar contra el blanqueo de capitales. “El fundamento último de toda la legislación financiera responde a la necesidad de garantizar estabilidad y el eficiente funcionamiento de los mercados con el fin de proteger a los agentes implicados, en especial a los clientes e inversores”, afirmó. María Mateos planteó la cuestión de si realmente los depositantes, los ahorradores o inversores en una determinada entidad quedan protegidos cuando esta es intervenida. Esta cuestión la trataron de aclarar en sus ponencias los participantes en esta mesa redonda.

Olga Martín quiso distinguir entre rescate, nacionalización o intervención de una entidad. El rescate sería el primer paso. En este caso el Gobierno aporta el capital, pero la gestión sigue en manos de la entidad. En la nacionalización el control es del estado a través del FROB pero deja también los gestores de la entidad. En la intervención, que sería el paso más agresivo, el FROB toma el control y renueva al consejo gestor porque la entidad no tiene viabilidad por sí sola. Esta medida se aplica cuando hay un incumplimiento normativo.

Olga Martín quiso analizar someramente la repercusión en ahorradores e inversores cuando hay intervención. Señaló que uno de los peores momentos es cuando comienzan los rumores, “esto es muy peligroso porque las acciones bajan perjudicando gravemente a los inversores”.

En lo que se refiere a los planes de pensiones y en los fondos, los calificó como “meros instrumentos independientes de la entidad que tienen como único problema que dicho fondo o plan invierta en la entidad en cuestión”. Martín recordó que los ahorradores tienen garantizados 100.000 euros por el FGD, “ese límite está cubierto. Más allá no hay garantía”.

A continuación tomó la palabra Juan Miguel del Cid, quien matizó que la crisis financiera ha puesto de manifiesto el deterioro sufrido por los activos de muchas entidades financieras por su exposición al sector inmobiliario. Las situaciones de insolvencia sobrevenida se han resuelto recapitalizando dichas entidades a través del mecanismo establecido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), garantizando así su continuidad. Los depositantes no han tenido riesgo de pérdida de sus depósitos ni tampoco ha sido necesaria la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos.

La reciente intervención de Banco Madrid por el Banco de España demuestra que el riesgo no solo está en el activo sino que el incumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales conlleva importantes riesgos de reputación, legales y operativos que pueden ocasionar la liquidación de una entidad.

El riesgo de liquidación se ve acrecentado si la entidad intervenida no es sistémica y su liquidación no tiene consecuencias sobre el conjunto del sistema financiero del país. En el caso que nos ocupa, el desencadenante de la crisis ha sido la publicación por el FinCen (la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos) de un escrito de acusación contra Banca Privada de Andorra (matriz de Banco Madrid) en el que califica al banco como una entidad de “especial preocupación” en materia de blanqueo de capitales. Según ese escrito estaban blanqueando dinero de la mafia china, del crimen organizado ruso, de Venezuela… y a partir de ahí se prohíbe que los bancos americanos tengan acceso a este banco y como consecuencia el Banco de Andorra es intervenido y supone que la entidad Banco Madrid también lo sea, se despierta la desconfianza y una huida de depósitos y por tanto si no se le da apoyo es el final de la entidad.

¿Por qué se deja caer este banco? Quizá porque es pequeño. No es un banco sistémico. Lo cual nos lleva a pensar que unos depositantes pueden tener menos derechos que otros de bancos más grandes. Quizá todos estos problemas se podían haber solucionado solo con una intervención del FROB ya que el activo de este banco es superior a su pasivo. “Creo que habría otra alternativa posible”, afirmó.

La reflexión es qué y quiénes han fallado. Otra vez más estamos ante un fallo de los mecanismos de gobierno corporativo de la entidad en cuestión. “Habrá que examinar la responsabilidad que cabe atribuir a los expertos externos que certificaron que Banco Madrid cumplía escrupulosamente con la legislación de prevención del blanqueo de capitales, los auditores de cuentas y los organismos reguladores encargados de inspeccionar a la entidad”.

Cristina Borrallo, letrada de Ausbanc, planteó en su ponencia en primer lugar dónde está el dinero de los ahorradores e inversores y si podrán recuperarlo. Tras un análisis del marco legal que rodea a una intervención financiera, Borrallo se centro en el caso Banco Madrid. Recordó como el Banco de España intervino en el Consejo de Banco Madrid para identificar operaciones de blanqueo. Días después se concluye que la entidad es insolvente. A continuación se hizo solicitud directa de concurso; el Juez de lo Mercantil devolvió el caso al FROB para que señalase la viabilidad o no de la entidad y este solicita la liquidación concursal, declarándose el Concurso Voluntario de Acreedores el 25 de marzo. Pero ¿realmente Banco Madrid era insolvente? Según los datos de insolvencia no lo era, y su morosidad era de las más bajas del sector.

Así las cosas, ¿qué ocurre con los ahorradores? Para Borrallo “deben estar tranquilos”. Los titulares de cuentas corrientes y depósitos tendrán la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos con un límite de 100.000 euros y según sabemos hoy mismo han empezado a cobrar. El pago se realizará según el art. 9 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, a 20 días desde la declaración del concurso con una prórroga máxima de 10 días. Los clientes de más de 100.000 euros tendrán que personarse en el procedimiento concursal y cobrarán con la liquidación de la entidad.

En resumen la quiebra de Banco Madrid supone que es la primera entidad financiera española en concurso de acreedores, algo muy novedoso. La gran mayoría de los clientes estarán cubiertos por el FGD. Sólo unos 500 clientes y unos 300 trabajadores son los que se deberían personar en el procedimiento concursal.

La mesa redonda la cerró el periodista y director de elmundofinanciero.com, José Luis Barceló. Repasó otros casos de intervención como Gescartera, Forum y Afinsa y las cajas de ahorro; habló del desplome del valor del suelo y reflexionó sobre si debería revisarse el valor de los IBI… “Los medios de comunicación tenemos gran responsabilidad en la transmisión de las noticias”, aseveró. Barceló considera que no todos los casos son iguales, e incluso a veces se crea hasta indefensión del perjudicado: “Me preocupa que los medios no seamos capaces de distinguir unos casos de otros y metamos a todos en el mismo saco. En eso tenemos cierta responsabilidad los medios”. El periodista considera necesario que España recupere su posición en Europa y, para ello, “los medios debemos revisar nuestra política informativa y tratar de profundizar en la verdad de los temas y no quedarse solo en la foto. La transmisión de una información veraz es fundamental”.