El interés de España y el interés de los partidos

Por otra parte, la democracia presupone que todos los ciudadanos elegimos consciente y libremente aunque no seamos expertos en temas económicos, jurídicos, técnicos. Se atribuye al ciudadano una cualidad fundamental, el sentido común. En esa misma línea también los ciudadanos piden a los políticos sentido común, y que, en términos tradicionales del derecho, actúen con la diligencia de un buen padre de familia.

España se encuentra políticamente en una situación, hasta ahora desconocida en nuestra democracia, de carencia de gobierno desde el 20 de diciembre pasado. Desde hace seis meses sólo cuenta con un gobierno en funciones ya que los representantes políticos no llegaron a un acuerdo para investir a un nuevo Presidente del Gobierno. Los resultados de las elecciones del 26 de junio, no han ofrecido tampoco unas mayorías claras, ni de un lado ni de otro, que hubiesen podido llevar a un fácil acuerdo de investidura. No obstante, hay que reconocer que los ciudadanos han aumentado el número de diputados del PP, hecho disminuir los del PSOE y C’s y mantenido los de Podemos e IU. Es decir, parece claro que el ciudadano, sea por razones de preferencias programáticas sea por deseo de estabilidad u otras razones, ha inclinado la balanza del poder político hacia el PP.

Existe un rechazo bastante generalizado a la convocatoria de nuevas elecciones porque serían un claro ejemplo de incapacidad política y porque irían en contra del interés general de España. Nuestra economía se encuentra en un contexto de incertidumbre tras el resultado del referéndum británico favorable al Brexit, cuyos primeros efectos se han hecho sentir de forma en la gran caída de las Bolsas europeas.

Por otra parte, nuestra Deuda Pública, datos de 2015, ha superado ya en porcentaje al PIB (100,3%) sobre el PIB. Cierto que podemos decir que es peor la situación de Italia (134%), Portugal (130%) o Bélgica (105%) pero ¿por qué nos está dando un tirón de orejas Bruselas, porqué nos amenaza con una multa? Sencillamente porque la deuda aumenta cuando hay déficit público y en España estamos en el 5,08% sobre el PIB, mientras que en Italia y Bélgica su déficit se sitúa en el 2,60% y en Portugal en el 4,4%. El Gobierno había asumido el compromiso de situar nuestro déficit en el 4,2% y sin embargo llegamos al 5,08%.

La preocupación por la estabilidad económica es creciente. La propia CCOO ha anunciado movilizaciones contra la extracción de dinero que ha efectuado el gobierno de Rajoy del Fondo que se creó para garantizar el pago de las pensiones, tema que afecta a los 9.500.000 ciudadanos pensionistas. Por cierto, conviene no olvidar que dicho Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó durante el Gobierno de Aznar por la Ley 24/1997, de 15 de julio, y que fue también el gobierno de Aznar el que, en época de reducción del déficit público, realizó en el año 2000 la primera dotación de 601 millones de euros al citado Fondo.

La loable preocupación de CC.OO de garantizar el mantenimiento y crecimiento de ese Fondo de Reserva choca con la grave situación de déficit público. ¿De dónde aportar si tenemos déficit? Para que esas intenciones no sean mera demagogia hay que cuadrar las cuentas, máximo cuando es posible que sea necesario efectuar un incremento de gasto público en algunas partidas tales como el apoyo a los parados de larga duración, Garantía Juvenil para promover el empleo de nuestros jóvenes y determinadas gastos en obras y actuaciones públicas bien pensadas que tiren de la economía.

La situación económica no es halagüeña, el interés de España, requiere altura de miras de los partidos y un gobierno de concentración nacional, en el que se afronte lo básico, el empleo, el déficit público, la solidaridad regional y la lucha contra la corrupción y el que se dejen de lado cuestiones históricas de buenos y malos que el sentido común de la mayoría de ciudadanos consideran deben ser aparcadas.

Un gobierno de concentración, o al menos de coalición de los partidos constitucionalistas para cuatro años, sería el mejor mensaje para Europa. No me cabe la menor duda de que, un equipo de economistas pluripartidista, que no lleve como asesor a Varufakis, tendría una gran acogida en Bruselas y podría hacer que España entre en una nueva etapa que sería muy beneficiosa para todos, en especial para pensionistas y parados.

Sería muy conveniente que los partidos, inclusive Podemos, no descarten esa opción de concentración o de gran coalición que ofrecería gran estabilidad por cuatro años. La llave la tiene el PSOE, ya que sus 85 diputados junto con los 137 del PP ofrecen una mayoría absoluta de 222 escaños. No obstante, si el PSOE no quisiera, cabe una coalición en minoría del PP con C’s y la abstención del PSOE, con un enfoque constitucionalista, aunque sería menos sólida. Otra opción sería dejar que gobierne el PP en solitario mediante la abstención de otras fuerzas políticas pero la imagen de ese Gobierno sería mucho más débil e inestable. Baste con pensar en el inminente debate que se producirá en otoño sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En todo caso, la peor solución sería la de impedir una investidura y provocar nuevas elecciones. Si así ocurriera, el sentido común del pueblo haría pagar duramente a los partidos que no hubieran dejado claro que estuvieron dispuestos a poner los intereses de España por encima de los intereses de su propio partido.