En la convocatoria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura colombiano se inscribieron 247 aspirantes, después de una revisión minuciosa fueron preseleccionados por cumplir todos los requisitos 147 profesionales del derecho, que posteriormente fueron convocados a entrevistas. Luego de ese proceso se seleccionaron 120 aspirantes, organizados en 12 listas de candidatos elegibles, de 10 aspirantes cada una: 44 mujeres y 76 hombres, de los cuales 3 afrodescendientes. Listas que fueron enviadas a la Corte Suprema de Justicia para que procediera a la elección de los 12 magistrados.
El 20 de abril la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, realizó un nuevo proceso de entrevistas a los aspirantes. Entrevistas que aparecen publicadas en su página web. Dentro de los citados a la nueva entrevista aparecen los tres afrodescendientes, pero solo dos se presentaron, lo que indica que pasaron todos los filtros del riguroso proceso.
Hasta allí todo parecía un proceso de selección transparente. La sorpresa se presentó el 27 de abril cuando la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, publica en su página web, la lista de los diez magistrados elegidos para que integrarán la Sala en mención: siete hombres mestizos y tres mujeres.
Lo que llamo la atención fue que la Corte debió elegir 12 magistrados y solo eligió 10. Respeto los derechos de las mujeres, consagrados en la Ley 581 de 2000, que dice que el 30% de los cargos del máximo nivel decisorio serán ocupados por mujeres en las entidades de las tres ramas del poder público en todos sus niveles dentro de la estructura del Estado. Sin embargo, no acato los derechos de los afrodescendientes que hablan de la cuota que tienen derecho como minoría de conformidad con la discriminación positiva.
En Colombia se habla de un 15% en los cargos altos del Estado para los afrodescendientes, basado el principio constitucional de la discriminación positiva. En varios fallos la Corte Constitucional ha protegido las acciones afirmativas a favor de las minorías étnicas. En virtud de que, son contadas las mujeres y hombres de la etnia negra que han ocupado altos cargos en la historia del poder judicial colombiano. De hacerse una investigación sobre las estadísticas de la participación de los negros en las altas dignidades de los tribunales de justicia colombiana desde el nacimiento de la República, seguramente que la cifra será vergonzosa ante los ojos del mundo.
Este nuevo episodio en la Corte Suprema de Justicia colombiana, demuestra que en una sociedad como la colombiana desigual, clasista y excluyente, seguirá siendo difícil que un hombre o mujer negra llegue a las más altas dignidades del Estado. No es que los negros no tengan las capacidades académicas y éticas para ocupar altas dignidades en el Estado, sino que en la conciencia de la mayoría de la población colombiana que se cree ‘blanca’ y superior, continúan con los prejuicios que los negros son personas inferiores e incapaces.
Una “superioridad” sustentada en las falacias de la creencia de una “supremacía racial”, especialmente en las élites que gobiernan y controlan los centros de poderes continúa pensando que los negros son incompetentes de formar parte de las elites que gobiernan el país.
Lo que acaba de suceder con los aspirantes afrodescendientes en la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia colombiana es una muestra clara que por la discriminación se le siguen cerrando las oportunidades a las minorías étnicas.
En Colombia, al igual que en muchos países latinoamericanos todavía se sigue viviendo los rezagos de la herencia colonial con un endémico racismo y una enfermiza discriminación racial abierta y soterrada contra las minorías. Prejuicios que han impedido que miembros de las minorías tengan una mayor representatividad en las estructuras de los Estados. En Colombia por la arraigada discriminación racial, la población indígena y negra tienen los peores índices de calidad de vida en el país. Por esos ancestrales imaginarios son contados los negros que hacen parte de las altas dignidades del Estado y del sector privado.
Ni con las leyes, ni con una serie de sentencias judiciales se ha podido romper con las cadenas del racismo y la discriminación en el país. Ha sido tan endémicas las desigualdades, las exclusiones y la discriminación contra las minorías étnicas, que han sido por presiones de los organismos internacionales y por las luchas de las minorías que en las últimas décadas se han tenido que promulgar leyes para abrir espacios a las minorías como la ley de negritudes.
En Colombia ser negros es una limitante para acceder a las altas dignidades del Estado. Lo que acaba de suceder con la cuota afrodescendiente en la elección de los magistrados de descongestión debe generar un enérgico rechazo contra del racismo y la discriminación racial.
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