La Fundación Francisco Franco se querella contra la alcaldesa de Ciudad Real por retirar la estatua del Alférez Provisional

A juicio de la Fundación, "se ha cometido un delito contra el patrimonio tipificado en el artículo 323 del Código penal y un delito de prevaricación del artículo 404 del Código penal, al retirar la estatua de Marino Amaya al Alférez Provisional, sita en la Plaza de España, de manera arbitraria y sin seguir el más mínimo procedimiento administrativo".

"Los querellados han actuado para la retirada de dicho monumento sin previo acto administrativo alguno, prescindiendo de las garantías del procedimiento administrativo para llevar a cabo tal acción, como es fácil colegir a través de los hechos documentados existentes en el propio ayuntamiento", argumenta la Fundación.

Según indica la Fundación, la escultura retirada está inscrita como bien mueble en el Registro Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Ciudad Real como mueble de carácter histórico artístico o de considerable valor económico, señalando en su descripción que su autor es el escultor Amaya (Marino Amaya).

Además, la Fundación considera que "al ser la Estatua un elemento cultural registrado por el propio Ayuntamiento de Ciudad Real como Mueble de Carácter Histórico Artístico, no cumple ni siquiera con lo requerido por la mal llamada Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15.2 señala que “Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.

Por su parte, Salvador Amaya --hijo del escultor Marino Amaya (Astorga 1928-Villanueva de Algaidas, Málaga, 2014), el autor de la escultura de homenaje al Alférez Provisional que fue retirada el pasado jueves de la Plaza de España de Ciudad Real en aplicación de la Ley de Memoria Histórica-- pide que la obra de su padre sea tratada “con dignidad”. Salvador Amaya, también escultor, señala en declaraciones a Lanza que las administraciones deben “rendir cuentas a los ciudadanos de cómo se gestiona el patrimonio común”, en este caso “un bien cultural propiedad de todos los ciudarrealeños”.