El recurso presentado por la FNFF alcanza a la totalidad del callejero que el Ayuntamiento de Madrid pretendía modificar en su Acuerdo del 4 de mayo pasado. Las razones aportadas por la FNFF en su recurso son precisas, ajustadas a derecho y de respeto a la historia, como fuente de cultura, a saber:
1) La Ley de Memoria Histórica (LMH) no debe tener como misión, contrariamente a lo que algunos puedan entender, «borrar» todo lo que guarde relación con el período histórico del anterior Jefe del Estado, D. Francisco Franco, y, a tal fin, obligar al cambio del nombre de calles, estadios de fútbol, centros educativos, etc., de personajes públicos relevantes en la historia de la localidad o de España que hubieran mostrado afecto al régimen o, incluso, que no hubieran mostrado desafecto, desmontando monumentos y quitando placas de inauguración de hospitales y pantanos..., sino (i) «reconocer o ampliar unos derechos» y (ii) adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir la división entre los españoles.
2) La LMH no debería ser una ley que ampare borrar o modificar los hechos históricos, ni tampoco una ley que condene el pensamiento exteriorizado de ideologías diferentes, o a cualquier tipo de manifestación gráfica o monumental, pues en nuestro actual ordenamiento jurídico, como no podía ser de otro modo, no se tipifica como delito profesar las ideologías asociadas al concreto periodo histórico al que se refiere la LMH.
3) El recurso aporta un detallado estudio histórico suscrito por cinco doctores de Historia contemporánea, Filología hispánica, Geografía y Urbanismo, en el que se analiza que siendo alcalde D. Enrique Tierno Galván (1980), el Ayuntamiento procedió a renombrar todas aquellas calles de Madrid que cambiaron de denominación en la España de Franco, como por ejemplo la Gran Vía, y que las calles que pretende cambiar ahora Dª Manuela Carmena son calles creadas por la España de Franco, y que por lo tanto es razonable, por motivos históricos, que dichas calles recibieran, en tal proporción, nombres de personalidades de la España de la época. El cambio de callejero propuesto tiene por lo tanto por objeto borrar el recuerdo de una época de la historia de España, lo que es claramente contrario al espíritu de reconciliación y a la propia carta magna. Este cambio, con una interpretación torticera de la LMH -por mucho que así lo oculte el acuerdo impugnado-, responde a cuestiones fuertemente ideológicas (más próximas a la revancha y provocación para el enfrentamiento entre españoles), que son excluidas por la LMH.
4) El cambio de callejero propuesto supone un fortísimo impacto económico para los ciudadanos madrileños, superior a los 55 millones de euros, de los cuales 6 millones son coste directo a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que pretenden destinarse no a fines públicos y de interés general, sino privativos del sector ideológico que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, malversando fondos públicos. No estamos hablando del coste moral o afectivo, sino del coste real. Esta estimación económica se basa en un informe de un Agente de la Propiedad Inmobiliaria, minuciosa y detalladamente elaborado, en el que se hace un análisis del coste económico y social-moral atendiendo a la población y sector afectado, empresas, profesionales y Administración Pública, que es altamente preocupante, y mucho más en la situación de crisis económica, paro y pobreza de esta Ciudad de Madrid.
De momento, el equipo de Carmena ha cambiado la denominación de algunas calles de Madrid solo de manera virtual, algunas han sido borradas en la plataforma municipal de Internet y en programas como GoogleMap, pero las viejas inscripciones siguen en las calles, lo que está provocando numerosos daños y confusiones entre comerciantes y empresarios, así como en usuarios y ciudadanos, que ya no saben en la calle que viven y el nombre que deben aportar. La junta de gobierno recogió el borrador del nuevo callejero en mayo, después de que en abril el pleno lo aprobara con la única abstención del PP. El callejero debería haberse cambiado en junio.
Los nombres cuestionados en los recursos contencioso-administrativos son los de la calle de los Caídos de la División Azul, la de los Hermanos García Noblejas y la de Millán-Astray. En uno de esos documentos se cuestiona también todo el listado de nombres propuestos por el Comisionado de la Memoria Histórica, el organismo ad hoc que dirige la abogada socialista Francisca Sauquillo y que ha funcionado como un "comisariado político", más que técnico.
El Ayuntamiento es consciente de que la situación puede derivar en problemas para miles de afectados. A través de una nota oficial, el gobierno de Carmena ha recordado que mantiene su compromiso de informar a los residentes sobre los cambios. El Consistorio también creará una comisión que estudiará la concesión de ayudas económicas.
Desde mayo, el Ayuntamiento tramitó alrededor de un millar de recursos de reposición de carácter administrativo; es decir, ante el propio Consistorio. Todos esos recursos, no obstante, han sido rechazados por la propia Administración municipal: "En la inmensa mayoría de estos casos, se ha empleado el sistema de cambiar solamente el nombre del recurrente, pero utilizando las mismas argumentaciones, como si fuera una recogida de firmas", defiende el gobierno municipal.
El cambio del callejero es una medida contemplada por el equipo de Carmena para cumplir con la Ley de Memoria Histórica de 2007. Además de fijar 52 nuevas denominaciones —en sustitución de vías y plazas cuyos nombres se consideran vinculados a la época de la dictadura, como la plaza de Arriba España o la calle del Primero de Octubre—, el ejecutivo quiere colocar 15 placas en lugares considerados "emblemáticos" para la historia de la capital. Esas placas se pondrán, por ejemplo, en viejas cárceles o cementerios.
Entre los proyectos que el Consistorio está evaluando para avanzar en su política de la memoria se encuentran un memorial en el cementerio de La Almudena y unas 50 placas en recuerdo de víctimas ilustres del régimen de Franco. Los rótulos, que se parecerán a los rombos amarillos que ya están colocados en varias calles y que señalan hechos históricos de la ciudad, harán referencia a la vida de políticos, literatos y científicos represaliados, así como asesinados o fusilados por el Ejército Rojo o policía política de Madri durante la Guerra Civil en Madrid. Entre estos asesinados se encuentran muchos sacerdotes que fueron "aniquilados" simplemente por llevar sotana y que, según agunos recrusos, deben ser rememorados tamién según la Ley de Memoria Histórica.