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UN OSCURO CASO TRAS EL QUE SE OCULTAN ABUNDANTES ERRORES POLICIALES Y JUDICIALES

Peritos estadounidenses evidencian graves manipulaciones policiales en el ‘caso Kokorev’

Peritos estadounidenses evidencian graves manipulaciones policiales en el ‘caso Kokorev’
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· El informe de la UDYCO canaria hace referencias extensas al Informe del Senado de Estados Unidos para justificar la detención de los Kokorev

martes 29 de agosto de 2017, 10:48h
La defensa de la familia Kokorev ha remitido al juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas un informe pericial elaborado por un abogado, experto en Derecho Internacional y Mercantil, que deja al descubierto graves manipulaciones policiales en la investigación a los supuestos testaferros de Teodoro Obiang en España; y que despeja las dudas sobre la empresa de Vladimir Kokorev, Kalunga Company, acusada en falso de ser una ‘compañía fantasma’. El memorando, elaborado por Martin Auerbach, establece que la UDYCO ha falseado las conclusiones del Informe del Subcomité del Senado de Estados Unidos, que está en el origen de la persecución a la familia hispano-rusa cuando vivía a caballo entre Madrid y Canarias. Además, y en contra de la tesis sostenida por la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis Del Río, revela que las condenas que se llevaron a cabo en su momento contra el Banco Riggs por actuaciones irregulares en relación a sus clientes para nada tienen que ver con la operativa de la empresa de Vladimir Kokorev en esta entidad o con las transferencias acreditadas legalmente recibidas de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial.

El informe de la UDYCO canaria hace referencias extensas al Informe del Senado de Estados Unidos para justificar la detención de los Kokorev (a punto de cumplir 24 meses en la cárcel de Juan Grande). En este sentido, según la policía canaria el Senado concluyó que Kalunga había realizado actividades ilegales y que su dueño era Obiang. Ninguno de estos dos extremos, en ningún caso, aparece en el texto original, en inglés. No sólo eso. La UDYCO presentó sus conclusiones sobre el texto en 2015 cuando el juzgado no pidió la traducción hasta 2016. Auerbach pone en conocimiento de la jueza De Vega que:

“el Senado de Estados Unidos y los documentos públicos relativos a las sentencias condenatorias [contra el Riggs] no concluyen y no establecen que Kalunga Company o sus propietarios participaran en una actividad ilegal. A lo sumo, el informe del Senado de Estados Unidos y los hechos establecidos en relación con las sentencias condenatorias ponen de manifiesto que se realizaron transacciones sospechosas desde una cuenta bancaria de Riggs Bank de la que era titular el Gobierno de Guinea Ecuatorial a nombre de Kalunga Company. Sin embargo, el hecho de que se realizaran dichas transferencias no es fundamento suficiente para concluir en virtud de la legislación de Estados Unidos que Kalunga Company o sus propietarios realmente participaran en alguna actividad ilegal”

De manera pormenorizada, el memorando de Martín Auerbach desmonta el Informe sobre el procedimiento nº 737/09 del 18 de junio de 2015, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Canarias por “malinterpretar y presentar de manera engañosa el Informe del Senado de Estados Unidos”, que en absoluto confirma las sospechas de que el empresario Vladimir Kokorev blanqueara fondos malversados pertenecientes al Estado de la antigua colonia española y sobornos realizados a sus altos funcionarios.

El informe policial contra los Kokorev daba por sentado que Estados Unidos había concluido que “ciertas transacciones estaban relacionadas con las cuentas de Guinea Ecuatorial y su original criminal ilícito, sin duda, eran actividades corruptas (apropiación indebida) llevadas a cabo en dicho país”. Por el contrario, y según señala Auerbach:

“el Informe del Senado de Estados Unidos no concluía (y mucho menos incluía la construcción «sin duda») que las transacciones relacionadas con las cuentas del Gobierno de Guinea Ecuatorial estaban relacionadas con la corrupción (…) se limitaba a concluir que Riggs Bank «había hecho la vista gorda frente a las pruebas que ponían de manifiesto que la entidad estaba manejando dinero que procedía directamente de actividades corruptas en el extranjero, y que estaba permitiendo que se realizaran numerosas transacciones sospechosas sin informar a las autoridades encargas de hacer cumplir la ley». Es decir, el Informe del Senado de Estados Unidos reconocía que había indicios de que las transacciones desde las cuentas del Gobierno de Guinea Ecuatorial estaban vinculadas a actividades corruptas en el extranjero, y que las transacciones eran sospechosas, pero no determinaba si dichas transacciones procedían directamente de actividades corruptas”

Pero ahí no se detiene la manipulación de la UDYCO. En su informe contra la familia hispano-rusa afirma que, según el informe del Senado de Estados Unidos, “Kalunga Company no tenía ninguna actividad, ni de tipo comercial ni de ningún otro tipo”. Sin embargo, el informe del Senado no hace esa aseveración en ningún momento. Establece “que Riggs Bank desconocía Kalunga, en el sentido de que no había realizado las diligencias debidas por lo que respecta a la sociedad o a sus cuentas, pero que tampoco había comprobado las actividades en las que participaba Kalunga ni la naturaleza de dichas actividades”.

Por último, la UDYCO concluye que el Informe del Senado de Estados Unidos identifica a Kalunga como “propiedad total o parcial del presidente de Guinea Ecuatorial”. Vuelve a ser falso. Estados Unidos no llega a determinar la titularidad de Kalunga, pero sí tiene motivos suficientes “para creer que una de las dos sociedades, (Apexside Trading o Kalunga Company) podría ser propiedad total o parcial del presidente Obiang”.

El ‘memorando Auerbach’, desde hace pocos días en los juzgados de Las Palmas, concluye por otra parte que “no se ha identificado ningún documento judicial ni ningún otro documento público” relacionado con acusaciones o sentencias condenatorias del Banco Riggs o alguno de sus directivos “que nombre o que parezca estar relacionado con Kalunga o algún otro miembro de la familia Kokorev”.

Vladimir, su esposa Julia y su hijo Igor han sido incapaces de reunir la fianza conjunta de 6 millones de euros impuesta por la Audiencia Provincial de Las Palmas para alcanzar la libertad después de casi 24 meses de cárcel preventiva, un tercio del máximo que cumplirían en caso de ser condenados finalmente por blanqueo de capitales.

En este sentido, las defensas han puesto de manifiesto que dado el horizonte punitivo eventual, hipotético y, en todo caso más alto, el riesgo de fuga al que apela la magistrada De Vega Serrano es infundado, está insuficientemente motivado y es “mínimo e insuficiente para sacrificar derechos fundamentales de toda persona como el derecho a la libertad, a la dignidad y a no sufrir tratos inhumanos ni degradantes”.

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