La situación real en Cataluña ha sufrido un vuelco espectacular. La oligarquía que gobernó Cataluña durante casi cuatro décadas ha sido borrada de la faz de la tierra catalana. Grupos políticos que controlaron la realidad catalana (Convergencia, Unió, el propio PSC) han desaparecido y el grupo bolchevique de la CUP es hoy el dueño de las calles y el factor indispensable para hacer cuajar la independencia. Es un soviet sin soldados, ni obreros, ni campesinos, pero con toda una chusma urbana de sans-culottes sin lavar que ha nacido y se ha criado al calor del adoctrinamiento trotsko-maoísta del sistema educativo catalán, en particular, y español, en general, entregado desde 1977 a separatistas, gramscianos y anarquistas, que no han dejado ni un momento de inocular veneno político y sectario en escuelas, institutos y universidades.
Y frente a toda la catástrofe que se nos avecina, surge Mariano Rajoy en funciones de don Tancredo o bombero torero, acompañado de la Banda del Empastre judicial. Frente a una revolución en marcha, don Tancredo Rajoy exhibe cuatro recursos de varas. Pero el art. 155, ni mentarlo. Es como una bicha jurídico-política que no quieren ni nombrar. Toda la oligarquía política de la II Restauración está de acuerdo en desaconsejar la aplicación del polvoriento art. 155 de nuestra decaída y viejuna Constitución de 1978.
Bien es cierto que si leemos el artículo de marras, podremos comprobar que para que sea aprobada la intervención administrativa del Estado, tienen que cumplirse toda una serie de trámites (como, por ejemplo, el debate en el Senado, siempre que se tenga mayoría absoluta) que llevarían semanas o meses. Y, además, requerir al President de la Generalitat para que deponga su actitud sediciosa y vuelva al redil. Vamos, como cuando el dueño de una finca manda requerimientos judiciales a los squatters para que desalojen y éstos no paran de reírse en sus narices y se pasan la ley por el arco del triunfo.
Estamos en un momento crucial para la Patria, en el que ya no valen ni negociaciones ni componendas. Es hora de que el Estado haga exhibición del monopolio legítimo de la fuerza (Gewaltmonopol des Staates), como nos enseñara Max Weber, para reconducir el grave problema planteado. Al separatismo catalán no se le puede aplicar solamente una intervención administrativa, la emisión de cuatro informes o la resolución de cinco recursos, que lo único a lo que conduciría es al aplazamiento del problema por unos años. Hay que efectuar, en la mejor tradición regeneracionista, una purga radical acompañada de un severo castigo.
Si Cataluña se va, todos querrán irse. Navarros, vascongados, gallegos, valencianos…, en la mejor tradición del “café para todos” de aquel ministro sevillano de infausto recuerdo, se podrían sumar a la catástrofe. Permitir la independencia catalana sería abrir la “caja de Pandora” del cantonalismo tribal, pues como dijera mi paisano Marcelino Menéndez y Pelayo “el día en que acabe de perderse (la unidad y la grandeza), España volverá al cantonalismo de los Arévacos y de los Vectones o de los reyes de Taifas”.