Garantizar el imperio de la ley es esencial para la democracia. Nuestra Constitución en el segundo párrafo de su preámbulo deja claro, sin ambigüedad alguna, que pretende “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” Si no se respeta la ley que ha surgido de la voluntad popular (Constitución, Estatutos y marco legal) no hay democracia ya que ésta, en su esencia, consiste en el respeto a la voluntad popular. Por consiguiente para lograr el gran objetivo que nuestra Constitución señala en el primer párrafo de su preámbulo “Garantizar la convivencia democrática” es necesario el pleno respeto al imperio de la ley. ¿Qué pasa en España en estos momentos? Simplemente que las autoridades actuales de Cataluña, están realizando acciones ilegales para separarla de España. Contraponen la prioridad de un supuesto dialogo al respeto a la ley, sin embargo les parecería mal que España anteponga nuestro dialogo al “respeto” a las “leyes” ilegales que ha aprobado el Parlament catalán.
En estos momentos hay claras evidencias de que se han cometido delitos de desobediencia ya dichas autoridades catalanas se han negado “abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior” (Tribunal Constitucional, TSJC, y otros tribunales); el delito de prevaricación porque han dictado “a sabiendas de su injusticia, resoluciones arbitrarias” (por ejemplo para organizar y realizar un referéndum ilegal) y de malversación porque han causado perjuicio al patrimonio público, (por ejemplo, incurriendo en gastos para acciones ilegales, como ha sido el referéndum del 1.O). Asimismo, el delito de sedición, delito contra el orden público, por haberse “alzado pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”
La Constitución asigna al Gobierno, la dirección de “la política interior y exterior, la defensa del Estado” y el ejercicio de “la función ejecutiva”. Tiene la responsabilidad inmediata de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el marco jurídico legal. A la Justicia le corresponde administrar justicia, es decir, dar a cada uno lo suyo en el marco de la ley, lo cual con carácter general exige que se la requiera para dictaminar ante los conflictos así como para sancionar con penas a los delincuentes.
¿Quién está adoptando las actuaciones más claras en el conflicto con los independentistas? ¿La Justicia o el Gobierno? La Justicia gana por goleada. El TSJ de Cataluña informaba el 1 de octubre que seis Juzgados habían abierto diligencias previas en relación con la convocatoria de ese día ante denuncias de particulares. Actualmente, también el propio TSJC ha abierto diligencias a instancia del partido VOX por delito de rebelión y la Fiscalia de la Audiencia Nacional ha presentado denuncias por delitos de sedición.
La Fiscalía que tiene como misión “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público” ha tenido un importante papel para instar a la persecución de posibles delitos ligados con la actuación de los independentistas. Pero ¿dónde está que no se ve la acción del Gobierno? Cierto es que el Fiscal General es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, pero no se ha oído ni insinuado que el propio Gobierno sea el que haya instado directamente la actuación de la Fiscalía. Por el contrario, la sensación que muchos ciudadanos tienen es que parece que el Gobierno espera que otras instituciones y el propio Poder Judicial se lo arreglen todo sin que él tenga que involucrarse.
Sin embargo, el Gobierno es el Ejecutivo y su pasividad resulta preocupante. “No habrá referéndum el 1.O” dijo pero en la práctica, sin garantías e incompleto, lo hubo, como lo demuestra el número de colegios electorales abiertos. Después ha dado a Puigdemont el increíble plazo de cinco días, hasta el 16 de octubre a las 10.00, para que respondiera Sí o No pero a continuación ha incumplido los términos literales de su propio escrito y ha prolongado el plazo, tres días más, hasta el 19 de octubre. ¿Qué imagen de autoridad es esa ante una declaración de independencia firmada por autoridades tales como los 72 parlamentarios, incluido el propio Presidente Puigdemont? La actitud del Gobierno recuerda esas advertencias a los niños: A la de tres. A la de una, a la de dos, a la de dos y media, a la de dos y treinta y cinco, a la de dos y cuarenta, etc, etc.
Probablemente el Gobierno pretenda que los ciudadanos valoren su pasividad como una estrategia que va llevar a las autoridades independentistas a ahorcarse con su propia soga y así solucionar el problema sin conflictos. Pero eso es esperar un milagro. Demuestra una falta de visión tremenda de lo que es el objetivo independentista y su meta explícita: los Paisos Catalans, y allá se queden España, los españoles y todos los catalanes no independentistas. Por otra parte corremos el riesgo de que la Justicia, encarnada en personas Jueces y Magistrados, se sienta desamparada por el Gobierno y empiece a sopesar la conveniencia de tomarse con más calma la persecución de los delitos en aras del tan elogiado dialogo.
Por ello, no estaría de más que el Gobierno del PP se comprometiera en mayor medida con España y con la Constitución.
¡Viva Cataluña y Visca Espanya!
Si (
No(
