José Manuel Maza, interpelado desde la Unión Europea por el ‘caso Kokorev’

La carta, a la que ha accedido "El Mundo Financiero", valora positivamente la reciente puesta en libertad de la esposa de Vladimir, Julia, y de su hijo Igor, ambos recluidos en la prisión de Juan Grande durante 24 meses. En términos muy duros, denuncia la decisión de la Juez Ana Isabel de Vega de no decretar la libertad a pesar de que la propia Audiencia Provincial de Las Palmas ha señalado que “no hay un horizonte a la vista para el juicio” y de que, en todo caso, no habrá juicio de ninguna manera en los dos próximos años. Así, los eurodiputados se preguntan: “¿cuál es el propósito del encarcelamiento si no es el de producir daño y sufrimiento adicional?”.

En planteamientos igualmente directos, denuncian que “tan flagrante desprecio de la presunción de inocencia de un ciudadano europeo es una afrenta a los valores de la Unión Europea, y es increíble que se puedan estar llevando a cabo en un Estado miembro”. En este sentido, reprochan a la magistrada De Vega su insistencia en que Vladimir Kokorev comparezca en los tribunales y no a través de videoconferencia, y ello aun a pesar del daño físico y psicológico que le produce a cualquier anciano, más a un enfermo crónico, el traslado en furgón policial.

Por último, en la misiva enviada a José Manuel Maza se subraya desde el Parlamento Europeo que se seguirá con la monitorización del ‘caso Kokorev’ y que se hará escrutinio del mismo por parte de las más relevantes autoridades de la Unión Europea. Como colofón, Fulvio Martusciello, Bárbara Matera, Aldo Patriciello y Heinz Becker muestran su preocupación por el hecho de que “bajo el objetivo de una investigación, se están ignorando los principios más básicos que deben gobernar cualquier Estado de derecho, como el derecho a un juicio rápido (…) no es aceptable que en Europa se arrastre una investigación durante una década, y se sitúe a ciudadanos europeos entre rejas bajo el pretexto de que la instrucción es compleja, mientras hay en marcha un proceso prospectivo que se traduce en violaciones horribles de derechos humanos”.

Polémica prohibición de aportar inmuebles para cubrir la fianza

El nuevo impulso de las instituciones europeas para fiscalizar la polémica actuación de la Justicia Canaria llega en el momento en que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha prohibido la puesta en libertad de Vladimir Kokorev, a pesar de haber aportado bienes inmuebles para cubrir los 600.000 euros que se le impuso de fianza.

La Sala, compuesta por Miguel Ángel Parramón, Inocencia Eugenia Cabello y Carla Vallejo rechaza “que los bienes designados sean idóneos para la constitución de la fianza, toda vez que los mismos se encuentran a disposición de la presente causa” y, por consiguiente, bajo investigación.

Se da la paradoja de que, según señalan los abogados de la familia hispano-rusa, “aun aceptando a efectos dialécticos que algunos bienes ofrecidos pudieran ser ‘efectos del delito’, es imposible que la vivienda sita en Paseo de las Canteras (…) de Las Palmas, lo sea, por cuanto ésta se adquirió en el año 1996, años antes de los hechos bajo investigación”.

Las defensas de los Kokorev recuerdan que la propia Audiencia Provincial, al fijar la fianza de 600.000 euros, lo hizo acordando una cantidad que, “sin ser simbólica, sí permitiese su pago”; y concluyen que nos damos de lleno en la circunstancia de que “la prisión se está convirtiendo en el cumplimiento anticipado de la pena, proscrito por el Tribunal Constitucional”.

Entretanto, y ya bajo la lupa de Europa por violación grave de derechos humanos, la jueza Ana Isabel de Vega sigue sin cumplir la orden de la AP de facilitar a las defensas de los Kokorev la copia de los volcados de los soportes informáticos del material que fue incautado a la familia hace más de dos años.