La Audiencia Nacional ha concedido la petición de extradición de China de 121 taiwaneses acusados de pertenecer a un grupos delictivo que defraudaba a clientes. La extradición ha sido considerada como una gran equivocación humana y diplomática, y promete por terminar convirtiéndose en un "asunto de Estado" en las relaciones entre China, España y Taiwan que pone en tela de juicio la verdadera situación jurídica que viven los ciudadanos taiwaneses en el contexto global. Hace un año, Interpol informó a España de la estafa, y las autoridades españolas y chinas cooperaron en un operativo en el cual capturaron a un total de 259 personas. Primero, los criminales contactaban vía telefónica a personas en China y se hacían pasar por amigos o familia, para advertirles de unos fraudes. En llamadas posteriores, se hacían pasar por la policía que investigaba dichos timos y convencían a muchas víctimas a depositar dinero en cuentas bancarias operadas por ellos. La Audiencia Nacional dictaminó que no había impedimento para la extradición. España tiene un tratado de extradición con China y no hay relaciones diplomáticas con Taipéi. Parte de los argumentos legales sobre el proceso de extradición en Madrid se centraron en disputas diplomáticas sobre Taiwán. China clama desde hace años la soberanía sobre la isla autónoma y democrática, que se separó de China continental durante una guerra civil en 1949. Los abogados de los sospechosos estaban en contra de la extradición ya que, argumentaban, la nacionalidad taiwanesa significa que no pueden ser enviados a China. La corte rechazó esos argumentos al señalar que la ley internacional ha aceptado cada vez más el principio “una sola China”, que asevera que Taiwán pertenece a China, lo que no es ni técnica ni jurídicamente cierto. Los ciudadanos taiwaneses seran puestos a disposición de la justicia de China en una situación sin precedentes que ha sido calificada en medios diplomáticos y jurídicos como "un profundo error de ESpaña que sentará precedentes gavísimos".
El Ministerio taiwanés de Relaciones Exteriores ya ha pedido al Gobierno de España que no extradite a China, sino a Taiwán, a los taiwaneses detenidos en territorio español y acusados de fraude telefónico a chinos. El Gobierno español debe observar en este caso "los principios de nacionalidad, proporcionalidad y humanidad que dictan que los sospechosos deben ser enviados a Taiwán" y no a China, dijo el portavoz de la diplomacia taiwanesa, Andrew Lee. La petición taiwanesa responde a que, el viernes, la Audiencia Nacional concedió la extradición a China de 121 ciudadanos chinos y taiwaneses de los 269 detenidos en 2016 en una trama de estafa telefónica a chinos, en virtud de un acuerdo bilateral de asistencia judicial.
Organizaciones de derechos humanos en Taiwán señalaron hoy que en China el sistema judicial no es transparente, no garantiza suficientemente los derechos de los acusados e impone penas desproporcionadas. La diplomacia taiwanesa señaló además que los taiwaneses detenidos no son residentes en China sino en Taiwán y que China no tiene jurisdicción judicial sobre Taiwán, por lo que no es apropiado su envío a territorio chino.
Publicamos a continuación el documento que expresa la postura oficial del Gobierno de Taiwán:
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La Audiencia Nacional de España ha dictado recientemente varias sentencias por la que concede la extradición de ciudadanos de la República de China (Taiwán) a la República Popular de China, acusados de un presunto delito de estafa cometido en territorio español. Partiendo de la base de que Taiwán y España honran la democracia, el imperio de la ley y otros valores de derechos humanos, Taiwán respeta la sentencia dictada por el poder judicial español, pero considera necesario aclarar que:
1.- El auto de la Audiencia Nacional se basa en el hecho de que la mayoría de los países en el derecho internacional tienden a aceptar el principio de "una sola China" y que Taiwán forma parte de China, así como en que la comunidad internacional en general no reconoce que Taiwán sea un país ni que tenga la capacidad de ejercer la extradición.
2.- Sin embargo, de acuerdo con su propia Constitución, Taiwán es un Estado constitucional democrático con “capacidad de establecer relaciones con los demás Estados" en asuntos internacionales relevantes. Además, Taiwán cumple con los requisitos para el establecimiento de un Estado de derecho internacional, posee jurisdicción independiente y tiene capacidad para ejercer su poder en el ámbito de la extradición.
3.- Prueba del funcionamiento del sistema judicial de Taiwán de forma independiente es que España ha solicitado en dos ocasiones a Taiwán comisión rogatoria en conformidad con el principio de igualdad y beneficios mutuos entre ambos. Por tanto, la Audiencia Nacional de España no puede negar la existencia de Taiwán como país. Es un hecho claro e incuestionable que Taiwán y China tienen sus propias jurisdicciones, y que China nunca ha gobernado a Taiwán desde su fundación.
4.- Varias cortes internacionales han constatado el reconocimiento internacional de Taiwán, su posición como Estado-nación y su jurisdicción propia. Así lo han hecho en diferentes ocasiones tribunales de Suiza, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, reconociendo que Taiwán cumple con los elementos propios del derecho internacional para ser considerado como un Estado, y que posee jurisdicción completa e independiente.
5.- La Unión Europea y Taiwán mantienen sólidas relaciones económicas y comerciales, y Taiwán es el cuarto socio comercial más importante de la UE en Asia. Por su parte, la UE es el cuarto socio más importante en comercio exterior y la mayor fuente de capital extranjero para Taiwán. Ambos mantienen intercambios en campos como la investigación tecnológica, la información social, la educación, la cultura, la pesca, el medio ambiente, el cambio climático y los derechos de propiedad intelectual. Además, Taiwán y España comparten valores en derechos humanos tales como la democracia y el estado de derecho, y Taiwán respeta la independencia del poder judicial y los juicios individuales en España.
6.- El informe sobre derechos humanos en China elaborado por Amnistía Internacional constata que China infringe la libertad y los derechos humanos judiciales. Los ciudadanos de Taiwán han sido detenidos durante largos períodos de tiempo en China (hasta 18 meses), y China no les ha permitido visitas de familiares. De acuerdo con el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, la detención prolongada de ciudadanos de Taiwán en China aumenta el riesgo de que se produzcan abusos y torturas. Este Comité también presta atención a los casos en los que la policía de China utiliza sus conexiones especiales para ampliar las detenciones, sobrepasando los plazos legales. Según sus datos, la mayoría de estas torturas y maltratos ocurren durante la detención, es decir, antes del juicio. Además, la policía de China posee demasiado poder en las investigaciones criminales y no puede ser controlada por la fiscalía y los órganos judiciales.
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