Como tampoco lo era el que el bar de copas más caro de la ciudad estuviera rodeado de coches blancos de la ONU y de la UE. O que convenciones del PNUD se celebrasen en un hotel cuyo dueño era un conocido coronel, presuntamente involucrado en violaciones de derechos humanos y, como casi todos los violadores de la guerra, posteriormente metido en el narcotráfico. Que el director de una ONG se alojara siempre en hoteles de lujo tampoco reflejaba desajustes contables en los proyectos pero, analizados con el paso del tiempo, pueden poner en duda la ‘ilegalidad moral y ética’ de estas escenas más que frecuentes.
Todos estos hechos menores en comparación con lo que hoy parece nuevo lo cuento para constatar que la falta de ética es cosa de la humanidad, que afecta a todos los sectores, también al de la cooperación y hasta al de los derechos humanos. Presencié como dos activistas de organizaciones diferentes se contaban cómo pasar marihuana a través de postales. Y hasta vi fumar porros en más de una ocasión en una aldea de retornados (exrefugiados) estando prohibidos, y arriesgando no a que se difamara a los cooperantes sino a toda la aldea de retornados «proguerrilleros», según la propaganda gubernamental.
Y aunque en las últimas semanas estamos contemplando apabullados los casos de abuso sexual entre personal de organizaciones humanitarias y de Naciones Unidas —en su mayoría personal local, todo hay que decirlo—, lo peor es que no es nada nuevo.
Save the Children señalaba en 2008 que “las acusaciones de abuso sexual por parte de fuerzas de paz y de trabajadores humanitarios en todo el mundo han aumentado en los últimos años. La ONU investigaba denuncias contra sus soldados en zonas como Haití, Liberia, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo”.
En otro estudio de 1996 —¡hace más de 20 años!— se aseguraba que en Mozambique, Angola, Somalia, Camboya, Bosnia y Croacia, “la llegada de soldados del mantenimiento de la paz ha estado vinculada a un rápido aumento de la prostitución infantil” —imprescindible ver la película ‘La verdad oculta’ sobre las redes de prostitución en Bosnia al servicio de ‘cascos azules’—. En la mayor parte de las veces a lo máximo que se llegaba era a repatriar a los ‘cascos azules’ o a expulsar a los cooperantes de la ONG silenciando el motivo.
Otro escenario. Camboya. Con la llegada de un numeroso grupo de empleados de las Naciones Unidas, en Phnom Penh pasaron de 6.000 prostitutas en 1991 a 20.000 en 1993. Si a ello le añadimos que según Unicef en ese país el 35% de los trabajadores del sexo son niñas entre 12 y 17 años, podemos calcular que había unas 7.000 prostitutas menores, muchas de ellas saciando a trabajadores de la ONU.
Ahora Haití. Cooperantes de Oxfam pagando con fondos de la ONG orgías a lo Calígula. Y no es un caso aislado. La ONG británica Plan International ha reconocido seis casos de abusos sexuales a menores y explotación infantil; Cruz Roja ha revelado que 21 empleados fueron despedidos desde 2005 por haber pagado a cambio de servicios sexuales; Médicos sin Fronteras cuenta con 24 casos de distinto nivel de abusos sexuales en 2017; Save the Children 31 también el año pasado…
No se trata de desprestigiar a las ONGs. Que organizaciones con miles de trabajadores tengan unas decenas de hechos reprobables no puede oscurecer su contribución social. Se trata más bien de exigirles más labor preventiva y su total colaboración con la Justicia. Que se tapen los casos, que los culpables queden inmunes, para no mancillar el renombre de la ONG, hace responsable a toda la organización de unos casos que son claramente aislados.
(*) Gonzalo Sichar ha sido cooperante y observador de derechos humanos en varios países iberoamericanos. Ahora es Portavoz de Ciudadanos en Diputación Provincial de Málaga
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