“Es una clara declaración de la Juez Instructora de que, si puede, continuará la investigación indefenidamente hasta que encuentre un delito antecedente o se acabe el tiempo”. Es la declaración del abogado de Vladimir Kokorev, Scott Crosby, que dirige la causa que se entablará contra la justicia española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por considerar que se han conculcado y se siguen conculcando derechos primarios en la persecución penal al considerado ‘hombre de paja’ de Teodoro Obiang en España. Las declaraciones llegan en un momento en el que la jueza Ana Isabel de Vega, titular del Instrucción nº5 de Canarias, ha decidido seguir adelante para determinar la ilicitud en la obtención de unos veinte millones de euros por parte del empresario hispano-ruso, hoy jubilado y enfermo del corazón, que hace más de año y medio ya presentara un conjunto de facturas, contratos y transferencias bancarias para acreditar esos ingresos y movimientos económicos.
La incapacidad para concretar una acusación formal tras más de una década de instrucción confirma, según Crosby, que “la familia Kokorev fue detenida sin que existiera un delito antecedente y, por tanto, en ausencia de hechos constitutivos de un blanqueo de capitales, lo cual a su vez confirma que, vulnerando el artículo 5.1 (c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no se les detuvo para ponerles a disposición de la autoridad competente, sino para buscar pruebas contra ellos”.
La jueza admite que las pesquisas “lamentablemente se vienen prolongando en el tiempo, dada la complejidad de los hechos investigados”, y argumenta que necesita conocer el resultado de varias comisiones rogatorias que fueron libradas hace meses, incluso con Vladimir y su esposa Julia en prisión preventiva, en la isla de Gran Canaria, que hoy como medida cautelar les está prohibido abandonar.
La magistrada añade que “está pendiente de practicarse como diligencia la declaración del testigo, Ismael Gerli, cuya práctica está resultando bastante difícil, a tenor del país de su residencia, Panamá, y la imposibilidad de que el mismo pueda salir del territorio de su residencia, por la prohibición al mismo impuesta, al parecer por la existencia de procedimientos judiciales instados por los aquí investigados contra el mismo”.
La aportación por Gerli -ex abogado de la familia- de un USB que se atribuye al hijo de Vladimir Kokorev era la prueba de cargo fundamental para demostrar el lavado de dinero a través de diversas operaciones presuntamente ilícitas; un dispositivo informático que a través de una pericia independiente entregada hace más de medio año se ha revelado manipulado en lo que significa la “creación, destrucción y alteración de los archivos y documentos originales”, quedando rota su cadena de custodia.
Los precedentes recientes en la lucha judicial contra la ‘mafia rusa’
La experiencia reciente demuestra las dificultades para concretar las acusaciones en tramas que se presentan judicial y policialmente en la fase de instrucción como claramente de blanqueo de capitales. Este pasado octubre se sentenciaba la llamada ‘Operación Troika’, la mayor investigación contra el lavado de dinero de la mafia rusa, que naufragó estrepitosamente en los tribunales una década después de estallar en Baleares y la Costa del Sol.
La Audiencia Nacional ha absuelto a los 17 acusados al considerar que no pudó acreditarse que los procesados prestaran su ayuda o asistencia profesional a las actividades de diversas organizaciones criminales rusas; ello a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas de hasta cinco años de prisión por delitos de asociación ilícita y blanqueo.
En la sentencia, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia reconoce que las operaciones mercantiles y societarias en las que invirtieron los acusados eran “muy raras, antieconómicas o poco convencionales” y que parte de los fondos que emplearon procedía de paraísos fiscales. Sin embargo, estas circunstancias “son insuficientes para determinar el origen ilícito del dinero (…) si no se prueba la procedencia de una actividad delictiva de los bienes adquiridos, convertidos, transmitidos, ocultados o encubiertos, no hay delito de blanqueo de capitales”, explica la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Rubio.
El fallo añade que los acusados “desarrollaron tanto en España como en el extranjero actividades empresariales, crearon sociedades mercantiles y recibieron capitales procedentes de cuentas bancarias abiertas en distintos países que invirtieron en España”, sin que esta “dirección y control efectivo de una serie de sociedades inmobiliarias y de inversiones” significase el desarrollo de acciones criminales. Tampoco se ve probado que los acusados estuvieran “ocultando o encubriendo el origen ilícito de bien alguno, o ayudando a la persona que hubiere participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”, destaca el tribunal.
En el llamado ‘caso Kokorev’, las actividades bajo sospecha fueron llevadas a cabo como hombre de negocios por Vladimir Kokorev, a pesar de que su esposa Julia, que no tuvo participación en las mismas, ha pasado dos años preventivamente por la prisión de Juan Grande y la juez Ana Isabel de Vega, aún hoy, la mantiene dentro de la investigación.
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