¿Existe el derecho, la ley o la justicia? Parece que en España solamente existe un jacobinismo judicial que aflora, más o menos explícito, cuando se tocan temas sensibles para el gobierno de turno, especialmente si este es rabiosamente izquierdista. Existe sólo el mundo de la razón de Estado en el que los gobernantes son siempre buenos y los que se oponen son siempre sospechosos por definición. Existe sólo la opinión pública que manipulada por los medios de comunicación afectos al gobierno la convierten en opinión publicada. Es como si existieran jueces que desean ser héroes populares y a un paso del divismo, que tienden a encarcelar preventivamente para que las confesiones no se puedan escapar de su control. Parece que las modernas democracias se van habituando al alarmante crecimiento de la influencia de los tribunales sobre el poder legislativo. Es como si el poder se transfiriera del Parlamento a la Magistratura que es un organismo no representativo, es decir, no elegido por los ciudadanos.
El metapoder judicial tiene su origen en la “demencia demiurgica” de los legisladores, los cuales tienden a disciplinar normativamente cada comportamiento de la vida cotidiana. Cada ínfima infracción corre el riesgo de ser perseguida en los Tribunales y convierte al juez en soberano de la economía, de la política, de las costumbres, de los valores personales y, en definitiva, de los ciudadanos. La sociedad “criminalizada” tendrá como éxito la autofagia: se abalanzará sobre los órganos que la han creado y controlado (gobernantes, burócratas, empresarios…)
La eliminación de los adversarios políticos por la vía judicial no es una práctica exclusiva de los regímenes totalitarios, sino que este “oximorón” indecente también se practica en los actuales Estados de Derecho. En el caso español, desde los antañones tiempos del felipismo, se ha venido distorsionando la primacía del Parlamento y la independencia judicial hasta llegar a los momentos hodiernos en que la parcialidad de determinados jueces y la politización de la justicia han hecho que nos encontremos ante una caricatura carnavalesca del poder judicial.
Los comportamientos de algunas instancias judiciales hacen que nos preguntemos: ¿qué figura judicial prima hoy en España, el juez o el inquisidor? La pareja soberano-inquisidor es el blanco contra el que se dirige, de manera creciente, el pensamiento liberal, aunque reconozca, por principio, que la función del juez stricto sensu es necesaria para atender las necesidades de justicia de los ciudadanos y no la de los poderes ocultos que se proclaman representantes de los intereses generales.
El vínculo muchas veces peligroso y explosivo entre el poder judicial y la prensa hace que en determinados momentos no sepamos si estamos ante un auténtico circo mediático-judicial. Los personajes de la comedia son variados: el magistrado-sheriff, víctima de un auténtico delirio narcisístico; el magistrado-pedagogo, cuya misión es educar a las masas; y los periodistas-jacobinotogados, que lanzan sentencias como dardos contra cualquiera. Los procesos mediáticos devienen objeto de falsas noticias, en los que la mitad de las crónicas que parecían referirse a la realidad simplemente eran un desmentido oficial de la otra mitad.
El travestismo mediático-judicial es sumamente peligroso para la democracia liberal, pues cuando un periodista se disfraza de juez o un juez de periodista, aparte del trastrueque, la base de nuestra libertad se halla no ya resquebrajada o puesta en solfa sino literalmente destruida. Como decía nuestro gran polígrafo catalán, don Eugenio d´ Ors: “Los experimentos, con gaseosa, joven”.
Si (
No(
