El documental sobre Vladimir Kokorev, el ‘amigo’ de Teodoro Obiang en España acusado de blanqueo de veinte millones de euros, que dirige el director de cine estadounidense Seamus McNally, abrirá el foco para analizar esta investigación dilatada durante quince años en el marco de otros escándalos y casos polémicos que han puesto a la justicia de las Islas Canarias en la picota en los últimos años, según ha sabido El Mundo Financiero. El reportaje, cuyo traíler ya ha sido emitido y que previsiblmente se estrenará antes del verano, recoge los testimonios más cercanos de quienes han conocido en Las Palmas al empresario hispano-ruso ya jubilado, enfermo del corazón y tratado continuamente en cardiología de diversos hospitales. Pero además, según ha sabido EMF, a los testimonios más humanos sobre el calvario de Vladimir Kokorev y su esposa durante más de dos años en prisión preventiva o los técnicos de peritos que analizan la presunta manipulación de la prueba informática de la instrucción, se añaden otras voces de la Justicia canaria.
Sería el ejemplo de Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que en fechas recientes ha reconocido de forma expresa y en medios de comunicación el daño que se ocasiona a los investigados en procesos tan dilatados. También sería el de un magistrado polémico, Salvador Alba, que en su momento grabó una conversación privada (por la que fue denunciado) en la que se señala por parte de otro ‘juez canario’, Carlos Vielba, que los “jóvenes rusos” son “mafiosos”, dándose la circunstancia de que el propio Vielba puso en libertad a Kokorev tras 26 meses en la prisión de Juan Grande por creer que se había minimizado el riesgo de fuga y apelando a que el juicio no se habría celebrado transcurrida la prórroga de prisión.
El reportaje incide igualmente en las contradicciones de una investigación paralizada hoy por el proceso de libranza de comisiones rogatorias, cuando hace una década la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España no detectó que el dinero de Kokorev, procedente de una cuenta de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial, obedeciese a algún tipo de lavado de dinero. La juez Ana Isabel de Vega y el fiscal del caso, Luis del Río, manejan de hecho numerosos contratos, facturas y transferencias que acreditan el origen del montante económico en los trabajos del empresario hispano-ruso en Malabo tanto importando y reparando barcos como aportando bienes de equipo a la antigua colonia española.
Última polémica tras el nombramiento como Fiscal Jefe de Luis del Río
La última de las polémicas llegaba hace menos de una semana, con el nombramiento del hasta ahora responsable de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, encargado del ‘caso Kokorev’, como sustituto de Vicente Garrido al frente de la Fiscalía Superior de Canarias. La Asociación que lucha contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, ACODAP, relaciona el cambio con escándalos de presunta corrupción urbanística. Según la asociación, el relevo estaría relacionado con un presunto encubrimiento de la responsabilidad civil del ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, que tiene construido parte de su chalet (en concreto unos 250 metros cuadrados) en suelo rústico de protección ecológica en la Urbanización “La Bufona”.
ACODAP, liderada por el juez Fernando Presencia, ha señalado que “el error del juzgado de instrucción habría sido inducido por la propia fiscalía, que pidió la responsabilidad civil subsidiaria y no la directa de los actuales propietarios de las viviendas afectadas por la demolición, que en definitiva son los únicos que podían cumplir la sentencia y (…) que en ese sentido “podría decirse que la actuación cuando menos negligente del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, al tratar de encubrir la responsabilidad civil directa de su compañero, el ex fiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés, enmascarándola como responsabilidad civil subsidiaria, habría sido la causante del embrollo judicial de ‘La Bufona’”.
Este caso lleva sin resolverse casi 20 años. El que afecta a Vladimir Kokorev suma ya 15. El presunto ‘testigo estrella’, el ex abogado de Kokorev, Ismael Gerli, sigue sin ser interrogado después de haber sido denunciado incluso por haberse apropiado bienes de su cliente y haberse presentado, en falso, como testigo protegido, condición que no se le ha otorgado.
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