En ellas se implantaron dictaduras del proletariado. Son el testimonio de lo que España hubiera sufrido de haber triunfado los hermanos españoles llamados rojos. La Guerra Civil fue cainita, despiadada y cruel. Todos deberíamos lamentarla y valorar con realismo sus consecuencias, teniendo en cuenta lo que la historia posterior muestra que implicaba. ¿O acaso queremos hoy, para nuestro país, el camino de Venezuela y Cuba?
En 1975, España entró en la senda democrática, partiendo de una sociedad con grandes logros socioeconómicos. Sin embargo, los países del telón de acero sólo se abrieron a la democracia quince años más tarde, tras la caída del Muro de Berlín. Sólo entonces empezaron a liberarse de sus regímenes totalitarios, donde la libertad de expresión era casi nula y la represión policial terrible y generalizada. ¡Ya hubiesen querido ellos vivir en la “dictablanda” franquista de finales de los sesenta! Asimismo, sus economías estatalizadas eran muy poco eficientes y el nivel de vida de la población muy inferior al de España. Tuvieron, y aún siguen en ello, que desmontar sus regímenes de economía marxista centralizada, abrirse al mercado y a la propiedad privada. El proceso ha sido muy difícil y aun hoy, treinta años después, están muy por detrás en economía, pensiones, sanidad y ayudas sociales.
En España, de 1975 a 1978, con Juan Carlos como Jefe de Estado, sucesor de Franco, a título de rey, y con el exsecretario General del Movimiento, Adolfo Suárez, se desarrolló un proceso que implantó una democracia, equiparable a las de los países de la Europa occidental. El pueblo español aprobó, mayoritariamente en 1978, la Constitución cuya misión quedó muy clara en su preámbulo “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática”. Previamente hubo que actuar con mucha pluralidad y buscar un consenso, soportando el terrorismo de ETA, que fue in crescendo. No obstante, los políticos, y el pueblo español con su refrendo, optaron por una transición que restañara las heridas de la República y de la Guerra Civil, aprobando, en 1977, una ley de Amnistía que abarcaba “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”. Incluía también a los recientes crímenes de ETA. Fue una buena decisión.
Sin embargo, la proposición de ley de Grupo Socialista, vuelve a ahondar en la herida aún mal cerrada. Rajoy, debió haber derogado sin más la ley de Zapatero, pero no tuvo ni valor ni visión de Estado. La proposición pretende, en su artículo 4, que se establezca un Censo de Victimas de la Guerra Civil y la Dictadura, pero excluye a las víctimas del periodo desde la llegada de la Segunda República 1931, y por supuesto a las que causó el golpe de estado de 1934 dado por la izquierda revolucionaria. Conviene no olvidar el ambiente absolutamente revolucionario de la Segunda República (2.600 muertos en cinco años, 500 por año, a cuyo lado el terror de ETA, 860 muertos en 30 años, parece una pequeñez). Es obvio que la objetividad exige estudiar el impacto del desorden tolerado por la República en el mes de mayo de 1931, de la relación de edificios religiosos quemados en Madrid, Valencia, Sevilla, etc; del número de personas muertas o agredidas, de las huelgas revolucionarias de la CNT, de los sucesos de Casas Viejas, del golpe de derechas de Sanjurjo de 1932, del golpe marxista revolucionario de 1934, promovido por la CNT, UGT y PSOE; del papel de Largo Caballero, el Lenin español, el que tiene una estatua en Nuevos Ministerios; del golpe de Companys en 1934, declarando el Estat Catalá; de las elecciones de febrero de 1936, y del clima revolucionario que denunció Gil Robles en las Cortes el 15 de junio del 36; de los pistoleros de las Juventudes Socialistas y de la Falange, del asesinato del teniente Castillo y del asesinato de Calvo Sotelo.
Por supuesto, habría que hablar del golpe de estado de Mola y Franco, de la guerra civil, de las actuaciones y a los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y del Tribunal de Orden Público. Pero también de las numerosas y terribles “chekas” y de los “Tribunales Populares” de la zona republicana, sobre los que la proposición de ley socialista guarda un clamoroso silencio. Especial atención debería otorgarse a la represión que hubo bajo la autoridad del Gobierno Republicano y, en especial, a denunciar a las instituciones que ejercieron la represión, con la connivencia, tolerancia o pasividad del Gobierno de la República. Es contradictorio enfatizar los crímenes del lado golpista y silenciar los que se cometieron en el territorio bajo responsabilidad del “legítimo” gobierno republicano.
El mismo equilibrio habría que mantener al referirse a las victimas del gobierno de Franco, tras su victoria, pero sin excluir a las víctimas de las guerrillas comunistas que actuaron, tras el final de la Guerra Civil, y a las víctimas de los grupos terroristas ETA, GRAPO, FRAP y otros que se produjeron hasta que no se aprobó la Constitución, ya que hasta esa fecha no cabe sostener que el régimen de Franco hubiera formalmente desaparecido.
La proposición en su artículo 7 establece que “El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia democrática española”. Todo lo que sea un conocimiento objetivo y sereno de la historia, tras un equilibrado trabajo de los historiadores, es bueno. Conviene recordar que, los que estudiamos en la España de Franco, no recibimos formación sobre cómo llegó la Segunda República al poder ni valoración de periodo desde su inicio hasta el inicio de la Guerra Civil. Los libros de texto de bachillerato de la asignatura de Historia de España terminaban en Alfonso XII. De la República y de la Guerra Civil nada. No recibimos información sobre las violencias y crímenes que en uno y otro bando se realizaron durante la Guerra Civil, laguna que habría que llenar. Igualmente sería necesario obtener información, fidedigna y objetivada, sobre las violencias o crímenes que ocurrieron durante el periodo de la Dictadura, procediesen de quien procediesen. Atención especial debería dedicarse a las memorias y valoraciones de los políticos y líderes principales, de ambos lados, durante la República y la Guerra Civil.
La proposición pretende en su artículo 9 la creación de un Consejo consultivo sobre la Memoria Histórica, cuya pluralidad, si se garantizara, podría aportar alguna mesura, pero limita sus funciones y lo excluye de valorar y emitir dictamen sobre la objetividad de los contenidos educativos, que hagan referencia a las violencias antidemocráticas, que hayan tenido lugar durante la Segunda República, Guerra Civil y Dictadura, hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Tampoco se le da papel para valorar la objetividad de la enumeración y descripción de las actuaciones represivas que hubieran ocurrido, durante el periodo de la Segunda República, Guerra Civil y Dictadura hasta la aprobación de la Constitución de 1978.
La proposición de ley abunda, en su artículo 15, en sancionar la exaltación, enaltecimiento o conmemoración de personas o hechos que hubieran violado derechos humanos, causados por el bando franquista durante la Guerra Civil y la Dictadura. Pero olvida propugnar la aplicación del mismo rasero a toda persona o hecho del otro bando, sobre el que existan dudas fundadas sobre su participación en hechos represivos durante la Segunda República y Guerra Civil.
En suma, no parece que esta ley ni la de 2007, ni la andaluza de 2017, constituyan un camino de reconciliación y convivencia. No estaría de más que los partidos políticos sepan actuar con la grandeza que la ciudadanía y España anhelan. Señores y señoras de las derechas, y también de la izquierda moderada, ¡fuera complejos! Se necesita claridad, sentido común y buena fe. No dejéis que un sesgado enfoque de la Historia siga haciendo un flaco favor a nuestra nación y a nuestros ciudadanos.
Si (
No(
