Por primera vez desde el inicio de la crisis financiera, tanto el sector privado como el público han aumentado los días que tardan en pagar a los proveedores, según datos recogidos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) correspondientes a 2018. Concretamente, la administración pública tardó en pagar 68 días de media, tres más que en 2017, frente a los 30 días que marca la ley. El sector privado tardó de media 81 días, cuatro más que en 2017, frente a los 60 que exige el margen legal, según la PMcM, la organización representa a casi un millón de empresas españolas.
Las empresas que tuvieron el año pasado mayores retrasos en los pagos son las que cotizan en el Ibex. Este selecto grupo de empresas —sin contar con el sector financiero— liquidaron sus facturas en un periodo medio de 169 días. Esto es casi el triple del plazo permitido por la ley, aunque supone una ligera mejora respecto al año anterior (13 días menos). Por el contrario, el tiempo medio de cobro de estas grandes compañías fue de 57 días.