Cataluña será un tema clave el 10N

Lo cierto es que el desarrollo y la situación de la crisis independentista ha socavado la esencia de nuestra Constitución. Recordemos sus tres pilares iniciales. Artículo 1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho… La soberanía nacional reside en el pueblo español…La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Artículo 2. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla…Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas”

¿Qué queda de todo esto en Cataluña? La soberanía del pueblo español en su conjunto pretende ser sustituida por un inconstitucional derecho a decidir autonómico. Se pretende romper la “indisoluble unidad de la Nación española” que es el fundamento de la Constitución de 1978. El concepto de patria y de solidaridad interregional parece haber decaído. Tenemos una patria con un himno, al que se permite que se le pite en el Camp Nou, o donde quiera que sea. Un himno al que no hemos sido capaces de consensuarle una letra, ni parece que haya agallas políticas para proponerlo. ¿Y qué decir de la lengua oficial del Estado, el español castellano? Una lengua que utilizan, como lengua nativa, más de 400 millones de personas en todo el mundo y que, en España, en regiones como Cataluña, se la quiere erradicar. Incluso se tolera que se pueda multar a los comerciantes que quieren utilizarlo para rotular sus comercios, en lugar del catalán, otra lengua autonómica. Eso sí apoyada en una rebuscada y oscura Sentencia del Constitucional de 2017, que lo permite, aunque dejó abierta la puerta, para contrarrestarlo, a actuaciones del Estado, que aún no se han recorrido.

Esta triste realidad y muchas otras que cabría citar resultan absolutamente esperpénticas en Europa en la que las Constituciones son muy rotundas y excluyen la división territorial. Así ocurre en Francia, Italia, Portugal, Polonia, Rumania, Finlandia, Chequia, Eslovaquia, Noruega. Es decir, igual que ocurre en España “la unidad indisoluble de la Nación española”. En cuanto a la lengua y a la discriminación de la lengua española, cabe preguntarse ¿qué harían Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, etc si ese tipo de marginación y discriminación se intentase realizar en alguna de sus regiones? ¿Alguien se imagina que se multara a alguien en Córcega por rotular su establecimiento en francés, o en Sicilia en italiano, o en Escocia en inglés? No seamos ridículos.

No cabe olvidar, ni mucho menos, la solidaridad interterritorial que proclama nuestra Constitución, que parece que se ha convertido en papel mojado. España, mediante el Estado de las Autonomías, ha vuelto, cada vez más, al modelo de los antiguos reinos de taifas musulmanes, la su última etapa antes de que los Reyes Católicos finalmente reconquistaran para los cristianos la España que la invasión musulmana había sojuzgado. ¿Es esa falta de solidaridad lo que propugna el progresismo? ¿Dónde está el reto de garantizar la CONVIVENCIA DEMOCRATICA, que propugna nuestra Constitución? La solidaridad y cooperación interregional es irrenunciable.

En la Cataluña de 1980, el voto catalanista (nunca entonces independentista) representaba el 29,5% del voto. Hoy casi el 50%. ¿Qué se ha hecho mal para que sea esa la realidad de hoy? Cierto que muchos españoles, que vivían en Cataluña, fueron retornando a sus regiones de origen, en particular tras jubilarse, y que muchos otros españoles, inclusive funcionarios del Estado no desean instalarse en esta querida región española. Pero no es esa la causa principal. El factor más influyente ha sido el adoctrinamiento, vía transferencias de gestión competencias, especialmente la educación y la sanidad, así como los medios públicos de comunicación, bien regados con dinero público. Ante ello el Estado, y también muchos de nosotros ciudadanos españoles, hemos tenido una actitud pasiva. Peor ha sido la pasividad de los líderes políticos que ni siquiera con el 155 aprobado quisieron actuar. Pero ¡ojo! no sólo el PP de Rajoy fue el culpable, porque en septiembre de 2017, el PSOE y Ciudadanos “desaconsejaban a Rajoy la utilización del 155”. Después Ciudadanos le reclamó a Rajoy elecciones inmediatas y el PSOE que no tocara a TV3. Y así, cojito, nació el 155, al cual encima neutralizó Rajoy junto con Soraya y sus ministros, para no crear tensiones (¿?).

Como consecuencia de esas debilidades, ahora las evidencias de rebelión son cada vez más explicitas. Hay una fuerte violencia pública, perfectamente perceptible, que cuestiona la STS del procés, que sólo vio delito de sedición. Los independentistas y sus instituciones ANC, Ómnium Cultural, Tsunami Democratic, etc, persisten claramente, al igual que el Gobierno de la Generalitat, en lograr los objetivos explícitos de octubre 2017, tipificados en art 472 por sus fines como delito de rebelión: “Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” y “Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Con el Código Penal en la mano, ¿hay alguna duda, en estas fechas, de que son reos de rebelión todos los que se han alzado, o están alzándose, con esa finalidad? España debe actuar o resignarse dejar de ser un “Estado de Derecho” y a que la “indisoluble unidad de la Nación española” deje de ser el fundamento de nuestra Constitución. No es hora de medias tintas. Los que creemos y queremos una España solidaria, libre, justa y unida, debemos apretar a nuestros políticos a que se mojen de verdad.

No bastará ni la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ni el estado de excepción del art. 116, porque, aunque pueden ser necesarios para garantizar el orden público, no son suficientes para rectificar la deriva independentista e insolidaria. Es necesario retomar las competencias exclusivas del Estado, cuya gestión se haya transferido a Cataluña, y gestionarlas de forma coordinada, leal y solidariamente. Para ello nuestro Estado de Derecho tiene medios suficientes, como es el artículo 155 que permite tomar la gestión inmediata de las Consejerías de la Generalitat, y de las instituciones, tales como la TV3 y otros medios que se financian con dinero público. A partir de ese momento habría que gestionarlas de forma eficaz y correcta, cesando a todos los que sean desleales con España y eliminando, por supuesto, el Diplocat que está actuando contra el interés de la patria española. Por otra parte, habrá que cambiar las leyes, mediante el uso de la potestad armonizadora del Estado, art. 150.3 de la Constitución. Así, temas claves (educación, lengua, sanidad, unidad de mercado, etc.), que son competencia constitucional del Estado, podrán y deberán ser regulados de forma armoniosa, objetiva y solidaria. Hay años de trabajo por delante, para ir desmontando las falacias que ha creado, y en las que se ha apoyado, el independentismo y sus instituciones culturales. Además, hay que empezar por levantar bien todas las alfombras y sacar a relucir las subvenciones que se han dado, a quien, por qué, y si han sido justificadas. Y también sacar el informe del ilegal referéndum del 1O y ver la lista de los directores, que entregaron las llaves de sus colegios para que se celebraran las elecciones, y expedientar a quienes proceda, teniendo en cuenta que, probablemente, muchos pudieron verse forzados a ello. Y desde la Consejería de Economía controlar el gasto y cortar el grifo de todos los chiringuitos independentistas que cuelguen de cada Consejería. Con estas y otras medidas hay que reconstruir un clima de cooperación y trabajo, que es el que hace de Cataluña una región hermana modelo en muchas cosas. E ir recuperando la economía, el turismo, el comercio

Y por supuesto habrá de inmediato que hacer gestos cargados de significado. Que la bandera española y catalana ondeen juntas en todos los edificios oficiales de acuerdo con la ley de banderas. Indemnizar a quienes pagaron multas por rotular en español castellano o que sufrieron marginación por no ser independentistas. Y muchos otros gestos de hermanamiento y de diálogo real, dentro de la Constitución que tenemos. Eso sí, dando por cerrada cualquier vía que pretenda acabar con ella o eliminar sus pilares fundamentales. La creatividad de los partidos políticos debe presentar propuestas concretas y firmes, en sus programas para las próximas elecciones generales. No ambigüedades o generalidades. Los ciudadanos debemos exigirles claridad en sus propuestas. Así podremos votar tras haber sido informados de lo que cada uno propone hacer, o descarta hacer, si con nuestro voto llegan al poder. Exijamos que Podemos, PSOE, PP, Cs o VOX hagan claras sus posturas y, si lo consideran necesario, rectifiquen lo que, por acción u omisión, hayan hecho mal. Apretémosles las tuercas. Las elecciones generales del 10N pueden ser determinantes para el futuro y la prosperidad de España y de todos sus habitantes. Que nuestro voto sea muy exigente en estas próximas elecciones generales.