El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre 2006 y 2017, en el que se apuntan graves irregularidades en la gestión de los 1.786 millones de euros ejecutados, sobre todo, en la construcción de la residencia de mayores «La Minería», en Aller (Asturias), por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana. Especialmente, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió durante varios años a la fiesta minera de Rodiezmo (León), junto con destacados líderes sindicales, entre ellos, José Ángel Fernández Villa, condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida, y José Antonio Postigo, dirigente sindical de SOMA-UGT, presidente del Montepío hasta 2014 y detenido en 2017 en la «operación Hulla».
Los informes del Tribunal de Cuentas han identificado sobrecostes: esa residencia para mayores, que es objeto de un proceso penal, se construyó mediante una subvención al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana –ligada al poderoso sindicato minero SOMA-UGT– de 30,9 millones de euros, aunque el coste final se acercó a los 32,5 millones. La propuesta inicial fue de 28,8 millones. El coste de construcción por residente de «La Minería» es, según el Tribunal de Cuentas, el doble del valor promedio de distintas residencias estudiadas de diversas regiones.
Ya también los informes fiscalizadores jhan hallado numerosas facturas sospechosas. Se ha confirmado que el Montepío «había incluido indebidamente» dos facturas por importe de 945.500 euros y que había otra factura de 50.225 euros de una empresa cementera, dirigida al contratista de la construcción de la residencia en Asturias, pero que consta que el trabajo se hizo en otra residencia propiedad del Montepío en Los Alcázares (Murcia).
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