Una revisión de la historia reciente de España no puede circunvalar un examen del Régimen del 78 en sus aspectos más generales y básicos. El desarrollo del texto constitucional ha determinado el desenvolvimiento de la política española contemporánea, que nos ha dejado, después de 40 años de aplicación, un país más desunido y tensionado, con el epicentro del problema en el modelo territorial y financiero. La deriva del Régimen ha cristalizado, finalmente, en la crisis de Cataluña, con unas élites políticas sediciosas, corrompidas y desafiantes, seguidas a la zaga por la deriva centrífuga del País Vasco, Navarra y otras Autonomías controladas por los caciques de las oligarquías partitocráticas.
Ahora bien, no sólo la ordenación territorial ha sido culpable de haber ocasionado esta situación límite, también lo ha sido la desidia de “Madrid” en operar reformas audaces que neutralizaran a tiempo la deriva de descomposición del Estado y la disolución de la soberanía nacional. La falta de una reforma estratégica del régimen electoral general, mal diseñado desde el origen, ha propiciado indirectamente la dependencia de la gobernabilidad del Estado en las fuerzas nacionalistas y separatistas, quebrando el principio de proporcionalidad en el voto. Con el tiempo esto ha causado y agravado una descentralización administrativa progresiva, abonando el terreno para las políticas discriminatorias y la inequidad e insolidaridad entre las regiones.
Paralelamente, la gestión pública de las Administraciones, central y autonómicas, deja un balance muy discutible, con un excesivo endeudamiento público e innegables ineficiencias administrativas, con amplias capas sociales empobrecidas después de salir de la última crisis precarizando el empleo y crujiendo fiscalmente a las clases medias y a los pequeños comerciantes. En España hay actualmente 2,5 millones de personas que viven en la pobreza severa, el 5,4% de la población. Además, una cuarta parte de la población (12 millones) está en riesgo de pobreza o exclusión social y más de la mitad de los españoles tiene alguna dificultad para llegar a final de mes, según la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión, en su 9º Informe sobre el Estado de la Pobreza (2019).
A pesar de algunos logros políticos y económicos, en el transcurso de los últimos 40 años España ha devenido en un país socialmente más desigual, con graves asimetrías territoriales y un crónico desempleo que es la vergüenza de Europa (13,7%) junto con el paro juvenil (30%). Algunas regiones, como Andalucía, tienen un PIB por debajo del 75% de la media europea, lo que las sitúa como las regiones más pobres de la UE, a pesar de haber recibido, desde la entrada de España en la UE, en 1986, más de 100.000 millones de euros de los diversos fondos europeos (Feder, FSE, Fondos de Cohesión y Feader). Un hecho bochornoso de dimensiones multimillonarias que explica la indignidad de la clase política española, y en concreto del socialismo andaluz, incapaz de gestionar eficazmente tales recursos para crear progreso y desarrollo social de verdad.
En materia demográfica estamos ante un declive de la natalidad sin precedentes, con un envejecimiento de la sociedad española que hace insostenible el sistema público de pensiones tal y como está planteado. La caja de la Seguridad Social acumula ya un déficit de 17.400 millones de euros debiendo repartir 9,8 millones de pensiones, entre jubilaciones, viudedad, incapacidad permanente y orfandad. A lo que se suma el problema de la “España vacía” o mejor dicho, de la “España vaciada”, con no pocas regiones desabastecidas de servicios e infraestructuras esenciales. Respecto a la educación, seguimos a la cola de la OCDE, con indicadores muy preocupantes que no remontan pese a las numerosas reformas legislativas, como la tasa de abandono escolar temprano que se sitúa en el 17,3% en 2019, una de las más altas de Europa.
Tampoco la productividad y competitividad de las empresas mejora sustancialmente a pesar de la devaluación operada por la reforma laboral de 2012 para salir de la crisis. Las pymes, que siguen siendo la mayor parte del tejido productivo, siguen experimentado múltiples obstáculos para llevar a cabo sus negocios, comenzando por sus necesidades de financiación, que las somete a una excesiva bancarización debido a la inexistencia de otras alternativas financieras, lo que les impide crecer y diversificar actividades. Los sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones y transporte) están dominados por unos oligopolios que impiden la competencia efectiva en dichos mercados, creando barreras de entrada que se traducen en precios y tarifas cada vez más caras para los consumidores medios.
La desindustrialización, denominada eufemísticamente “reconversión”, operada en España desde los 80 coincidiendo con el acceso de España a la UE, ha contribuido determinantemente a la terciarización de la economía nacional, lo cual ha convertido al país en una economía de servicios incapaz de crear suficiente empleo estable que genere un alto valor añadido. Las Administraciones públicas han optado por un modelo de turismo y gentrificación, sostenido en la especulación inmobiliaria y la oferta de ocio y restauración, que potencia el trabajo temporal y parcial, y que es fácilmente destruible cuando baja la demanda o cambia el ciclo económico. Basta recordar que desde el comienzo de la crisis económica (2007-2008) hasta el año 2013 en España se llegaron a destruir casi 1,9 millones de empresas, lo que causó un dramático incremento de la tasa de desempleo. La tasa de paro en 2007 era del 8,57% y en el peor momento de la crisis, 2012, llegó a alcanzar el 25,77%, algo más de 6 millones de parados.
A la vista de la envergadura de los graves y acuciantes desafíos que afronta España se hace preciso un cambio colectivo, desde un análisis crítico y reflexivo de la situación presente. No podemos olvidar el pasado reciente ni permitirnos seguir sin aprender de los graves errores cometidos a nivel colectivo y que tanto sufrimiento han generado en millones de compatriotas. La toma de conciencia de la delicada situación actual ha de desembocar en el planteamiento y ejecución de reformas estructurales profundas que garanticen la estabilidad y viabilidad de la economía española y una prosperidad social repartida equitativamente. Con la actual clase política huelga decir que un cambio de rumbo es y será imposible porque implicaría su recambio total. La regeneración de España es improrrogable si queremos seguir viviendo en uno de los países (todavía) más desarrollados del mundo.
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