El obligado confinamiento paralizó no solo la economía, sino también otros sistemas fundamentales para correcto desarrollo de la sociedad, como es el caso del sistema judicial.
“Con la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo quedaron suspendidas todas las actuaciones judiciales y plazos procesales a nivel nacional, con excepción de aquellos que fueron declarados esenciales. No siendo hasta el pasado 4 de junio cuando se retomó la actividad” comentan desde Joga del Val abogados.
Por lo tanto, y si los retrasos en el sistema judicial ya eran un clásico, ahora y, fruto de la pandemia, parece que se agravarán.
Y es que, a las largas semanas de paralización en los juzgados se ha venido a sumar un aluvión de nuevos procedimientos derivados de las multas impuestas durante el obligado confinamiento, los cambios contractuales, los ERTE, las malas gestiones en residencias de ancianos y un sinfín de ellas más que no harán sino ralentizar aún más el sistema.
Para evitar el posible y, más que probable, cuello de botella desde el gobierno han puesto en marcha el ‘Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19’ en el que, además de las consecuentes medidas de seguridad y prevención para evitar los posibles contagios, como el uso de equipos de protección, geles hidroalcohólicos y el distanciamiento social, se pone en marcha el funcionamiento de un turno de tarde para la agilización del sistema.
Sin embargo, son muchos los que creen que esta medida no será suficiente, pues en el turno de tarde no se prestará servicio de atención al público o profesionales y solo será realizado por el personal que voluntariamente lo haya solicitado.
Solo con el transcurso del tiempo se verá si las medidas para evitar el cuello de botella son suficientes.