SINGUE: ¿PECULADO, O ESTULTICIA?

El Ecuador requiere, urgente, substanciales inversiones de riesgo para monetizar sus importantes recursos hidrocarburíferos remanentes y así apuntalar su recuperación económica. Prioridad insoslayable para este y el próximo gobierno.

Pero el país se mantiene entrampado con un marco legal y regulatorio anacrónico que le impide el eficaz aprovechamiento de sus recursos (por ahora) estratégicos. Preceptos atávicos, cuanto patrioteros y falaces, absurdamente reservan su gestión monopólica al Estado, pese a su crónica incapacidad financiera, de gestión e ineficiencia.

De otra parte, cuando por excepción, el Estado ha acudido a la empresa privada para que asuma la inversión de riesgo en el sector, la inseguridad jurídica ha sido la constante que pronto ha ahuyentado a muchos importantes actores internacionales...

En este entorno, el absurdo Caso Singue, constituye otra evidencia más de una conducta que a la postre decantará, con certeza, en un nuevo arbitraje internacional que el Ecuador perderá, al igual que con Oxy, o Chevron-Texaco. Pero que además afianzará la negativa imagen que el país proyecta a la inversión internacional en este sector.

La figura penal de peculado, con la cual se juzga Singue, es impresentable. A todas luces es evidente que no ha existido apropiación indebida de fondos públicos y menos un beneficiario del supuesto delito.

La simple realidad es que el bloque Singue, al igual que otros de la X Ronda Petrolera, se contrató con la empresa privada, previa y debidamente calificada en un proceso licitatorio público y reglado. El contratista invirtió exitosamente logrando incrementar y producir las reservas del campo. El exclusivo beneficiario de ese éxito, hasta la presente fecha, ha sido, por su propia admisión, el Estado Ecuatoriano. Ha recibido, dentro de los primeros 5 años, el doble de los beneficios totales que había previsto, pero para todos los 20 años de plazo contractual asumiendo un escenario de precios internacionales exageradamente optimista, que no ha ocurrido. El beneficio obtenido no es casual; es consecuencia de una inversión de riesgo 5 veces superior al compromiso inicial. Y por ello, según las mismas certificaciones oficiales, la empresa arrastra un flujo de caja negativo de varias decenas de millones de dólares porque el Estado, además, no ha podido pagarle su tarifa completa.

No obstante, se busca escandalizar a la opinión pública, hallando culpables de un supuesto delito de peculado. Con tal propósito, se afirman barbaridades respecto a las reservas petroleras del campo --como si fuesen aquellas que se guardan en la bóveda de un banco-- o se cuestiona, sin fundamento alguno, la tarifa acordada en una libre negociación con la contratista. No se reclama, en cambio, que, previo a esta inversión privada de riesgo, por más de 15 años, Singue estuvo abandonado sin reportarle un solo dólar al Estado. ¿Absurdistán?