Aunque les escribo este conciso billete bajo la más pintoresca expresión del calentamiento global que padecemos, la nevada del siglo en Madrid, es evidente que el acontecimiento histórico de la semana ha sido la toma del Capitolio en Washington. Sus consecuencias últimas están por descubrir, ya que es demasiado pronto y dependerán mucho de la capacidad de aprender de los líderes democráticos mundiales y de la reacción de los grandes actores geopolíticos mundiales (China y Rusia, en una palabra). El consuelo es que el sistema democrático ha ganado, y bastante rápido, y se ha respetado el Estado de Derecho. Pero los temas que podrían llevar a que en la Historia de las democracias occidentales (hasta ahora breve frente a otros regímenes políticos) hubiese un antes y un después de la insurrección del 6 de enero son muy densos.
Citemos algunos como la fragilidad creciente de las democracias, la importancia del poder judicial y del Estado de Derecho, el debate abierto sobre lo que es la libertad de expresión, la relación entre democracia y autoridad protectora, el ascenso de la “democracia aclamativa”, del activismo en suma, de minorías sectarias que son destructoras del bien común realmente democrático como lo fueron hace un siglo en Europa. Lo que a nuestro juicio no ofrece duda es que quién instiga, promueve, alienta, manipula, juega con fuego o es responsable directo o indirecto de una insurrección debe comparecer ante los tribunales. Un Presidente de los Estados Unidos en ejercicio no puede llamar a una concentración alrededor del templo de la democracia en sesión solemnísima ni gobernar a golpe de tweets. Su deber es proteger la democracia en su Nación, y si ha habido fraude electoral, en una democracia lo decide la Justicia, no el activismo callejero llevado al extremo. Y punto.
En este breve espacio sólo puedo apuntar una confusión leída en algún pasquín que comparaba la actitud claramente atentatoria contra la democracia de Trump con los que en España, aunque seamos de centro izquierda, estimamos que el actual Gobierno de España no respeta los valores democráticos en su creación y política. No tiene nada que ver. Trump estima que la votación ha sido ilegal, pero a la vez, desde el Poder, desprecia su propio Poder Judicial e insta a una insurrección popular por encima de normas y contra la voluntad declarada en urnas de la mayoría de la población. En España nadie duda que el Gobierno sea absolutamente legal (incluso esperamos que el TC se pronuncie sobre la validez de los juramentos o promesas de un buen puñado de elegidos) pero observamos que al haberse construido el Gobierno sobre el incumplimiento radical de lo prometido en campaña, es decir sobre el engaño más brutal, el espíritu democrático ha sido traicionado, no la legalidad ni los procedimientos. Eso nos hace dudar de que en este momento el Gobierno esté defendiendo la voluntad manifestada por una mayoría de españoles. Más aun cuando el ejercicio de su Gobierno se apoya en Partidos filo terroristas o secesionistas claramente repudiados por una mayoría de españoles. Eso casa muy mal con el espíritu y la ética democrática. Si quieren comparar con USA lo que se me ocurre es imaginar que Joe Biden gobernara con el apoyo declarado del Ku KLUX KLAN a la vez que lo blanquea. Sería perfectamente legal.
Si (
No(
A favor (
En contra (
