Tras las últimas consideraciones por parte la UNESCO, podríamos echarnos las manos a la cabeza al pensar que en una década toda Europa entrará en la “temida” Lista Negra de Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Y qué? Pues somos Europa, y porque un organismo burocrático que fue fundado tras la II Guerra Mundial meta una de nuestras ciudades en la Lista Negra, ¡nada de encanto le va a quitar!, al contrario, dará más morbo a aquellos curiosos que les guste visitar o leer lo prohibido o tachado.
Esta misma semana se ha decidido desde el Ayuntamiento de Venecia, la capital del Véneto, y el resto de organismos públicos italianos que a partir del verano de 2022 la ciudad será "de pago", como un parque temático, con cita previa y con un aforo limitado, es decir, que no podrá transitar libremente ningún ciudadano por la Plaza de San Marcos que no tenga su QR con la cita previa en mano.
Todo esto comenzó hace ya hace tres años, a mediados de 2018, cuando se instalaron en las principales entradas a la ciudad italiana unos tornos para controlar el aforo de personas que acudían diariamente a visitar la ciudad, llegando a ser unos 27 millones de visitantes anuales. Con estas medidas en escala han ido restringiendo el acceso para que en el año 2023 en la 46ª sesión del Patrimonio Mundial de la Humanidad que tendrá lugar en Rusia, no se incluya a Venecia en esta Lista Negra y llegue lo más pura posible a ojos de este organismo.
La preocupación de esto es que se extienda por el resto de capitales europeas, y digo esto porque ya tenemos precedentes claros como la implantación anual de mayores restricciones en París, Berlín, Londres o Madrid, comenzando en esta última con la imposición del Madrid Central, el cual salvó recientemente de las garras de la eliminación nuestro alcalde Almeida, y que se volverá a enfrentar el próximo 10 de septiembre en el Pleno Municipal a la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, conocida como “Madrid 360”, a través de la cual se cerrará la capital de España a los coches más contaminantes.
Todo esto choca con las prisas y las pocas ayudas que la Administración suministra a sus ciudadanos, ya que, para lograr un campo automovilístico completamente nuevo la Administración tendría que mermar la dificultad existente para la adquisición de dicha clase de vehículos que tan “útiles” son. ¿Y si se aprobase en Pleno el 10 de septiembre el nuevo “Madrid 360”? Pues imagino que entraría en conflicto con las medidas y recomendaciones interpuestas para prevenir el COVID-19, ya que la gran mayoría de los ciudadanos no podrían adquirir un vehículo particular para acceder a su trabajo en el centro de la capital, por lo que se masificaría el transporte público llegando a unos niveles incontrolables y ante dicha incongruencia de la Administración tocaría elegir entre la salud de sus ciudadanos o de su ciudad, ya que muchas personas hoy día utilizan su coche para evitar aglomeraciones por la pandemia mundial declarada.
Cabría cuestionarse si todas estas medidas restrictivas entrarían en grave conflicto con los principios estipulados en la Carta Magna de la Unión Europea, concretamente con la famosa “libre circulación de personas” del artículo 45 del TFUE, donde se establece que para los trabajadores se asegurará una libre circulación dentro del territorio de la Unión. Ahora bien, con bajar unas líneas hasta el apartado tercero vemos que los legisladores contemplaron unas excepciones a este derecho para la implantación por parte de los países de medidas limitativas que estén justificadas “por razones de orden público, seguridad y salud públicas”.
Unos artículos más adelante, concretamente el 49 del TFUE referente al Derecho de Establecimiento nos dice que “quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro.”
Entonces, ¿cómo defenderá nuestros derechos la Unión Europea?
Si (
No(
