Ataque directo a las tecnologías no emisoras de carbono: se introducen límites a la retribución de la energía nuclear e hidráulica (y a algunos activos eólicos), que implican un “techo” de ingresos cuando los precios suben por precios del gas y del CO2 a partir de unos niveles. Esto implica un riesgo regulatorio, especialmente para las compañías propietarias de estos activos (ELE, IBE y NTGY, principalmente).
Alarma sobre un problema estructural para el desarrollo de las renovables: la penetración de las renovables sigue requiriendo de gas, hidráulica y nuclear, pudiendo estas medidas afectar al adecuado funcionamiento del sistema eléctrico español y generar dudas para la futura rentabilidad de los nuevos proyectos dentro del sistema marginalista de fijación de precios.
Dudamos de la temporalidad y excepcionalidad. El Ministerio destaca que son medidas temporales (salvo algunas) de cara a proteger a los consumidores y mantener la recuperación económica además de “respetar la rentabilidad de las empresas”. Sin embargo, el acuerdo Podemos-PSOE del 30 de diciembre de 2019, partidos que conforman el gobierno actual, proponían un nuevo impuesto sobre la hidráulica y la nuclear (windfall profits) que parece tomar forma en esta ley.
Endesa e Iberdrola son las más afectadas
El mayor impacto del clawback es para Endesa (ELE SM) e Iberdrola (IBE SM), por ser las compañías con mayores cuotas de generación hidráulica y nuclear. Naturgy también estaría afectada y, en menor medida, Acciona Energía y EDP. No consideramos que este impacto se materialice en rebajas de estimaciones, puesto entendemos que el mercado no anticipaba unos precios del gas y del pool tan elevados. En cualquier caso, el riesgo crece y las alarmas crecerán para los inversores.
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