A lo largo del próximo año 2022, el Gobierno de España deberá presentar y aprobar una ley encargada de proteger a los denunciantes. Este requerimiento tiene su origen en la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, y supondrá, a priori, un gran avance dentro de las organizaciones, ya que se tendrá que dotar de mecanismos para la protección de los alertadores. Históricamente, España ha utilizado la palabra denunciante para referirse a estas personas, sin embargo, la Unión Europea prefiere apostar por el término alertador, un concepto -sin naturaleza peyorativa- que se refiere a aquellas personas que ponen en conocimiento de la empresa situaciones irregulares, delictivas, que pueden afectar al devenir de la empresa o donde puede existir la comisión de un delito grave, ya sea fraude, corrupción, blanqueo de capitales, etc. “Hay que desterrar esa palabra y llamarle alertador, tal y como dice la Directiva. Estas personas son cruciales dentro de las organizaciones, y no digamos ya, en el sector público, donde la corrupción por desgracia, ha pasado campado a sus anchas durante mucho tiempo”, explicó Felipe García, abogado y socio de Circulo Legal, durante su participación en el programa ‘After Works’ de Capital Radio.
“Los alertadores, a pesar de lo que pueda pensar mucha gente, intentan asegurarse de que la empresa o la organización cumplen con la legalidad vigente”, continúa el abogado, “porque saben que al final, éstas siempre acaban respondiendo, y es posible que estos incumplimientos lleven a la empresa en el futuro a un callejón sin salida, donde puede encontrarse con problemas reputacionales o un procedimiento penal que le impida conseguir aquellos contratos que persigue, a veces, es un tema de subsistencia empresarial, y estas denuncias permiten a las organizaciones reaccionar ante irregularidades”.
Un cambio de mentalidad necesario
El experto considera que los denunciantes/alertadores son agentes que mejoran el sistema. Los cuáles, con esta nueva legislación, tendrán no solo mayor reconocimiento, sino un amparo legal: “De aquí a unos meses, cuando tengamos la ley nacional, se va a proteger a los alertadores”.
Este nuevo marco legislativo pretende, en definitiva, poner en valor la labor de estas personas en países como España, en los que tradicionalmente los mal llamados “chivatos” han sido señalados. En la historia reciente, casos de corrupción como la trama Gürtel son buenas pruebas de cómo la situación ha derivado en que los alertadores “fueron absolutamente vejados, expulsados de mala manera de sus organizaciones y hayan sufrido un aislamiento generalizado en sus vidas personales”.
Para solucionar esta falta de cultura de protección al alertador, el abogado apuesta por mirar hacia el camino que marca el compliance, de modo que tanto las empresas como los trabajadores entiendan que estas denuncias se realizan en muchas ocasiones de buena fe y con la intención de preservar las organizaciones o proteger los intereses públicos.
“Esta normativa también va a proteger a los funcionarios, que están en la Administración Pública y que alertan de corrupción o de fraude. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, en España hemos tenido episodios de corrupción muy importantes, y creo que esta nueva normativa sobre todo en el ámbito del sector público va a ser importante para evitar casos de fraude o corrupción”, concluye García.
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