El delito de administración desleal se abre a modalidades infinitas en este mundo económico cada vez más exigente

Qué se considera administración desleal

Para que concurra un delito de administración desleal deben darse varios requisitos. En primer lugar, el sujeto activo debe tener la facultad de administrar un patrimonio ajeno. Esta facultad puede tener origen en la ley, en un nombramiento de la autoridad o en un negocio jurídico.

En segundo lugar, el administrador debe haber infringido sus deberes de administración, extralimitándose, abandonándolos, o ejercitándolos con malicia o con desidia, de forma que haya causado un perjuicio al patrimonio administrado. “Para que el fraude se pueda considerar un delito de administración desleal el abuso por parte del administrador debe haber causado un perjuicio en el patrimonio del administrado”, aclara Cabezuela.

Regulación del delito de administración desleal

En 1995 el Código Penal introdujo en España el delito de administración desleal y desde ese momento la tarea de administrar bienes ajenos se halla estrechamente monitorizada desde el punto de vista penal.

“Se puede considerar un acto de administración desleal, por ejemplo, vender o alquilar una propiedad del administrado por un precio inferior al valor real. También puede serlo implicar el patrimonio del administrado en negocios ilícitos que puedan conllevar sanciones, o abandonar gravemente los controles de calidad de la entidad que administra, de forma que empeore su rating de calificación y perjudique su negocio”, asegura el abogado.

Qué penas conlleva un delito de administración desleal

Este delito en su forma básica conlleva penas de entre seis meses y tres años de prisión en función del importe del quebranto económico producido, las consecuencias derivadas de los hechos, la relación entre administrador y administrado, o la forma como se ha desarrollado el delito.

En los casos más graves, el fraude puede conllevar de uno a seis años de prisión más una pena de multa, si el delito recae sobre materias de primera necesidad como la vivienda, o si el daño económico al administrado excede de 50.000 euros o si se abusa de su firma en blanco, entre otros casos.

“La administración desleal es un delito con futuro, en expansión que se abre a modalidades infinitas” concluye Cabezuela.