Para la gran mayoría de los juristas consultados, la denuncia no tiene fundamento porque Ferris únicamente se limitó a facilitar datos oficiales y no virtió en ningún caso opinión personal o valoraciones subjetivas. Y se ha insistido en el corte ideológico de la acusación, dado que entre las principales entidades que denunciaron al exinspector de Policía Nacional consta la Asociación SOS Racisme Pais Valencià, filial de la catalana del mismo nombre presidida por la propia fiscal Susana Gisbert.
También era partícipe de la denuncia colectiva València Acull, una entidad social financiada por la Conselleria de Igualdad dirigida por Compromís de la que ha obtenido subvenciones valoradas en 82.124,32 euros. Se trata de una cifra que no hace sombra a la ingente cantidad de 198.189,96 euros que recibe Por Tí Mujer, otra de las organizaciones. A estas principales asociaciones se suman otras en representación de las comunidades de migrantes como Federación Unión Africana España o Colombia Tierra Querida, las cuales perciben financiación a través de las partidas de Igualdad dedicadas la integración social de personas inmigrantes.
El policía, tras ser purgado por el ministro Grande-Marlaska, le retó a demostrar con datos quien tenía razón entorno al número de detenidos inmigrantes. En un juicio con componentes verdaderamente llamativos, Ferris ha sido franco con este tema tabú para la izquierda. Por un lado, aportó los datos de las detenciones que prueban la veracidad de sus declaraciones que, en cualquier caso, no dejaron de ser relato de sus vivencias personales en un foro. En la comisaria del centro de Valencia, dos tercios de las detenciones corresponden a inmigrantes ilegales, según las estadísticas aportadas.
Las cifras de detenciones de la comisaria centro de Valencia del año de los hechos (2022) muestran que, del total 903 detenidos, 608 son extranjeros. Además, muchos de los 295 que constan como españoles en realidad extranjeros nacionalizados. Los extranjeros son la mayoría de los responsables de los delitos, excepto contra la Constitución, la Libertad, la seguridad de Tráfico y contra la integridad moral. Por ejemplo, esta estadística refleja que de los detenidos por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico 433 fueron extranjeros frene a los 172 con nacionalidad española. Casi cuatro veces más. El porcentaje es casi el doble en el caso de los detenidos por un delito de lesiones. Los detenidos sólo por el centro de noche se desglosan por nacionalidad. Del total de 234, sólo 39 son de España. 107 son de Marruecos, 25 de Argelia y 29 procedentes de países latinoamericanos.
La fiscal, por su parte, ha aportado otros datos diferentes, los relativos a las estadísticas de los procesos judiciales abiertos contra inmigrantes, entre ellos los relativos a los delitos sexuales, publicados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los cuales no se corresponden con el número de detenciones policiales y suponen un balance mucho menor. La sala entendía que convenía desmarañar esta variedad de datos para saber si realmente Ferris empleó datos eales o simples imaginaciones, demostrándose finalmente que los datos eran reales y se correspondían con estadísticas oficiales.
"Para actuar primero hay que reconocer lo que está pasando", ha defendido Ferris. La estrategia de las acusaciones y de la fiscal ha pasado por intentar atribuirle una supuesta "inducción al odio" con sus manifestaciones. Le ha presionado en el interrogatorio con una cita en la que animaba a la población a "dejar de ser pacífica". En contexto y, según ha defendido el policía, la pretensión no era otra que la de invitar "a colaborar con la policía", por ejemplo denunciando, algo que ha defendido apoyándose en lo plasmado en la Constitución Española.
De forma inusual en estos casos, ha aportado un perito psicológico que ha desmontando la parte subjetiva del delito de odio, analizando su expresión verbal y no verbal, ha demostrado que no existe ninguna supuesta animadversión por el colectivo migrante, sino que aprecia en él una "inquietud" y una voluntad de protección hacia la ciudadanía. La fiscal y las acusaciones han intentado vetar esta prueba, que finalmente el juez ha aceptado incluir.
Los datos han demostrado en el juicio contra él que Ricardo Ferris tenía razón y que no había ninguna otra intención por su parte cuando los empleó en una alocución pública: eran la pura verdad.
Si (
No(
