Ante esta situación, la Unión de Fabricantes de Fleje (UFF) ha iniciado una campaña de contactos con agentes sociales, empresariales, la administración y grupos parlamentarios que tiene por objetivo o bien la derogación de este impuesto, tal como el gobierno ha hecho con los recargos sobre las energéticas o la banca, o bien el establecimiento de normas y controles que eviten la competencia desleal de productos no regulados ni sostenibles procedentes de terceros países tanto dentro como fuera de la UE.
Para Jordi Guimet, portavoz de la UFF: “Si bien este impuesto fue presentado como método para el fomento de la sostenibilidad, la realidad es que tiene afán recaudatorio, incrementa los costes del transporte, afecta a la competitividad y las empresas productoras non ha podido repercutir este incremento brutal de coste a sus clientes con lo que, en la práctica, las empresas nos hemos convertido en un mero agente recaudador del estado”.
Desde la UFF se recuerda que “el dinero recaudado no tiene un objetivo finalista si no que van a una caja común destinándose a gastos generales de la administración, o lo que es peor, a mordidas por corrupción tal como se ha descubierto en los últimos tiempos”.
Impuesto con efectos irreversibles para la industria sectorial
Los efectos del impuesto del plástico han sido el hundimiento de la industria nacional del fleje dado que en España hoy solo quedan cuatro empresas. “Se ha perdido un 60% de la industria en el siglo XXI” afirma Raúl Mañes de Comosa.
Desde Cyklop, Javier Santos afirma que: “La producción en España ha caído en picado ya que las empresas clientes han pasado a comprar en países donde no se aplica este impuesto y, en consecuencia, el fleje es más barato, como en Portugal o Turquía”.
Marc Rojas, de Sorsa, considera que: “El resultado ha sido hundir una industria sostenible y medioambientalmente preparada sin lograr mejora ambiental alguna dado que los flejes exportados no son 100% reciclables”.
La UFF denuncia que hay una práctica fraudulenta de certificaciones falsas que genera competencia desleal porque los flejes exportados de terceros países no cuentan con certificaciones como RecyClass, AENOR, etc. y tienen un impacto ambiental elevado.
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