Por más que las administraciones públicas, en los últimos años, aseguren que apoyan al emprendedor, es una rotunda mentira. No han sido capaces aún de crear una ventanilla única de tramitación, y abrir una empresa sigue llevando demasiado tiempo, pese a los evidentes avances tecnológicos. He perdido la cuenta de las veces que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos proclaman que “hay que poner alfombra roja al emprendedor”, cuando la realidad es que se trata de una carrera de obstáculos e impedimentos. Lo peor es que nadie asume la responsabilidad de esta anómala situación, y el error se sigue profundizando.
Si observamos la trayectoria de nuestros principales líderes políticos, no encontramos a ninguno —¡sí, a ninguno!— que haya sido autónomo. Ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez Feijóo, ni Santiago Abascal, ni Yolanda Díaz saben lo que significa emprender. De lo que sí tienen experiencia —casi un posgrado— es de cobrar un sueldo del erario público. En estas condiciones, resulta muy complicado reconducir la situación. Quien no ha sentido en su propia piel la incertidumbre de emprender difícilmente podrá establecer medidas eficientes.
La última ocurrencia es la propuesta del Gobierno de Sánchez de subir las cuotas de cotización de los autónomos. Me llevan los demonios al comprobar que su planteamiento se basa únicamente en la recaudación fiscal —esperan ingresar más de 1.500 millones de euros anuales hasta 2028—, cuando debería ser justamente el contrario: facilitar las condiciones para que los autónomos puedan contratar, generar empleo y dinamizar la economía. Poniéndoles las cosas más difíciles, solo se les empuja a cesar su actividad, con el consiguiente perjuicio para todos.
No estoy descubriendo nada nuevo. En países de nuestro entorno —sí, esos con los que tanto nos gusta compararnos— las cuotas son ostensiblemente más bajas, e incluso inexistentes en algunos casos. No hace falta ser un lince para comprender que la actividad económica depende, en gran medida, de los autónomos, porque son ellos quienes vertebran el tejido productivo, sostienen la economía local y mantienen viva la innovación en los barrios y municipios.
Ha llegado el momento de cambiar el enfoque. La discusión no debería centrarse en cuánto recaudar, sino en cómo aliviar la pesada carga impositiva que soportan los autónomos, cómo ayudar a los profesionales de sectores más sensibles, estratégicos o desprotegidos —como los del medio rural o los oficios artesanales, que irremediablemente se están perdiendo—, y cómo acercar de verdad la Administración a las necesidades reales de las pequeñas empresas.
Urge implantar medidas que tengan un impacto tangible:
*Reducir las cotizaciones sociales cuando una empresa o un autónomo atraviesen dificultades, tengan problemas para pagar el salario mínimo interprofesional por su localización geográfica o sector productivo (como la agricultura), o cuando su viabilidad esté seriamente comprometida.
*Simplificar los trámites administrativos, garantizando una única ventanilla digital real, eficaz y coordinada. ¿Por qué sigue siendo necesario pasar por el notario y pagar impuestos para crear una empresa? ¿Por qué se sigue tardando, de media, entre 30 y 70 días en tener operativa una sociedad limitada?
*Mejorar las prestaciones sociales de los autónomos (bajas médicas, permisos por fallecimiento de familiares, maternidad o paternidad, jubilación digna). ¡Hay que hacer más atractivo el oficio de emprendedor!
*Incentivar fiscalmente la contratación de empleados por parte de autónomos, premiando la creación de empleo estable.
*Fomentar la formación continua y el acceso a la digitalización, especialmente entre aquellos que no son nativos digitales.
España necesita una auténtica revolución cultural y política respecto al emprendimiento. Mientras los autónomos sean vistos como simples recaudadores para el Estado, en lugar de generadores de riqueza, seguiremos siendo un país que castiga la iniciativa empresarial y premia la comodidad. ¡Así nos va!
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