La medida más visible es la obligación de implantar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PDE) en compañías de mayor tamaño. En la práctica, supone diagnosticar los desplazamientos de la plantilla, acordar medidas con la representación de los trabajadores y priorizar alternativas al vehículo privado transporte público, movilidad activa, coche compartido, flexibilidad horaria o teletrabajo con un plazo general de dos años. El objetivo no es cosmético; es operativo: menos congestión en horas punta, menos coste improductivo de aparcamiento y una mejor experiencia de empleado. La ley prevé además líneas de subvención específicas para acompañar la redacción e implantación de estos planes, lo que reduce la barrera de entrada y acelera el retorno para quien se mueva primero.
El impacto no se limita al ámbito laboral. Los grandes centros de actividad recintos feriales, hospitales, campus, parques empresariales o centros comerciales deberán disponer de un plan propio coordinado con el municipio. La lógica es sencilla: allí donde se concentran miles de trabajadores y visitantes, la movilidad deja de ser un asunto interno para convertirse en infraestructura crítica de la ciudad. Integrar horarios, accesos, aparcamientos, lanzaderas y señalización con el sistema metropolitano mejora la operación del centro y la convivencia con el entorno urbano.
Otro eje estructural es la electrificación. Antes de 2030 deberá existir una red suficiente de recarga en carreteras y nudos de transporte —aeropuertos, puertos— y se abren oportunidades para proyectos de movilidad eléctrica, de hidrógeno y combustibles renovables. La combinación de incentivos a la flota de bajas emisiones con la planificación de la infraestructura adecuada al uso real (no al catálogo) permite recortar tanto el coste total de propiedad como las emisiones. Aquí, de nuevo, el mensaje para los equipos financieros es claro: alinear el calendario de inversión con convocatorias de ayuda multiplica el efecto de cada euro invertido.
Para los operadores de transporte y de servicios de movilidad, la norma introduce obligaciones de medición y comunicación de la huella de carbono. No es un trámite, es una palanca competitiva: disponer de métricas verificables mejora la posición en licitaciones, cadenas de suministro y diálogo con inversores. En paralelo, la ley empuja la digitalización e interoperabilidad de datos, clave para coordinar servicios, mejorar la experiencia de usuario y tomar decisiones con evidencia. En términos de gobierno corporativo, esto implica pasar de “publicar información” a gestionar por indicadores: reparto modal, tiempos, emisiones, costes por desplazamiento, satisfacción de la plantilla y del cliente.
La logística también se reordena. La nueva clasificación de nodos logísticos y los criterios de sostenibilidad a lo largo de la cadena obligan a revisar rutas, accesos y operaciones de última milla. Las empresas con exposición significativa al transporte encontrarán en la renovación de flotas, la digitalización de procesos y la planificación de ‘hubs’ seguros oportunidades tangibles para ganar eficiencia y resiliencia. Y, de nuevo, con apoyo público para reducir el coste de transición.
¿Qué debería hacer hoy una empresa que quiera ir por delante? Primero, nombrar una persona responsable de movilidad corporativa con capacidad transversal sobre RR. HH., Operaciones y Finanzas. Segundo, medir: una encuesta de movilidad bien diseñada y datos básicos de accesos, turnos y ocupación del aparcamiento bastan para priorizar. Tercero, planificar en dos velocidades: “quick wins” (abonos y acuerdos con operadores, gestión inteligente del aparcamiento, incentivos a modos sostenibles) y proyectos de media escala (infraestructura de recarga, integración de datos, rediseño de accesos). Cuarto, preparar un porfolio de proyectos subvencionables con objetivos, indicadores, presupuesto y calendario, listo para concurrir a convocatorias estatales o autonómicas. No se trata de hacer más, sino de hacerlo en el orden adecuado para maximizar retorno y minimizar fricción interna.
La conclusión es nítida: cumplir es obligatorio; capitalizar la ley es opcional. Las compañías que entiendan la movilidad como una capacidad estratégica al nivel de la energía o el talento serán las que conviertan esta regulación en una ventaja competitiva medible: menos costes, mejor atracción y retención, más resiliencia y un relato ESG creíble. La ventana de oportunidad se abre ahora y, como en toda transición, la velocidad importa.
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