Miseria por todos lados
Miseria política parlamentaria es continuar apoyando a un gobierno rodeado por todas partes de corrupción. Miseria, con traición del subconsciente, es constatar que puede haber ‘gobierno corrupto’ para rato. Miseria política gubernamental es seguir distrayendo al personal con mentiras y propuestas que producen hilaridad. Miseria, con estrategia delictiva, es orquestar una campaña de difamación y obstrucción a la Justicia para limpiar 'sin límite' la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y desacreditar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción. Miseria mafiosa con tintes totalitarios, es ofrecer un tal Iglesias al gobierno un pacto para "reventar” a la derecha y purgar a jueces y periodistas. Miseria con ruindad moral, es negar el reconocimiento a la premio Nobel de la Paz ganadora de las elecciones a la dictadura bolivariana de Maduro que apoya el Ejecutivo de España.
Miseria contra la libertad de información es censurar a los periodistas por hacer preguntas incómodas tanto al presidente del gobierno español como al de Estados Unidos, tildándolos de ‘antipatriotas’. Miseria y atentado contra la propiedad es proteger a los okupas que incautan pisos y casas ajenas sin posibilidad de denunciarlos, juzgarlos o meterlos en la cárcel. Miseria cutre de analfabeto funcional es intentar desacreditar la Academia de la Lengua por personajes sectarios al servicio del gobierno que prostituyen el nombre de Cervantes. Miseria táctica internacional es apoyar a Zelenski y comprar ingentes cantidades de petróleo a Putin por la puerta de atrás. Miseria, en fin, en tiempos de cólera, cainismo y enfrentamiento internacional es prescindir de la Energía nuclear manteniendo el cierre de centrales y reactores en España.
Nucleares, sí
La energía nuclear ha renacido en todo el mundo, evidenciando el “error” de darle la espalda, como asegura Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía. Sin ella, tanto el consumo masivo que requiere la IA como la propia transición hacia una economía descarbonizada serán procesos más caros, inciertos y dependientes del gas.
En España, el presidente de Iberdrola, -que mantiene el pulso contra Red Eléctrica señalándola como responsable del mayor apagón nacional-, asegura que las nucleares son la mejor solución económica para mantener el servicio eléctrico del sistema. Lo dice el máximo ejecutivo de la compañía que más ha invertido en renovables del mundo, con la advertencia de que los reactores deben continuar integrando el mix energético. El ex ministro socialista, Jordi Sevilla, avisa también que cerrar Almaraz será el “error más grave” de los últimos años, mientras el responsable de Investigación de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Diego Rodríguez, no ve razonable prescindir de una tecnología que puede ayudar de modo decisivo en la lucha contra el cambio climático.
En el ‘impás’ del debate sobre el cierre o continuidad de la central nuclear extremeña, sus propietarios (Iberdrola, Endesa y Naturgy) ultiman la solicitud al Ministerio de Transición Ecológica para su continuidad, al menos hasta el año 2030. Insisten en que el Gobierno debe derogar primero la orden publicada en el BOE el 6 de agosto de 2020 que fijaba la explotación de Almaraz hasta el 1 de noviembre de 2027, para la primera unidad, y hasta el 31 de octubre de 2028 la segunda. El Ejecutivo, por su parte, insiste en cumplir el calendario pactado por las empresas, e incluso incorporar los 20.000 millones de gestión de los residuos radiactivos.
El escenario geopolítico entra en el juego
La necesidad de una soberanía energética, ante la nueva situación geopolítica, puede empujar al Gobierno a alcanzar un acuerdo para la continuidad de Almaraz. Los dos reactores de la planta cacereña producen el 7% de la energía que consume España. Su cierre dispararía la dependencia del gas suministrado por tres países: Estados Unidos, Rusia y Argelia, alternativas poco alentadoras en un escenario político de inestabilidad que ha cambiado todo. Con la guerra en Ucrania, que obliga a asegurar el suministro de energía, la transición energética en la UE ha dejado de ser una prioridad, mientras Francia mantiene la construcción de seis nuevos reactores nucleares, con posibilidad de construir otros dos, y Alemania se replantea también su apagón nuclear.
Las compañías agrupadas en la asociación Foro Nuclear español, piden revisar el calendario de cierre y extender el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años de vida útil. La condición es reducir lo que pagan por la gestión de residuos y asegurar que la energía producida tenga hueco en el mercado. Las propietarias de Almaraz sostienen que el recibo de la luz se incrementará tras su cierre, en porcentajes entre el 23% y el 35% para empresas y consumidores. A su vez, consideran excesiva la carga fiscal que soportan, hasta el punto de lastrar la competitividad de las instalaciones. La carga impositiva la aplican tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, cuya tasa en el caso de Extremadura se reducirá en un 50%, si no hay cierre a partir de 2027. El Gobierno, por su parte, reclama a las eléctricas que el cambio del calendario no genere un coste excesivo ni para las empresas ni cargue demasiado al consumidor.
Tanto el PP como VOX apoyan la prórroga para evitar el cierre del parque nuclear que, según la consultora PWC, implicaría “un riesgo” en la garantía de suministro del sistema eléctrico y, como consecuencia, otras tecnologías que actualmente funcionan para cubrir la volatilidad de las renovables, al pasar a funcionar con mayor coste y emisiones. En Cataluña, hasta Junts y el empresariado han cambiado de estrategia al apoyar una prórroga que incluiría las centrales de Ascó y Vandellós, vitales para el suministro eléctrico de la comunidad, que depende en más de un 50% de este tipo de energía.
Si (
No(
