Realidad económica catalana y sus retos
Los datos más recientes ofrecen una panorámica alentadora pero incompleta:
En 2024, la economía catalana creció un 3,6 %, una tasa superior a la media española, lo que reafirma nuestra competitividad.
El aumento del consumo de los hogares alcanzó aproximadamente un 3,5 %, mientras que la inversión (formación bruta de capital) creció en torno al 3,2 %.
Pese a este dinamismo, aún persisten retos estructurales. Por ejemplo, una proporción significativa de menores —hasta un 34 % según estimaciones recientes— sigue en riesgo de pobreza o exclusión social.
La evolución demográfica y el envejecimiento traducen que parte del crecimiento se asigna a mantener ciertos niveles más que a verdaderas mejoras del bienestar colectivo.
Estos datos evidencian dos cosas: en primer lugar, que la economía catalana funciona con solidez; y en segundo lugar, que ese funcionamiento no basta si no se acompaña de políticas institucionales potentemente orientadas al bien común. La diferencia entre crecimiento y prosperidad radica en la calidad del crecimiento, en su capacidad para integrarse en una sociedad más justa, estable y cohesionada.
El papel decisivo de las instituciones
Cuando los poderes públicos adoptan un enfoque que dificulta, más que facilita, la actividad socioeconómica, los efectos negativos se manifiestan de manera clara:
Incertidumbre regulatoria
Las empresas requieren marcos normativos estables, previsibles y comprensibles. Cambios frecuentes o imprevistos en la normativa tributaria, laboral o administrativa crean barreras que ralentizan la inversión y favorecen la fuga de talento.
Retrasos en la gestión pública
Procedimientos dilatados, tramitaciones excesivamente burocráticas o ausencia de coordinación entre administraciones se traducen en costes ocultos: multiplican los plazos, elevan los riesgos de negocio y disminuyen la capacidad de respuesta ante escenarios internacionales de alta competencia.
Déficit de diálogo y participación
Una administración que no escucha activamente al sector empresarial, a la sociedad civil o a los profesionales reduce la efectividad de sus políticas. La falta de mecanismos de consulta real y de gobernanza participativa supone desaprovechar información clave y generar decisiones desconectadas de la realidad económica.
Fractura social y pérdida de confianza
Cuando los beneficios del crecimiento no llegan de forma equilibrada a la ciudadanía, aparece la sensación de que el sistema no funciona para todos. El sentimiento de injusticia erosiona la cohesión social y debilita la estabilidad. En contextos así, el riesgo de polarización aumenta, lo que compromete tanto el desarrollo como la gobernabilidad.
¿Por qué esto importa para Cataluña?
En nuestra comunidad, estos desafíos adquieren singular relevancia. Estamos en una posición ventajosa, pero también exigente. A continuación, algunas implicaciones específicas:
Una región con alta participación exportadora compite no solo en precio, sino en innovación, digitalización y talento. Si las instituciones públicas no actúan de forma proactiva, facilitando incentivos, infraestructuras y formación, el atraso crece rápido.
La renta per cápita superior a la media exige que los servicios públicos, la vivienda, el transporte y el entorno administrativo estén a la altura; de lo contrario, se producen desequilibrios que reducen la atracción de inversión y talento.
El crecimiento económico solo tiene sentido pleno si se traduce en bienestar accesible: empleo de calidad, equidad, oportunidades para los jóvenes y estabilidad para las familias. Cuando eso no sucede, el crecimiento se desvirtúa y se convierte en fuente de frustración más que de esperanza.
Un llamamiento para la acción conjunta
Desde AIF Catalunya, queremos lanzar un mensaje de responsabilidad compartida:
A las instituciones públicas: Les instamos a impulsar marcos de colaboración más ágiles, una administración digital que reduzca la burocracia, una normativa predecible y un diálogo activo con el mundo económico y social.
A las empresas y profesionales: Los animamos a participar con propuestas constructivas, a comprometerse con la innovación, la sostenibilidad y el empleo de calidad, sabiendo que el entorno institucional puede —y debe— acompañar ese esfuerzo.
A la ciudadanía: A reclamar un sector público que rinda cuentas, que trabaje por el bien común y que actúe como verdadero garante de la estabilidad social y económica que todos merecemos.
Porque la tranquilidad económica no se decreta: se construye. Y cuando las instituciones gubernamentales no ayudan, no solo se ralentiza el desarrollo: se pone en riesgo la cohesión de nuestra sociedad, se diluyen las oportunidades y se genera un coste que recae sobre quienes más esfuerzo ponen.
En una comunidad como la nuestra, con talento, recursos y una trayectoria de empresa sólida, no podemos permitir que las instituciones sean el freno. Deben ser, por el contrario, el motor que impulse la innovación, garantice la equidad y refuerce la confianza.
Cerraré con una reflexión para compartir: el verdadero progreso se mide no solo en cifras de crecimiento, sino en la capacidad de traducir ese crecimiento en oportunidades reales, en calidad de vida, en igualdad de acceso y en una ciudadanía que siente que su futuro está en juego. Si las instituciones actúan con decisión, responsabilidad y visión, ese futuro será compartido. Si no lo hacen, será solo privilegio de unos pocos.
Desde la Presidencia de AIF Catalunya, estamos dispuestos a colaborar, proponer y liderar ese camino. Pero también estamos preparados para señalar con rigor y respeto aquellas carencias que impiden que nuestra sociedad avance.
Porque cuando las instituciones no ayudan, es la sociedad la que pierde. Y no podemos permitirnos retroceder.
Si (
No(
