El resultado es contundente: el coste laboral medio ya se dispara hasta los 3.256 € al mes por trabajador, de los cuales 840 € corresponden a “otros costes” (principalmente cotizaciones) que han crecido un 28% desde 2015, mucho más que los propios salarios.
España recauda como los países más ricos, pero sin su capacidad de pago ni su productividad.
A pesar de esta carga, los salarios reales no despegan. Tras la inflación acumulada entre 2021 y 2023, los aumentos salariales (entre el 2 y el 2,5%) no consiguen recuperar el poder adquisitivo perdido, enfriando el consumo y debilitando la rentabilidad empresarial en plena escalada de costes.
A ello se suma otro golpe: los precios energéticos industriales crecieron un 45% entre 2021 y 2024, impactando especialmente en sectores intensivos en energía y transporte, que ya compiten en desventaja frente a otros países europeos con sistemas fiscales más neutrales.
Mientras tanto, la productividad apenas avanza. Entre 2015 y 2025, la productividad por hora creció solo un 1,7% anual, mientras que los costes laborales unitarios aumentaron un 2,5%, acumulando una pérdida de competitividad superior a ocho puntos frente a la zona euro.
El diagnóstico está claro: España recauda como los países más ricos, pero sin su capacidad de pago ni su productividad. La presión fiscal total ya alcanza el 37,3% del PIB, muy por encima del 33,9% de la media OCDE y acercándose rápidamente a los gigantes tributarios europeos.
Este desajuste entre costes laborales crecientes y retorno económico del trabajo está frenando la inversión, encareciendo la creación de empleo formal y erosionando la competitividad exterior. La distancia con economías como Francia, Bélgica o Dinamarca (tradicionalmente más cargas impositivas) se ha reducido de seis a apenas tres puntos desde 2015.
Ante este escenario, expertos y empresas coinciden: España afronta un desafío estructural y urgente. Para recuperar competitividad y reforzar la sostenibilidad fiscal será imprescindible simplificar el sistema de cotizaciones, garantizar estabilidad normativa y apostar por incentivos a la productividad, la innovación y la digitalización.
Porque, de no hacerlo, la ecuación es inequívoca: cada euro destinado a generar empleo costará más, para producir lo mismo o incluso menos. España está a tiempo de corregir el rumbo, pero el margen se estrecha.
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