Los motivos y objetivos clave de este proceso incluyen:
- Descentralización del poder: se busca reducir las facultades omnímodas del Ejecutivo y otorgar un papel más relevante al Parlamento (Majilis y Senado) en la toma de decisiones estatales.
- Fortalecimiento del Estado de derecho: las reformas pretenden consolidar las instituciones democráticas y mejorar los mecanismos de control y equilibrio entre los poderes del Estado.
- Continuidad de las reformas de 2022: este referéndum actúa como una continuación del proceso iniciado tras 2022, que ya resultó en cambios constitucionales previos para prohibir el la corrupción. El presidnete Tokáyev ha destacado que la nueva Constitución propone impedir que familiares del presidente ocupen cargos políticos o puestos cercanos al Gobierno, lo que constituirá nuievas garantías y «una barrera fiable contra el nepotismo y la excesiva concentración de poder» en unas pocas manos.
- Fomento de la participación ciudadana: el presidente Tokáyev ha hecho un llamamiento a la votación masiva para validar estas reformas ante la ciudadanía y legitimar el nuevo rumbo político del país. La Constitución contempla la creación de un nuevo órgano consultivo, el Consejo del Pueblo, que tendrá también prerrogativas legislativas y podrá convocar referendos.
Tokáyev, que llegó al poder en 2019 en sustitución del padre de la patria kazaja, Nursultán Nazarbáyev, defiende que la nueva Constitución otorgará más facultades al Legislativo, un paso que debería democratizar un sistema hasta ahora «superpresidencialista».
De hecho, la mayor novedad será la creación de un Parlamento unicameral -hasta ahora había dos cámaras- con 145 miembros, que serán elegidos cada cinco años de manera proporcional por listas de partidos.
Además, la cámara, según explicó el presidente, no incluirá ya una «cuota presidencial». «Todos los diputados deben ser elegidos de la misma forma, sin ninguna excepción o privilegio», señaló.
La reforma constitucional propone recuperar una figura importante, la del vicepresidente, que será quien reemplazará al jefe de Estado en caso de dimisión, destitución o fallecimiento. Ésta nueva figura permitirá garantizar el traspaso constitucional del poder.
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