Su secretario general, Marcial Gómez, ha subrayado que la protesta ha sido clave desde 1994 para visibilizar las demandas del sector y lograr avances históricos. Sin embargo, ha reconocido que el contexto actual abre una nueva etapa basada en el diálogo con el Gobierno, lo que reduce la necesidad de movilización.
Este cambio coincide con una reconfiguración del papel del Estado en la economía rural, donde la intervención pública ha pasado de ser reactiva a más directa y estructurada, con impacto en la actividad productiva y en la rentabilidad de los agricultores.
Efectivamente, la decisión de suspender la marcha se produce en un escenario distinto en la relación entre el Estado y el campo, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsando una política centrada en la atención directa al productor y en la mejora de sus condiciones económicas. El ministro Carlos Giménez ha defendido que, desde la llegada de Santiago Peña a la presidencia, se ha asumido un compromiso con el desarrollo del sector rural como pilar económico.
Giménez ha destacado que el objetivo es fortalecer la economía del agricultor para que pueda generar impacto en su entorno, poniendo en valor la tierra como principal activo productivo. En este sentido, el Gobierno apuesta por una mayor coordinación institucional para mejorar la eficiencia del sector.
El ministro ha explicado que las políticas actuales se centran en escuchar las demandas del campo y traducirlas en medidas concretas, con especial énfasis en el desarrollo sostenible y en la modernización productiva mediante tecnología e innovación.
Eficiencia productiva
El Ejecutivo trabaja con los agricultores en cuatro líneas clave: asistencia técnica, acceso a financiación, regularización de la propiedad de la tierra y aseguramiento de mercados para sus productos. Este enfoque busca corregir fallos estructurales y mejorar la competitividad del sector agrario.
Con este modelo, el Gobierno pretende reducir los costes de transacción para los productores y facilitar su integración en mercados más amplios, lo que contribuye a una mayor estabilidad económica en el ámbito rural.
Además, la descentralización de la atención al agricultor ha disminuido la necesidad de desplazarse a Asunción como mecanismo de presión. Según el propio Ejecutivo, la respuesta directa en el territorio está sustituyendo progresivamente a la protesta como vía para canalizar demandas.
La suspensión de la marcha anual se interpreta así como un reflejo de un cambio en la lógica económica del sector, donde la intervención pública y la mejora de la productividad comienzan a sustituir a la movilización como herramienta principal. Un giro que refuerza el papel del campo en la economía paraguaya y apunta hacia un modelo más competitivo y sostenible.
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