· La acusación particular en el caso BBVA-Villarejo, liderada por Ausbanc y su presidente Luis Pineda, ha elevado la causa a supervisores, como el Banco de España y la CNMV, y señala a directivos de la entidad como Óscar Santos y Eduardo Ortega por las cláusulas suelo “fantasma”. Pineda sostiene que “existen evidencias”, y reclama inhabilitaciones mientras advierte de la posible “disolución” del banco
Alta tensión en la cúpula del BBVA, una de las principales entidades financieras de España. La acusación particular, encabezada por Luis Pineda y Ausbanc, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional solicitando que se dé traslado a los organismos supervisores -Banco de España, CNMV, Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea- ante las implicaciones administrativas derivadas de las polémicas cláusulas suelo. Lo que podría derivar en la inhabilitación de nombres importantes dentro del banco y, en un caso extremo, a su disolución. El escrito presentado no se limita a describir irregularidades, sino que reclama una reacción institucional inmediata. En concreto, solicita que, una vez se abra juicio oral, la Audiencia Nacional comunique la situación a los supervisores para que evalúen la continuidad de los directivos implicados.
El movimiento llega en un momento clave, con la causa ya encaminada hacia la apertura de juicio oral. Luis Pineda ha explicado a el diario elcierredigital.com que “estamos en el centro de un procedimiento judicial histórico y lo más inmediato es que se acuerde pasar a la fase de juicio oral”.
A su juicio, ese paso confirma que el proceso ha superado la fase de mera sospecha: “Existen no sólo indicios, sino evidencias, documentales, audios, correos y demás pruebas que acreditan muchos delitos por parte del banco y su cúpula. Además, tenemos el caso de las cláusulas suelo, un crimen bancario por el que no ha habido depuración de responsabilidades”.
La importancia de este nuevo escrito está en el giro que introduce. Ya no se trata solo de reforzar la vía penal, sino de dar un paso más y llevar el caso al terreno donde realmente se decide quién puede seguir al frente de un banco. "No puede ser que los valedores de una estafa declarada como lo fueron las falsas cláusulas suelo sigan en su puesto de trabajo y sin ningún tipo de inhabilitación".
El documento presentado por Luis Pineda ante la Audiencia Nacional plantea una cuestión de gran calado: la posible ruptura del principio de idoneidad (fit and proper) exigido a los altos cargos bancarios.
La acusación apunta directamente a varios nombres clave dentro del banco. Entre ellos, Eduardo Ortega Martín, director de los servicios jurídicos del BBVA, y Óscar Santos Touche, responsable de disciplina y seguridad en la red comercial. Ambos aparecen señalados en el escrito por su papel en áreas sensibles relacionadas con las cláusulas suelo. Tambien aparece citado en el texto presentado ante los Tribunales el de Ignacio Moliner, actualmente alto directivo en CaixaBank, pero vinculado anteriormente al BBVA.
El eje de este nuevo frente son las cláusulas suelo y, en particular, lo que Pineda define como “cláusulas suelo fantasma”. “Aquellas que se cobraban sin que figurase ni siquiera en el contrato”, subraya. Es decir, prácticas que no solo habrían sido abusivas, sino directamente inexistentes desde el punto de vista contractual.
“Ya las cláusulas suelo fueron declaradas ilegales, pero es que aquí se fue más allá: se inventaron para cobrar más”, afirma. En su valoración, este tipo de actuaciones “repugnan a la inteligencia, a la moral y a la honorabilidad. Más aún en un sector de gran responsabilidad como la banca”.
El impacto económico fue importante. Según Pineda, el propio Banco de España llegó a reconocer irregularidades que obligaron al banco a devolver 100 millones de euros. “No en cierta manera, de forma absoluta, ese dinero se había detraído de forma ilegal a los clientes”, sostiene.
La base jurídica es clara: la normativa exige que los altos cargos mantengan en todo momento honorabilidad, competencia y experiencia. La imputación por delitos graves vinculados a la actividad bancaria podría suponer la pérdida automática de esa condición.
“Deben ser dados de baja del registro de altos cargos del Banco de España”, afirma Pineda. Y va más allá al señalar que el problema no es solo individual, sino estructural: “El sistema financiero descansa sobre la confianza, y esa confianza se ha quebrado”.
En este contexto, también introduce un elemento de máxima gravedad: la posible responsabilidad del propio banco como entidad. El Código Penal, recuerda, contempla sanciones que van desde multas hasta la disolución de la sociedad.
“La ley prevé perfectamente que ante acontecimientos tan graves se pueda pedir la disolución del banco BBVA”, advierte. Una hipótesis extrema, pero que no puede quedar completamente descartada.
¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si (1) No(0)
Si (
No(
