Quizá por eso sus palabras despertaron en mí una sensación de legítimo orgullo. Me siento orgulloso de haber bebido del saber de la Escuela de Salamanca, orgulloso de una tradición intelectual española que enseñó que el poder tiene límites, que la autoridad está sometida a la justicia y que la política no puede separarse de la moral sin corromperse, y orgulloso de unos maestros que tuvieron el valor de recordar a reyes y gobernantes que no todo lo que puede hacerse debe hacerse, y que la legitimidad del poder depende tanto de su ejercicio como de su origen.
No deja de ser paradójico que esa reivindicación se produzca en un momento en el que la política española parece caminar en dirección contraria a muchos de aquellos principios. La Escuela de Salamanca enseñó que el gobernante debía someter su actuación a exigencias morales superiores a su interés inmediato. La política actual, por el contrario, parece haber elevado la conveniencia táctica a la categoría de virtud suprema. Lo importante ya no es tanto si algo es justo, coherente o beneficioso para el conjunto de la nación, sino si resulta útil para mantener una mayoría, neutralizar una crisis o prolongar una legislatura.
Con todas las limitaciones propias de su tiempo, los maestros salmantinos formularon principios que siguen conservando una notable vigencia. Quizá por eso la referencia de León XIV resulta tan actual: llega en un momento en que España parece gobernada desde una lógica muy distinta, donde la rectitud moral cede terreno ante la conveniencia, la coherencia ante la oportunidad y el bien común ante la obsesión por la supervivencia política.
Los maestros salmantinos contemplaron con preocupación una realidad en la que las líneas rojas desaparecían con sorprendente facilidad, donde las convicciones se modificaban al ritmo de las necesidades parlamentarias y donde la permanencia en el poder parecía haberse convertido en el criterio supremo de actuación. Para ellos, la política era una responsabilidad moral; para demasiados dirigentes actuales, parece haberse transformado en una sofisticada técnica de conservación del poder.
Resulta difícil no advertir el contraste. Francisco de Vitoria y sus discípulos sostenían que la autoridad debía estar sometida a la verdad. Hoy da la impresión de que la verdad debe adaptarse a las necesidades de la autoridad. Lo que ayer era inaceptable hoy se presenta como imprescindible, lo que era un ataque al Estado de Derecho hoy se convierte en un ejercicio de convivencia, y lo que merecía una condena rotunda hoy recibe una justificación elaborada. Los hechos permanecen; lo que cambia es la conveniencia política de interpretarlos de una u otra manera.
La Escuela de Salamanca desconfiaba del poder sin límites porque conocía bien la fragilidad de la naturaleza humana; sabía que el gobernante no deja de ser hombre por ocupar un cargo. Por eso defendía contrapesos, responsabilidad y rendición de cuentas. Qué lejos queda esa prudencia cuando se cuestiona la legitimidad de cualquier crítica, cuando el control institucional se interpreta como una agresión y cuando toda discrepancia es presentada como un acto de hostilidad política.
Sin embargo, el alcance de esta reflexión va más allá de un gobierno concreto. Resulta evidente que Pedro Sánchez encarna hoy una forma de hacer política que ha llevado estas dinámicas a su máxima expresión, pero el fenómeno es más profundo y trasciende a una sola persona. Se trata de una cultura política que ha terminado considerando la coherencia como un obstáculo, los principios como elementos negociables y la permanencia en el poder como una justificación suficiente para casi cualquier decisión. En definitiva, una cultura en la que la aritmética parlamentaria parece haber desplazado a la reflexión moral y en la que la eficacia táctica ha sustituido a la virtud política.
Por eso el mensaje de León XIV resultó tan relevante: no fue únicamente una lección de historia ni una simple llamada de atención, sino un recordatorio de que una democracia necesita algo más que procedimientos y mayorías. Necesita principios, convicciones y gobernantes capaces de reconocer que existen límites que no deberían cruzarse, aunque hacerlo resulte rentable. La grandeza de la Escuela de Salamanca consistió precisamente en eso: en afirmar que el poder no es un fin en sí mismo, que la autoridad encuentra su legitimidad en el servicio al bien común, que la ley debe estar orientada por la justicia y que ninguna mayoría, por amplia que sea, puede convertir en moralmente correcto aquello que contradice los principios fundamentales sobre los que descansa una sociedad libre.
Quizá por eso las palabras del Papa resonaron con tanta fuerza. Recordaron a España una de las mejores tradiciones de su propia historia intelectual, devolviendo al centro del debate conceptos que hoy parecen incómodos como verdad, responsabilidad, coherencia, deber y bien común. Y porque, sin necesidad de señalar a nadie, ha dejado al descubierto la pobreza moral de una política que con demasiada frecuencia confunde gobernar con resistir, convencer con propagandear y servir con mantenerse.
Cinco siglos después, la pregunta de Salamanca sigue siendo la misma: ¿está el poder al servicio de la justicia o pretende que la justicia se ponga a su servicio?
Es precisamente la dificultad de responder honestamente a esa pregunta lo que explica la extraordinaria actualidad de aquellos viejos maestros.
Si (
No(
