Dos figuras legales que conviene no confundir
El primer error que comete un propietario afectado es tratar toda ocupación ilegal como un fenómeno jurídicamente homogéneo. El Código Penal distingue con claridad dos delitos que responden a supuestos distintos y llevan aparejadas consecuencias diferentes.
El allanamiento de morada, regulado en el artículo 202 del Código Penal, se aplica cuando el inmueble ocupado constituye la vivienda habitual del propietario, esto es, el domicilio en el que efectivamente reside o al que regresa de forma periódica. Se trata del delito más grave de los dos, castigado con pena de prisión de seis meses a dos años, precisamente porque protege un bien jurídico especialmente sensible: la inviolabilidad del domicilio.
La usurpación de bienes inmuebles, tipificada en el artículo 245 del Código Penal, resulta aplicable cuando el inmueble ocupado es una segunda residencia, una vivienda vacía, un local o cualquier otro inmueble que no constituye morada habitual de nadie. En su modalidad de ocupación pacífica (artículo 245.2) la pena consiste habitualmente en multa, si bien puede derivar en pena de prisión de uno a dos años cuando concurre violencia o intimidación en el acceso o la permanencia.
Esta distinción no es meramente académica: determina la vía procesal a seguir, la urgencia de la respuesta policial y judicial, y la estrategia probatoria más adecuada en cada caso.
La reforma de 2025: hacia un desalojo más ágil
El 3 de abril de 2025 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Su exigencia general de acudir a medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de numerosas demandas civiles habría hecho inviable, en la práctica, el tradicional desahucio por precario contra un okupa, al requerir acreditar un intento previo de acuerdo con quien ocupa sin título alguno.
La respuesta de la práctica jurídica ha sido reforzar el uso del juicio verbal de tutela sumaria de la posesión, regulado en el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), heredero del antiguo interdicto de recobrar la posesión. Esta vía no exige el trámite previo de MASC y está concebida como un procedimiento sumario, centrado en resolver con celeridad quién posee el inmueble y con qué título, sin entrar a discutir la propiedad en sentido pleno. Los plazos de resolución que vienen señalando despachos especializados son sensiblemente más cortos que los del procedimiento ordinario, aunque la duración real depende de la carga de cada juzgado: la agilidad perseguida por la reforma debe entenderse como un objetivo del legislador, no como un plazo garantizado en todos los casos.
La misma Ley Orgánica 1/2025 modificó además el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar el allanamiento de morada y la usurpación violenta o intimidatoria (artículo 245.1 CP) al catálogo de delitos que pueden tramitarse por juicio rápido, con señalamiento de juicio oral en un plazo máximo de quince días. Conviene matizarlo: la Circular 1/2025, de 26 de junio, de la Fiscalía General del Estado, ha aclarado que la ocupación pacífica del artículo 245.2 CP —el supuesto más frecuente en una segunda vivienda vacía— se considera delito leve y queda fuera del juicio rápido propiamente dicho, con su propio cauce procesal. La propia Fiscalía reconoce cierta imprecisión en la técnica legislativa, lo que aconseja prudencia ante promesas de plazos penales uniformes y refuerza el valor de la vía civil del artículo 250.1.4º LEC como cauce más predecible.
Okupa e inquiokupa: dos problemas, dos procedimientos
Conviene además distinguir la ocupación ilegal propiamente dicha de la situación conocida coloquialmente como "inquiokupación". En el primer caso, quien ocupa el inmueble nunca tuvo título alguno que legitimara su entrada. En el segundo, existe un contrato de arrendamiento válido que el inquilino incumple, habitualmente por impago de rentas. Se trata de supuestos jurídicamente distintos: mientras que la ocupación sin título puede combatirse por la vía penal (usurpación o allanamiento) y por la vía civil sumaria antes descrita, el impago de rentas por parte de un inquilino con contrato exige acudir al juicio de desahucio por falta de pago, regulado en el artículo 250.1.1º de la LEC, con sus propios plazos y requisitos de requerimiento previo. Identificar correctamente ante qué supuesto nos encontramos es el primer paso para elegir la estrategia legal adecuada y evitar dilaciones innecesarias.
Qué debe hacer el propietario, y qué debe evitar
La ley protege al propietario, pero exige de él una actuación diligente y ajustada a derecho. Entre las obligaciones y buenas prácticas que recomendamos destacan las siguientes.
En primer lugar, la denuncia inmediata resulta determinante: cuanto antes se ponga en conocimiento de la Policía y del Ministerio Fiscal la situación, mayores serán las posibilidades de actuar en fase de flagrancia y de acreditar que no existe consentimiento ni tolerancia por parte del titular.
En segundo lugar, el propietario debe acreditar su legitimidad sobre el inmueble mediante escritura pública, nota simple registral, recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o contrato de arrendamiento vigente. Esta documentación es imprescindible tanto en sede penal como en el juicio verbal del artículo 250.1.4º LEC.
En tercer lugar, es fundamental evitar cualquier actuación por la propia mano: cambiar la cerradura sin resolución judicial o policial que lo ampare, cortar los suministros, o emplear coacción hacia los ocupantes. Estas conductas, por comprensibles que resulten emocionalmente, pueden constituir en sí mismas un ilícito penal (coacciones, artículo 172 del Código Penal) e invertir en la práctica el papel de víctima y agresor.
Por último, el propietario debe tener presente que la protección reforzada frente al desalojo de colectivos en situación de vulnerabilidad se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, si bien esta moratoria no resulta aplicable cuando el inmueble ocupado constituye la vivienda habitual del propietario, cuando ha existido violencia o intimidación en el acceso, cuando se desarrollan actividades ilícitas en el inmueble, o cuando la ocupación es posterior a las fechas que marca la norma. Conocer estas excepciones con precisión evita que una moratoria pensada para proteger a familias vulnerables se convierta, por desconocimiento, en un obstáculo indebido para el propietario legítimo.
El papel decisivo de la prueba pericial
Tanto en la vía penal como en la civil, el resultado del procedimiento depende en gran medida de la solidez de la prueba aportada. Aquí es donde el trabajo pericial adquiere un valor determinante y donde, desde el Gabinete Lara Peritos, prestamos un apoyo técnico que complementa y refuerza la labor de los profesionales del derecho.
Los informes periciales que elaboramos documentan de forma objetiva el estado del inmueble antes y después de la ocupación, esencial para acreditar los daños materiales y sustentar la reclamación de responsabilidad civil derivada del delito. Elaboramos también valoraciones de la renta dejada de percibir durante la ocupación, prueba relevante para cuantificar el perjuicio patrimonial ante el juzgado, así como informes técnicos sobre el estado de instalaciones, suministros y habitabilidad, que en ocasiones resultan decisivos para acreditar la fecha aproximada de inicio de la ocupación.
Un informe pericial riguroso, elaborado por profesionales colegiados y con metodología contrastada, aporta al procedimiento un elemento objetivo que refuerza tanto la denuncia penal como la demanda civil, y que con frecuencia resulta determinante para que el órgano judicial resuelva con la celeridad que la propia reforma legislativa persigue.
Resumiendo
La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2025 supone un avance relevante en la protección procesal del propietario frente a la ocupación ilegal, al reforzar el cauce del juicio verbal de tutela sumaria de la posesión y ampliar, con matices, el acceso al juicio rápido penal. No obstante, esta protección legal solo despliega todo su potencial cuando el propietario actúa con diligencia desde el primer momento, conoce con precisión la vía procesal que corresponde a su caso concreto y sustenta su reclamación con una documentación y una prueba pericial sólidas.
Desde el Gabinete Lara Peritos acompañamos a los propietarios en este proceso, aportando el rigor técnico que exige cada procedimiento y trabajando de forma coordinada con sus abogados para que la defensa de sus derechos se apoye en pruebas objetivas y verificables. Quedo, junto con mi equipo, a disposición de quienes necesiten asesoramiento pericial ante una situación de ocupación ilegal de su vivienda.
Referencias normativas citadas (vigentes a fecha de publicación de este artículo, agosto de 2026)
- Código Penal, artículo 202 (allanamiento de morada) y artículo 245 (usurpación de bienes inmuebles).
- Código Penal, artículo 172 (coacciones).
- Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 250.1, numerales 1º (desahucio por falta de pago), 2º (desahucio por precario) y 4º (tutela sumaria de la posesión / recuperación inmediata de vivienda ocupada).
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 795 (procedimiento de diligencias urgentes o juicio rápido), en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025.
- Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE núm. 2, de 2 de enero de 2025), en vigor desde el 3 de abril de 2025.
- Circular 1/2025, de 26 de junio, de la Fiscalía General del Estado, sobre los delitos de usurpación y allanamiento de morada y el instituto de la conformidad en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
- Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, entre ellas la prórroga de la suspensión de desalojos de colectivos vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026.
Si (
No(
