Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por EMF cuestionan duramente y se muestran sorprendidas ante la deriva de la instrucción que se sigue en Las Palmas de Gran Canaria contra los supuestos testaferros de Teodoro Obiang (el empresario Vladimir Kokorev, su mujer y su hijo) por haber blanqueado presuntamente una cantidad cercana a los 20 millones de euros. La familia hispano-rusa, que acaba de cumplir dos años de prisión preventiva en el centro penitenciario insular de Juan Grande, se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial de Las Palmas decida a favor de su libertad, que condicionó al depósito de seis millones de euros, una cantidad que Vladimir Kokorev -enfermo y jubilado- ha sido por el momento incapaz de reunir desde que se fijase el pasado junio. La instrucción conducida por la jueza Ana Isabel de Vega ha sido denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial en una misiva remitida hace medio año desde el Parlamento Europeo. En los próximos días, además, varios eurodiputados darán testimonio desde Bruselas de lo que entienden significa una “vulneración de derechos humanos fundamentales” tal y como los amparan los tratados europeos, y una “vulneración clara del derecho de defensa”.
Fuentes de la Audiencia Nacional, tribunal especializado en la investigación de la delincuencia organizada, entienden que en el caso de la familia Kokorev “se está procediendo en apariencia a lo que la jurisprudencia impide: la búsqueda genérica y dilatada en el tiempo de infracciones penales a través de una causa general”. Esas mismas fuentes recuerdan que, de forma sistemática, “tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado contra las investigaciones policiales y judiciales en las que “se conectan datos reales pero aislados para darles categoría de pruebas sólidas, o se elevan por encima de su propia categoría hipótesis o especulaciones sin fundamento profundo, o se recurre a fuentes no suficientemente contrastadas”.
Asimismo, desde altas instancias de la Audiencia Nacional se añade que la prisión preventiva no puede mantenerse, “y mucho menos perpetuarse, para satisfacer la necesidad genérica de descubrir delitos”; y rematan subrayando que esta serie de factores es lo que evita que, en democracia, “cualquier ciudadano se vea sometido a una investigación tan dilatada como ésta [10 años después aún se espera auto de procesamiento] basada en apariencias de ilegalidad”.
En el entorno de la familia (cuya residencia durante más de dos décadas se ha movido entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria) se preguntan si hay “algún tipo de animosidad de juez y fiscal [Luis del Río Montesdeoca] hacia este empresario que ha acreditado a través de profusa documentación oficial todos sus negocios lícitos con el gobierno de Guinea Ecuatorial” y desconocen a qué se puede deber.
Vladimir Kokorev padece cardiopatía isquémica, parálisis intermitente en una pierna, mareos habituales con fuerte sensación de inestabilidad y cuadros de vértigo, hipertensión, diabetes y fuertes dolores torácicos que le obligan a ingerir numerosos medicamentos casi con carácter diario. Arrastra un infarto de miocardio y ha acreditado coronariografías que revelan su riesgo cardiovascular alto.
Precisamente desde el Parlamento Europeo se denunciará en las próximas semanas, según ha sabido EMF, no sólo la vulneración de derechos humanos fundamentales sino el falseamiento y tergiversación de informes policiales de la UDYCO en Canarias. Esta unidad policial sostiene en uno de sus informes que antes de ingresar en prisión “Vladimir Kokorev sufrió una intervención quirúrgica, si bien finalmente el médico forense expidió certificación de que se encontraba en perfectas condiciones para ser trasladado por las autoridades policiales españolas”.
En el sumario, tal y como han conocido diversas autoridades que tramitarán y darán voz a la denuncia en la Eurocámara, no consta ninguna certificación de un médico forense afirmando como -concluye el Inspector Jefe del Grupo I de la UDYCO en Canarias- que el investigado se encontraba “en perfectas condiciones”. En el Parlamento Europeo ya se conoce que este responsable policial mantuvo contactos y comunicaciones con un testigo convertido en fundamental para la acusación “de forma absolutamente extraprocesal e irregular, al margen del procedimiento debido”.
En los últimos días, la jueza Ana Isabel de Vega Serrano (sobre cuya actuación crecen los interrogantes, ahora desde la Audiencia Nacional) se ha negado a facilitar a los abogados de la familia hispano-rusa el volcado del contenido incluido en los diversos soportes informáticos incautados y pertenecientes a Vladimir Kokorev, su mujer Julia y su joven hijo Igor.
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No(
