La juez Ana Isabel de Vega, instructora del caso que se sigue en Las Palmas contra el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, Vladimir Kokorev, maneja abundante documentación (amplios reportajes fotográficos incluidos) que prueban los recursos materiales con los que -quien según la justicia canaria disponía de una ‘empresa fantasma’- desarrollaba en realidad sus actividades mercantiles en el sector naviero. En abundante material del sumario, al que ha accedido EMF, figuran numerosas facturas por servicios varios (de radio y otros soportes técnicos) referentes tanto a los barcos Djibloho como Mikue, en una serie de pagos cruzados algunos con la empresa International Shipping Advisors. De la misma manera, se recogen todo tipo de imágenes de las citadas embarcaciones desempeñando sus operaciones en el Golfo de Guinea, principalmente en instalaciones portuarias.
Hasta ahora, tanto el fiscal Luis del Río como los magistrados de la Audiencia Provincial en Gran Canaria han trabajado sobre la idea de que Vladimir Kokorev (que cumple 29 meses de prisión preventiva y enfermo, con problemas cardiovasculares, de visión, desmayos constantes en su celda y movilidad reducida en la cárcel de Juan Grande) disponía de una ‘sociedad sin actividad real’, Kalunga, que a modo de ver de los tribunales canarios se distinguió por la inexistencia de actividades económicas o comerciales, y producía negocios jurídicos ficticios o simulados careciendo de ingresos formales o actividad laboral.
El planteamiento, lejos de quedar acreditado por los anexos sumariales a los que ha accedido EMF, queda desvirtuado y se ajusta a la tesis de las defensas del jubilado empresario hispano-ruso: Kalunga es una sociedad constituida en escritura pública en Panamá en febrero de 1998, figurando como directores de la misma Vladimir Kokorev y su esposa Julia Kokoreva, y siendo su objeto social justificado ante las autoridades españolas precisamente “la construcción de buques”. Son justamente los contratos firmados con esta sociedad con el gobierno de Guinea Ecuatorial “para la construcción y mantenimiento de barcos de diferentes tipos” (como el Mikue o el Djibloho) los que originan los correspondientes pagos de los que trae causa el proceso, en el que se presume por la justicia canaria un lavado de dinero de unos 20 millones de euros.
La policía retiene, seis meses después, documentos clave del caso
Más de medio año después de que los abogados de la familia Kokorev solicitasen la entrega de todas las comunicaciones que durante un largo tiempo mantuvo la UDYCO canaria con el principal testigo del caso, Ismael Gerli, éstas siguen sin ser aportadas a la causa. Y ello, a pesar del amparo que después de junio de 2017 dio la Audiencia Provincial de Las Palmas el pasado 13 de diciembre para que la juez conociese estas comunicaciones clave (muchas mantenidas de forma extraprocesal).
Los letrados se han dirigido a la juez Ana Isabel de Vega, del Instrucción nº5, después de constatar que ya se han entregado 658 correos electrónicos cruzados entre este testigo y la fuerza policial. Revisados esos mails, además de los que resta por aportar a las fuerzas de seguridad, tampoco se han entregado los que hacen referencia a las comunicaciones mantenidas por el propio Gerli con Francisco Gabriel Maroto Almarcha, Agregado de Interior de la Embajada de España en Panamá.
En las comunicaciones ya aportadas se constatan, según ha sabido EMF, las propias visitas del testigo Gerli (investigado por graves delitos en su país) en la sede de la legación española en Centroamérica; y otras conversaciones desarrolladas al margen del proceso judicial y de las que o no se levantó acta o este funcionario no ha considerado entregarlas, contraviniendo a la AP de Las Palmas.
En los propios mails ya conocidos por el juzgado se revela no sólo la familiaridad de la policía en el trato con Gerli sino las advertencias que le hacen los agentes para que se abstenga de filtrar información a los medios de comunicación, al incurrir (estando sometido al secreto de sumario) en delito de “revelación de secretos” y al perjudicar a la propia investigación.
En este rocambolesco estado se haya el proceso más de una década después de su inicio, con Vladimir Kokorev en un estado de salud crítico y con el Comité de Peticiones de la Unión Europea y la Fiscalía General del Estado tramitando múltiples denuncias que han llegado a las instituciones comunitarias por vulneración de derechos humanos e irregularidades en el procedimiento.
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