La dilatada investigación al ‘amigo’ hispano-ruso de Teodoro Obiang, Vladimir Kokorev, ha vuelto de nuevo a Guinea Ecuatorial. La jueza canaria Ana Isabel de Vega ha pedido a las autoridades de la antigua colonia española, a través de comisión rogatoria, que confirmen y ratifiquen íntegramente la autenticidad y el contenido de los pagos hechos por el Estado a Kokorev, hace ahora quince años, por los servicios que éste prestaba al proporcionar embarcaciones, repararlas y mantenerlas a beneficio del país africano, unas operaciones comerciales por las que la sociedad del presunto testaferro del líder ecuatoguineano percibió unos veinte millones de euros. Se da la circunstancia de que hace más de un año, mientras el empresario ya jubilado estaba en prisión preventiva en la cárcel canaria de Juan Grande (allí sumó 30 meses) sus abogados aportaron a la causa, para conocimiento de jueza y fiscal, una colección de contratos y facturas soportando las cantidades que se pusieron bajo sospecha. Ya entonces se produjo una confirmación oficial de todas las transferencias, acreditando Guinea Ecuatorial que todos los pagos se habían llevado a cabo conforme a la legislación interna del país, la misma que se aplica a multitud de empresas españolas que llevan a cabo allí distintas actividades comerciales de venta de productos o prestación de servicios.
Precisamente esta ‘duplicación innecesaria’ de la justificación de las operaciones comerciales, lleva a preguntarse a Antonio José García Cabrera, abogado de la familia asentada en Las Palmas a la espera del sobreseimiento de la causa o el auto de procesamiento, “cómo es posible que estando justificado el cumplimiento normativo, y estando acreditado que las ‘operaciones sospechosas’ se llevaron a cabo de acuerdo a las especificaciones, las normas, las leyes y los reglmentos pertinentes, se insista de manera inmotivada en sembrar la duda produciendo la apariencia de un proceso interminable y sin rumbo”.
Precisamente las ‘dilaciones indebidas’ en la instrucción, que se prolonga durante una década, es una de las causas por las que el caso desembocará en breve en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La otra afecta directamente a la falta de control judicial sobre el material incautado y/o manejado por la UDYCO canaria en la causa contra Vladimir Kokorev. Los propios agentes, denunciados por las defensas del empresario por presunta manipulación policial, declararon ante la jueza en relación a ese material que “no se ha hecho bien, intentamos manipular lo menos posible”.
La base de esa denuncia recae en una pericia informática independiente, que será anexada a la causa en la justicia europea, y que acredita que la policía canaria alteró material informático usado para incriminar a Kokorev. El propio inspector policial, en relación a un USB clave que era supuestamente una ‘mina de información incriminatoria, admitió que “no podemos demostrar el origen o la propiedad del pendrive (…) cómo vino o dejó de venir información es algo en lo que no entramos (…) no planteamos, no indagamos en la fuente”.
Accesos a materiales y manipulación “sin autorización judicial”
A más abundamiento, el máximo responsable policial que se encargó de reactivar este proceso ‘dormido’, ahora tres años, admitió que “no podemos demostrar que el pen drive es propiedad de Igor Kokorev [hijo del empresario y también investigado en la causa] (…) accedimos al contenido sin autorización judicial (…) en el Informe Final íbamos a reconocer que habíamos manipulado el pen drive (…) si hay documentos eliminados [como ha probado la pericia científica presentada ante la jueza y el fiscal], lo hemos hecho nosotros, porque hemos manipulado”.
El conjunto de procedimientos usados al margen de los protocolos reglamentarios durante la instrucción llegó hace meses al Comité de Peticiones de la Unión Europea, a la Fiscalía General del Estado y al propio Parlamento Europeo, y ahora la denuncia entre en una nueva fase desembocando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encargado de la revisión de caso.
En ese punto se delimitará hasta qué extremo la cadena de custodia ha sido en el ‘caso Kokorev’ “un procedimiento controlado aplicado a los indicios relacionados con el delito de blanqueo, desde su localización hasta su valoración sin vicio por los encargados de su análisis”. Se concluirá en qué medida se han evitado (o no) alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones de las supuestas evidencias. El Estado español se vería obligado a reparar el daño con fuertes indemnizaciones.
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