Dice el proverbio popular que en un país de ciegos, el tuerto es el rey. Y en el Caso Singue, esa sabiduría parece cumplirse con exactitud, cuando los argumentos técnicos de la defensa se invisibilizan frente a las tesis de quienes solo ven lo que quieren ver. “Como decimos los abogados, el papel aguanta todo. Cualquiera puede denunciar lo que se le ocurra, pero, evidentemente, los jueces tienen que, en mérito de los hechos, y, si no conocen la materia, con suficientes experticias o pericias técnicas, orientar de mejor manera sus decisiones y evaluar el caso de manera independiente y absolutamente técnica.
Las personas no somos dioses y nos podemos equivocar, pero tanto la Contraloría General del Estado como la Fiscalía General del Estado deberían manejar este caso en particular de manera más consciente. El país necesita un baño de institucionalidad”, explica el abogado en Arbitraje Nacional e Internacional y Presidente de la Comisión Petrolera del Ecuador, Gonzalo González.
El especialista añade que la Fiscalía General y Jueces de la sala penal deben actuar institucionalmente. “La independencia de poderes es un requisito esencial en la democracia y en un Estado de derecho. Ese ejercicio de la justicia, que es lo más importante dentro de una sociedad democrática, tiene que ser absolutamente imparcial y completamente técnico, alejado de incidencias o presiones de carácter político, mediático y, peor aún, de carácter electoral”.
Al profundizar en los problemas que atrae las limitaciones técnicas dentro de un proceso legal, el ingeniero petrolero, quien además es consultor e investigador hidrocarburífero, Héctor Paz y Miño, lamenta que sea una práctica común discutir temas trascendentes de manera muy superficial. ¿Por qué lo dice?, porque, según este conocedor del tema energético, el Caso Singue se origina en un informe de Contraloría que contiene una serie de apreciaciones que revelan un desconocimiento craso, inclusive de conceptos fundamentales relacionados con el negocio petrolero.
“Partimos de una discusión poco enterada de los hechos. Es una pena que exámenes especiales de Contraloría no las realice gente conocedora de la industria. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una auditoría de estados financieros, contrataría a un profesional calificado para ello, lo mismo debería ocurrir en el sector petrolero. Si para la auditoría de un tema no se cuenta con especialistas, se debe recurrir a una asesoría externa, pero lamentablemente a los entes de control no les son asignados los debidos recursos para este fin”.
La Constitución dice que solo por excepción el Estado delegará la explotación de los recursos estratégicos a la gestión privada. Pero resulta que el Estado no tiene dinero para hacerlo y, cuando recurre a la gestión privada, esta se topa con toda clase de trabas y problemas, asegura Paz y Miño.
Para este experto, está muy clara la deficiencia técnica de Contraloría y Fiscalía que les lleva a cometer un grave error en el Caso Singue. Uno de los principales aspectos es que se utiliza como argumento que en ese campo han habido muchas más reservas de aquellas con las que se contrató a la empresa. El propósito de los contratos petroleros es incrementar las reservas y la producción. Se contrata con empresas privadas, porque el Estado o no desea o no puede asumir el riesgo que conlleva el desarrollo de esos proyectos. Las reservas son, por su naturaleza, un estimado, sujeto a muchas variables, no solo a los volúmenes acumulados en el subsuelo. De hecho, el monto de las reservas puede variar en el tiempo, ya sea a la baja o al alza, en función a múltiples factores, incluso, entre ellos, el de los precios internacionales del petróleo.
“Las reservas de petróleo no son reservas de dinero, que se guardan en un banco y que al abrir la bóveda están allí. Eso no es así. Los volúmenes se infieren con base en la información que obtenemos cuando perforamos un pozo o varios pozos. Mientras más pozos perforamos en una estructura, mejor información podríamos obtener, pero, como las reservas están a tres kilómetros de profundidad, la información exacta puede verse limitada. Entonces, por naturaleza, los volúmenes de recursos petroleros y las reservas son un tema incierto. En el caso Singue, se las ha discutido como que fueran un botín o como que en el subsuelo hubiese una piscina cuyo volumen se conoce exactamente. La compañía asumió que había dos millones de barriles y resulta que no ha habido dos sino 12 o 15. Entonces, este es un primer tema que demuestra evidencia la ligereza con que se han manejado los conceptos petroleros”, según Paz y Miño.
Otro tema que se está equivocado es el referente a que la empresa utilizó información privilegiada para el contrato, porque hubo un supuesto estudio de una compañía china que estimó las reservas en 20 millones de barriles y no los dos millones. El argumento se diluye porque aún si se hubiera estimado que había 20 millones de barriles, la compañía, con las inversiones de aproximadamente USD 28 millones que comprometió para la extracción de dos millones de barriles, no iba a poder recuperar los 20 millones. La compañía comenzó a trabajar, cumplió con las inversiones mínimas previstas en el contrato, pero se dio cuenta que había perspectivas adicionales e inyectó un mayor capital, en alrededor de USD 140 millones. El Estado ganó más con ello.
Cabe recordar que Singue, desde 1997 hasta el 2011, en que se contrató el campo, no había producido un solo barril de petróleo y el único pozo perforado que producía muy poco estaba cerrado. “Es como que tuviéramos una finca de 10 hectáreas y, en algún momento, intentáramos sembrar algo y no se nos da. Alguien viene y nos dice: saben qué, voy a invertir a mi riesgo, les entregaré toda la producción y, de lo que vendan, denme el 30%. Listo. Firmamos el contrato, el inversionista empieza a producir y resulta que las cosas van bien y la finca comienza a producir en gran volumen. Vemos lo rentable que es y le decimos que nos está robando porque nos cobra el 30% de toda esa jugosa producción. Pero veamos cuál era la realidad antes. ¡No producía nada! En ese tipo de consideraciones está el caso Singue, se habla de peculado, no soy abogado, pero sé que el peculado está definido como el robo o apropiación indebida de fondos públicos en beneficio de un tercero. Yo digo, ¿dónde están los fondos públicos del peculado?, no se entiende, es decir, no existe el cuerpo del delito”, puntualiza Paz y Miño.
RESALTADO
El Caso Singue se origina en un informe de Contraloría que contiene una serie de apreciaciones que revelan un desconocimiento craso, inclusive de conceptos fundamentales relacionados con el negocio petrolero.
La compañía asumió que había dos millones de barriles y resulta que no ha habido dos sino 12 o 15. Entonces, este es un primer tema que demuestra evidencia la ligereza con que se han manejado los conceptos petroleros.
Singue, desde 1997 hasta el 2011, en que se contrató el campo, no había producido un solo barril de petróleo y el único pozo perforado que producía muy poco estaba cerrado.
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