El experto explica que el conflicto principal de este acuerdo reside en los cargos de las partes intervinientes en el negocio jurídico y sus propios intereses económicos, pues de un lado está el regulador, su máximo responsable, y de otro un futbolista en activo, que además, es propietario de la empresa que intermedia en el negocio jurídico.
En este sentido, el abogado reitera que cualquier programa de compliance “debería establecer una política de conflictos de intereses que prohibiera a sus directivos o jugadores hacer negocios de forma directa con un regulador, y más si se trata de un miembro de la junta directiva tan cualificado como su presidente, de la misma manera, el regulador tiene que establecer cauces para evitar situaciones de riesgo, máxime cuando sus directivos tienen variables sobre las operaciones, y tratan con jugadores que están en activo e intervienen a través de sociedades de su propiedad en temas que afectan a la competición, se podría desvirtuar la competición en cualquier momento”.
Un riesgo alto de delito de corrupción
Tras destaparse estas negociaciones, tanto Piqué como Rubiales aseguraron que, pese al conflicto de intereses que estas pudieran suponer, no se ha incurrido ningún tipo de delito.
“Es evidente que existe un conflicto de interés, porque puede, en primer lugar, afectar a la competición, puede haber una desvirtuación de los resultados futbolísticos, puede haber una adulteración de la competición y, más importante, se podría incurrir en un delito de corrupción en los negocios”, detalla.
En definitiva, el experto afirma con rotundidad que “los programas de compliance no han funcionado, pues este tipo de operaciones habrían despertado alarmas que deberían haberse gestionado con más profesionalidad y transparencia. Al final, se ha demostrado que, en algunas organizaciones, la cultura de compliance todavía no ha calado”.
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