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LA MEMORIA HISTÓRICA ES PARCIAL Y CONTRA LA RECONCILIACIÓN

Los defensores de la Transición cuestionan el proyecto de Ley de Memoria Histórica

Los defensores de la Transición cuestionan el proyecto de Ley de Memoria Histórica
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· No aceptan que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica ni que se considere como período sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas

martes 12 de julio de 2022, 13:07h

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de muy distinta procedencia política, tras haber examinado el estado actual del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, en tramitación en las Cortes Generales, se han sentido en el deber cívico de manifestar nuestra oposición a la orientación que el Proyecto ha tomado, y queremos trasladarla al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española. Afirman que comparten el objetivo de reivindicar la memoria de tantas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior, contribuir a superar las secuelas de aquel conflicto y a promover la concordia y la convivencia. Y apoyan y respaldan cuantas acciones desplieguen los poderes públicos para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil, así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición. Creen, en definitiva, que la Transición fue buena para España y los españoles, que estuvo bien hecha y no creen que se deba cuestionar desde postulados marginales o radicales.

Y continúan afirmando en su manifiesto lo siguiente:

Nuestro vigente sistema democrático se fundamenta en ese gran “pacto constitucional” de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de españoles. Y, por ello, no podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica, como hace el Proyecto de Ley, incluso abriendo la posibilidad de extender el “periodo sospechoso” de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983, etapa en la que se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, además de las correspondientes municipales y autonómicas, y el normal funcionamiento de las instituciones y de los tribunales de justicia que permitía el enjuiciamiento de cualquier conducta que atentara contra los derechos de las personas, como ocurrió en numerosas ocasiones.
Nos preocupa que esa extensión se haya incorporado al Proyecto de Ley a través de una propuesta acordada expresamente con el grupo político Bildu, expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas bien recordadas, sin que el citado grupo aún no haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes
La reconciliación fue una de las claves de la experiencia histórica de la Transición, una experiencia compleja y no exenta de dificultades en la que los españoles quisimos superar lo que había sido un largo periodo de las “dos Españas”, excluyentes y enfrentadas. Así lo hicimos y así quedó plasmado en la Constitución de 1978. Personalidades relevantes que habían pertenecido a los dos bandos de la guerra civil, con el inequívoco apoyo de una gran mayoría social, concordaron entonces el camino hacia una España democrática e integrada en un nuevo proyecto de Europa, que también influyó decisivamente en aquel trance.
A ello contribuyó de forma elocuente la Ley de Amnistía de 1977, que también el Proyecto de Ley, en su Exposición de Motivos y en su artículo 2, parece desmerecer, tal vez sin tener suficientemente en cuenta principios jurídicos básicos, como son los de legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad de normas no favorables, etc., que tienen por finalidad limitar o evitar la arbitrariedad y que están expresamente recogidos en el artículo 9.3 de nuestra Constitución.
Percibimos, además, que el Proyecto de Ley pretende establecer una “verdad oficial”, amparada en lo que se configura como un “deber de memoria democrática”, que abarca los dos siglos de la historia contemporánea de España.
SOLICITAMOS al Gobierno, a su Presidente, y a los responsables de los Grupos parlamentarios la retirada del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, aún posible en la tramitación parlamentaria pendiente, con el fin de restaurar el necesario consenso en esta materia, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el futuro de nuestra democracia.
Firman este manifiesto de la Asociación para le Defensa de los Valores de la Transición:
- Andrés Casinello, presidente de honor de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, teniente general, fue director del SECED (predecesor del CESID) en 1976-1977
- Emilio Contreras, presidente, fue gobernador civil de Ávila y Santander entre 1977 a 1982
- Carlos Miranda, vicepresidente, fue embajador de España en la OTAN (1991-1996 y 2008-2012) y en el Reino Unido (2094-2008)
Vocales:
- José María Mohedano, fue diputado entre 1989 y 1996 y secretario del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
- Luis Berenguer, fue diputado (1979-1993, UCD y PSOE), eurodiputado (1999-2004, PSOE) y presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (2005-2011)
- Carmela Garcia Moreno, fue diputada (1979-1986, UCD y PSOE) y senadora (1986-1989, PSOE)
- Abel Cádiz, fue presidente de UCD-Madrid y miembro del Consejo Político Nacional de UCD (1978-1980), miembro del Comité Ejecutivo del CDS (1983-1986) y diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid (CDS 1987-1991.
- Fernando Martin Corroto, abogado y secretario de la Asociación
Apoyan este Comunicado
- Fundación Transición, integrada por ministros, diputados y senadores de UCD, que preside el ex ministro Rafael Arias-Salgado
- Javier Rojo, ex presidente del Senado
- Juan José Laborda, ex senador constituyente y ex presidente del Senado
- Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de la Historia
- Julián Garcia Vargas, ex ministro de Sanidad y Defensa
- Javier Sáenz de Casculluela, ex ministro de Obras Publicas y ex presidente del Grupo Parlamentario Socialista
- José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía
- Julián Garcia Valverde, ex ministro de Sanidad y presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba
- Araceli Pereda, historiadora del Arte
- Pedro Bofill, ex diputado y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE
- Marcos Peña, ex presidente del Consejo Económico y Social
- Salvador Clotas, ex diputado del PSOE
- Elena Flores, ex diputada, ex secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva del PSOE
Francisco Vázquez, ex alcalde de A Coruña y ex diputado
Juan Colino, diputado constituyente
Ana Miranda de Lage, ex diputada, ex eurodiputada, ex secretaria de Comunicacion de la Ejecutiva del PSOE
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Político
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona
Juan Francisco Fuentes, catedrático de la Universidad Complutense e historiador
Javier Tajadura, profesor titular de Derecho Constitucional
Miguel Ángel Pesquera, catedrático de la Universidad de Cantabria
Jesús Romero Trillo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Jordi Canal, profesor de la Escuela de Altos Estudios Sociales de Paris
Francisco Ruiz Ruiseño, abogado del Estado y ex miembro de UCD
Alejandro Cercas, ex diputado y ex eurodiputado del PSOE, y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE
Paulino Plata, ex consejero de la Junta de Andalucía
Juan Carracao, ex senador del PSOE
José Acosta, ex diputado del PSOE
José María Mújica
Fali Delgado
Gonzalo Pino, ex secretario general de UGT de Valencia
Francisco Moreno Franco, ex senador del PSOE
Pascual Marcos Sebastián, ex senador
Tomas Gómez Franco, ex alcalde de Parla, PSOE
José Sayagués, ex secretario de Administración Local de la Federación de Servicios Públicos de UGT
Rafael Fernandez Sánchez, ex director general de Carreteras del Mopu
Fernando Sáez de Casculluela
Ricardo Pérez-Solero Puig, jefe del gabinete del ministro de Obras Publicas 1989-1991
Rafael Vera Fernandez-Huidobro
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares
Josep María Prat Sabàt, abogado
Paz Martin Lozano, empresaria
Candela Mora González, empresaria
Maite Fernandez Cuartero, TAC y escritora
Miguel Ángel Entrena Abad, abogado
Antonio José Yáñez González, químico
Antonio Martínez Cañavate, abogado
Luis Picazo Martínez, psicólogo
Javier López de Ceballos, ganadero
Antonio Delis López, empresario
Enrique Sanz Burgos, abogado
Julio Rodríguez López, doctor en Economía
Zacarías Martínez-Maillo, abogado
Luis Moya Jimeno, ingeniero
Gregorio Surdo Jiménez, doctor en Energías Renovables
Juan José Manrubia Garcia, historiador
José Moral López, historiador
José Carlos de los Riscos Hidalgo, miembro del PSOE
Miguel Cid Cebrián
Mariano del Mazo Unamuno
Antonio Luis Hernández Hernández
José Luis Fernández-Cuartero Paramio, Cuerpo Superior de la Administración del Estado
Miguel Ángel Entrena Abad, abogado
Germán Rodríguez Adrio, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración
Juan Carlos Rodríguez
Eulalia García López, sindicalista
Felipe Guardiola
Emilio Hernádez Revuelta
Daniel Múgica
Javier Quero
Salvador Fernandez Moreda
Federico Mañero
José Noguera
Rafael Estrella
David Ortega
Rafael De Francisco López
Yasmina Aidi
Guillermo Fernandez Reguera
María Ortega Mayals
Antonio Lozano
Consuelo Justo Rodríguez
Leonor Justo Rodríguez
Gustavo Moreno
Miguel Sánchez Iniesta
Pablo Hernández Arroyo
Jaime de Justo Ortega
Pablo de Justo Ortega
Juan de Justo Rodríguez
José María de la Riva
Pedro Jose Méndez Zas
Jose Manuel Díaz Martínez
María Uzal Blanco
Guillermo Cedillo
Enrique Leon Calviño
Manuel Salgueiro Tizón
Moisés Rey Martínez
José Luis Méndez Romeu
Antolín Sánchez Presedo
Fernando Sanz
Mónica Preyades
Josefa Vega
Juan Márquez Fernández
Francisco Núñez Roldán
María José González Carazo
Antonio Núñez Roldán
José Luis Sáez Mojarro
Víctor López Garcia-Aranda
Juan José López Garzón
Alfonso Garrido Ávila
Irene González Carazo
Irene Garrido González
Manuel Blanco Vázquez
José Manuel Romero Gómez
José Manuel Macarro Verá
Vicente Ramos Cecilio
Pedro Miguel González Márquez
María del Carmen Muñoz García
Eduardo Bacedoni Bravo
José María Martínez Macarro
Jesús Donaire Vázquez
Gregorio Domínguez Mellado
Manuel Eugenio Romero Castilla
Jesús Quero Molina
Manuela Benjumea García
Manuel Ortiz Cuevas
Manuel Hidalgo Aguilar
Antonio Serrano Aguilar
Juan Antonio Iglesias Mireno
María Dolores Gallardo Blanco Morales
José Carracao Gutiérrez
Francisco Murillo Cabezas
Juan Manuel Pérez Conpany
Francisco Josė Espinosa Peñuela
Julio Marvizon Preney
Manuel Muñoz Carmona
María del Sagrario Fernandez Casado
Pedro Rodríguez Bueno
Antonio José Mazo González
Francisco Gómez Águila
Francisco Contreras Perez
Félix Soto Pérez
José Sayagues Román
Eladio Garcia López
Juan Carlos Rodríguez Gil
Carmen Domínguez Adrio
Ángel Carrión Carrascosa
Antonio Cardenas Jiménez
Sagrario Galván Pascual
La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición se fundó en 2007 para defender la reconciliación entre la españoles que se plasma en la Constitución, y el acuerdo y el pacto para abordar la solución de los asuntos que, al margen de los legítimos programas de gobierno, afectan a la convivencia entre los españoles. La fundaron un grupo de colaboradores muy cercanos a Adolfo Suárez, y pronto se unieron a ella miembros de los partidos que jugaron un papel determinante en los años de la Transición.
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