Vivimos un tiempo en que el esfuerzo para hacer prevalecer un relato se aplica en todos los frentes: medios de comunicación, tertulianos afines, programas televisivos, todos compiten por imponer el suyo. En el caso que nos ocupa, Pedro Sánchez y sus aliados quieren que asumamos tres ideas: A) que nuestro código penal debe rebajar las penas por sedición porque son desproporcionadas. B) que tal decisión no tiene nada que ver con acuerdos para que se aprueben los presupuestos. C) que de ninguna manera quepa considerar que lo que hizo el independentismo en el año 2017 fuese otra cosa que meros disturbios.
Ahora analicemos, con objetividad y buena fe, si lo que dice Sánchez es asumible, pero antes me permito una mínima referencia a lo que hizo la República cuando en 1935 Lluís Companys declaró el Estado Catalán: una condena a 35 años de prisión, la suspensión indefinida de la autonomía, clausura del Parlamento catalán y nombramiento de un gobernador general para Cataluña designado por el presidente de la República. Mucho tiempo después, el independentismo ha vuelto a las andanadas y, de hecho, anuncia que seguirá intentándolo: Puigdemont declaró la independencia y huyó a Bruselas cuando el gobierno decidió aplicar un art. 155 que resultó poco eficaz por su corta duración, pero los coautores fueron juzgados y condenados. Sánchez les ha concedido el indulto y ahora estamos en una fase en la que se reducirán las penas por sedición y se cambiará el tratamiento del delito de malversación en el que incurrieron al destinar fondos públicos al intento independentista.
Las hemerotecas nos muestran un primer Sánchez declarando que aquello fue rebelión, pero con el tiempo sus declaraciones dan para probar lo que se desee. Por tanto, sigamos otra vía: empecemos por recordar que tanto Puigdemont como sus cómplices prometieron lealtad a una Constitución en la que la integridad de España es sagrada, y no es admisible que el independentismo se quiera apropiar de una parte de lo que es de todos: el legado histórico que forma el sentimiento patriótico de los españoles, por más que haya quienes no se sientan como tales. Tras esta razón fundamental, procede pensar si no es traición crear un aparato organizativo para intentar separar una parte de España y que se fragüe con recursos del Estado, desde instituciones y partidos financiados por el sistema que nos hemos dado los españoles en referéndum constitucional con voto favorable incluso en Cataluña, aunque quepa señalar que Pujol todavía no había aplicado el Programa 2000, de pura manipulación social para recrear el nacionalismo excluyente, que ha dado paso al independentismo.
Citemos otros argumentos del debate público. Elijo el del abogado Tseva Rabtan que recuerda en El Mundo, como Patxi López, portavoz del grupo socialista, afirmaba que no existía un texto para la reforma del delito de sedición y dos días después registraba el documento en las Cortes. Por ello, asevera en su artículo que la reforma es un caso extremo de corrupción por cuanto es el precio que se paga por el apoyo de aquellos a los que beneficia. Otro argumento de peso por provenir de un primer espada del periodismo desde la transición, como Juan Luis Cebrián, lo publica El País, nada sospechoso de criticar a Sánchez, y señala que todo proceso penal tiene como finalidad que el autor no reincida en el delito y que los demás se abstengan de cometerlo. Tras la pedagógica explicación escribe: cuando los condenados por el juicio del procés han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo, la maniobra de Pedro Sánchez solo evidencia su sumisión a la paranoia de los independentistas.
No faltan voces coreando las ideas de Sánchez, bajo el maquillaje de que calmarán el independentismo y asegurarán la concordia. Podríamos incluso apuntarles que una manera más eficaz de calmarlos es dejar que desaparezca el poder del Estado en Cataluña, incluyendo el idioma español. El hecho cierto es que esas voces solo quieren mostrar adhesión a Sánchez con la misma fe que pone Tezanos en convencernos con sus encuestas, aunque en el caso Tezanos cabe empatizar ¿Qué no haría o diría un jubilado setentón si se sustituye su pensión por un sueldo anual de 100.000 euros? Lo que es más difícil de entender, mirando lo que ha significado el PSOE en la Transición, es que esté derivando a esa cosa que ha empezado a llamarse sanchismo.
Por último, quiero traer una cita que incluí en La Historia del poder, analizando la carga de sentimientos y emociones que envuelve el procés, que ha blindado la mente de los independentistas. Es del filósofo José Antonio Marina que afirma: no se puede discutir con quien niega principios. Por tanto, nada mejor que acudir a la historia maestra de la vida; ella nos enseña que todo conflicto en que se confrontan ideas blindadas por la pasión ha de resolverse en clave de poder legítimo, y no de imposible diálogo. Para encauzar ese principio, las democracias avanzaron hasta crear un marco en el que toda conducta tenga el límite fijado por la ley. Solo sin adulterar las leyes evitaremos que se repitan conductas como las que se permite anunciar el independentismo.