Es sabido que la enfermedad, que sigue entre nosotros y tal vez para siempre, ha levantado, además de un inmenso dolor, grandes interrogantes y debates en muchos frentes: científicos, sociales, “comerciales”, morales , políticos, procedimentales, conspirativos… En este reducido billete sólo proponemos remarcar un aspecto político social que nos parece de relevancia. Todas las democracias afectadas se vieron absolutamente sobrepasadas por la tragedia y tomaron medidas drásticas, muy a ciegas, ante el pánico. Muchas de ellas, con el tiempo transcurrido, se han demostrado exageradas, a veces contraproducentes y a veces lesivas. En España se dio una situación de severos recortes de los derechos democráticos, civiles, y/o fundamentales de los españoles. Todo ello se asemejó a la reacción frente a un estado de ataque exterior y así lo planteó el Gobierno (recordemos las intervenciones de distintos generales en la campaña de concienciación y motivación de la población) para imponer restricciones severas a nuestros derechos democráticos, y lo que es inadmisible, ceder la disposición de dichos derechos a autoridades regionales (recordemos que unas aceptaron la ayuda del ejército, y otras no…). Con la verdad por delante nos satisface que los españoles reaccionaran, a través de la democracia representativa y como en ninguna otra parte, declarando inconstitucional la forma en que se nos recortaron nuestros derechos civiles. Entendemos que el confinamiento, en esos momentos, era necesario, por lo que, coherentemente con su enfoque, el Gobierno debía imponer un Estado de excepción nacional. Sólo impuso un reiterativo estado de alarma. ¿Cuál es la diferencia? Absolutamente esencial. El Estado de excepción hubiera obligado al Gobierno a acudir cada quince días al Parlamento y someter a su seguimiento político las medidas que tomaba, entre otras la inconstitucional de ceder nuestros básicos derechos fundamentales a autoridades regionales. Es decir el Gobierno ejerció el poder de manera poco democrática, mostró su filia hacia cierto totalitarismo anulando largo tiempo el control parlamentario, a la vez que abandonaba sus responsabilidades en manos de autoridades bisoñas y regionales, sin medios ni instrumentos y peleando entre sí.
Existe una corriente de pensamiento que, ante la constatación de la inconstitucionalidad del ataque antidemocrático que supuso la forma del confinamiento, lamentan la “excesiva sumisión” del pueblo español que no se rebeló e incumplió las órdenes. No nos parece justo, el pueblo español reaccionó con seriedad, solidaridad y disciplina ante la terrible y trágica situación. Además, si muchas “torpezas” de los gobiernos de los países no son reprochables por la desazón del pánico y la falta de conocimiento del primer año, qué decir de la reacción popular, totalmente angustiada y desinformada. No, la disciplina de los españoles demostró solidaridad, disciplina y seriedad. Dónde sí parece discutible, por decirlo con caridad, es que posteriormente, es decir ahora, el pueblo español no pase factura política al Doctor Sánchez y no repudie a un torpe que, además, ha atentado contra nuestros derechos básicos. La sentencia del Tribunal Constitucional, muy importante, no sólo no va a tener consecuencias prácticas, sino que, según parece por los sondeos, no va a tener sanción política. Y eso sí es muy, pero que muy fragilizador para una democracia. Tal vez el profesor Tamames, en el día de hoy, trate el tema y sirva de voz de alarma que despierta. Si es que aún somos despertables…
Si (
No(
