Una de las principales novedades que introduce esta ley es la limitación de los precios de los alquileres en zona de mercado tensionado. Esas zonas son aquellas en las que existe una elevada demanda de vivienda en alquiler y una oferta limitada lo que provoca que los precios de los alquileres sean muy elevados. Con esta nueva ley que intentan hacer digerir a los propietarios de vivienda se establece un índice de referencia de precios que los propietarios no podrán superar en más de un 10% en estas zonas, limitando a su vez la duración de los contratos de alquiler a un máximo de 7 años excepto en casos en los que los arrendadores sean una persona jurídica en cuyo caso el contrato podrá tener una duración de hasta 10 años. Para nadie es difícil entender que un propietario cuyos precios y duración de contratos se vean limitados por ley aumentará el precio de salida al mercado de alquiler de sus viviendas en previsión de posibles paralizaciones a la hora de revisar rentas con sus inquilinos. Esto no solo dificultara el acceso a la vivienda a nuevos inquilinos sino que generará un parque de alquiler blindado y ostensiblemente mermado por el desánimo y la preocupación de los tenedores o grandes tenedores de vivienda en alquiler. Exactamente lo contrario al efecto buscado por estas medidas sin sentido y tan carentes de análisis previo.
Otras consecuencias de la ley en la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las personas más vulnerables. Considerando como más vulnerables aquellas familias con menores, personas mayores o con discapacidad y todas aquellas personas con vulnerabilidad económica, tan abundantes por otro lado en este nuestro país, esta medida se aplica tanto a casos de impago de alquiler como a los de ejecución hipotecaria. Además, se establecen medidas para facilitar el acceso a la vivienda a personas recogidas en este segmento como la creación de un Fondo Social de viviendas en alquiler. Una vez más nuestro actual gobierno y su manera precipitada y aleatoria de legislar atacan a la línea de flotación de los únicos que pueden dotar de viviendas en alquiler al mercado nacional de vivienda especialmente en zonas tensionadas como es el caso de las grandes capitales.
Aunque estas medidas ya son suficientes para crear un daño irreversible en el ya mermado mercado de vivienda en alquiler, este proyecto de ley con claros matices populistas también introduce medidas para regular la vivienda de alquiler turístico obligando a escribirlas en el registro y limitándolas a determinadas zonas o bien esquilmando a nuestros preciados clientes nacionales y extranjeros a la hora de hablar de turístico y vacacional dejando en manos de los ayuntamientos la posibilidad de poder establecer una tasa turística que grabará este tipo de viviendas.
Tal y como iniciábamos al inicio de este análisis estamos ante un ataque sin precedentes no solo contra el sector inmobiliario sino contra la propiedad privada, llegando este proyecto de ley a pretender que el 20% de las viviendas de promoción privada deban ser destinadas a viviendas sociales sin recoger salvedades a priori sobre su ubicación o rango de precio.
No cabe duda que nos encontramos ante una ley que de ser aprobada definitivamente no solo no mejorará la situación actual de las personas sin acceso a la vivienda sino que generará una brecha social y económica que afectará a todos y cada uno de los estratos de la sociedad española, esta ley ralentizará una economía ya agotada tras la salida de nuestra última crisis global generada por la pandemia del COVID-19 a la que ya llegó considerablemente maltratada tras la terrible crisis de 2008.
En resumen la nueva Ley de la Vivienda de España tiene claros indicios de tener un destino destructivo para el sector inmobiliario, sus actores principales incluyendo a los pequeños inversores y ahorradores y a los cientos de miles de personas que gracias a este sector consiguen ganarse la vida en este país que cada vez genera menos oportunidades de trabajo y más pagas aleatorias para generar un futuro más desocupado e incierto.
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