En modo alguno hay parangón en la historia contemporánea y en el mundo desarrollado de un ejecutivo tan felón, tan atado al comunismo, tan drogado por el olor de las poltronas; un equipo de politicastros en el que quienes llevan cartera ministerial están dispuestos incluso a materializar actuaciones y tomar decisiones que podrían acarrearles consecuencias, si bajo la jurisdicción criminal se incoasen inmediatamente las instrucciones pertinentes.
La de España es una anomalía. Con mayúsculas. La excepcionalidad es total. No hay un presidente en nuestro entorno -la vieja y, en tantos aspectos, decadente Europa- cuyo destino lo haya colocado tan descaradamente en manos de los tataranietos de Lenin. No lo hay que se haya encomendado a los designios y el dictado de un puñado de golpistas, de despreciables sujetos a los que durante tantos años persiguieron con mucha razón y mucho éxito agentes del Cuerpo Nacional de la Policía, de la Guardia Civil, fiscales, jueces y magistrados.
Tienen su sentido (¡todo!) las concentraciones que, como la de hoy a mediodía en los ayuntamientos de España, pretenden alzar la voz contra un Sánchez irrefrenablemente encamado con quienes odian a nuestro país. Pero esta contestación, simbólica, quedará en mera anécdota si no se inician más pronto que tarde los procedimientos que, conforme a Derecho, permitan la investigación y eventual procesamiento de quienes pisotean la Constitución y las leyes y prevarican incesantemente: de pensamiento, palabra, obra y omisión. Mucho se está tardando.