La oportuna reacción del embajador, que fue informado del acuerdo comercial recién llegado al elegante palacete de la calle Lagasca, evidencia una histórica problemática acerca de la trivialización del uso mercantil de fenómeno mafioso. Resulta sin lugar a duda acertada, pero inequívocamente tardía y extemporánea. A continuación explicamos las razones.
Organizaciones como Libera, empeñada desde hace treinta años en la divulgación de acciones de protesta contra el crimen organizado, requieren desde principios de siglo – la entidad zaragozana se fundó en el año 2000 – un cambio drástico en la estrategia comercial de la franquicia. Tanto la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea como el Tribunal comunitario hacen hincapié en el inoportuno mercadeo de un lema contrario al orden público y ofensivo (…)”. Pero desde el prisma institucional, y especialmente desde el flanco ibérico, la omertá ha sido escandalosa.
En una reciente publicación, se listaban numerosos episodios de manifiesta connivencia entre autoridades consulares transalpinas y temidos narcotraficantes. No está de más volver a mencionar los más inquietantes. En julio de 2014 las fuerzas policiales esposaron a Ciro Rovai, titular de la pizzería Bella Napoli en la localidad de Majadahonda, y Salvatore Romano, dueño de varios restaurantes sitos en la capital. Ambos fueron acusados de tráfico de estupefacientes y blanqueo de dinero. Tanto Rovai como especialmente Romano fueron invitados tanto a priori como a posteriori de su arresto como promotores de actividades lúdico-festivas organizadas por los representantes diplomáticos transalpinos en España.
Asimismo, la pasada década en la sala principal del Consulado de Italia en Madrid se organizó un homenaje a las hermanas Zucchini, propietarias del restaurante Luna Rossa. La Cámara de Comercio Italiana para España galardonó la trayectoria empresarial de las mencionadas, pese a que en 2010 una de las dos fuera detenida junto al compañero sentimental mientras transportaba varios kilogramos de cocaína. Al acto se personaron Regina Teghemié y Enrico Tranchino, respectivamente hija e yerno de Maria Licciardi, la máxima responsable del holding criminal Alleanza di Secondigliano condenada en marzo de 2023 a doce años de reclusión. Tranchino es el responsable, según datos BORME, de una empresa operativa en el sector gastronómico con sede en Getafe.
En 2009 cayeron los hermanos Scarpa, asentados en la localidad de Rivas. También dueños de varios mesones, monopolizaron decenas de licitaciones de catering para suministrar a las autoridades diplomáticas en actos institucionales. Sucesos que inquietaron a los vértices de la Farnesina, así se conoce popularmente el Ministerio de Asuntos Exteriores en Italia, como se desprende de una circular interna difundida en verano de 2014.
Se rememora un solo acto organizado en instalaciones pertenecientes a las autoridades transalpinas de denuncia contra la presencia del crimen organizado en España. Aconteció en la sede consular de Madrid en el lejano 2011.
Un episodio permite comprender la impunidad con la que se mueven estas familias mafiosas. Antes mencionamos la detención en la Ciudad Condal de una de las premiadas por su incomprensible actividad comercial. Ese mismo año un joven diputado socialista informaba en la red social Twitter haber cenado en el establecimiento propiedad de las hermanas Zucchini. Su nombre Pedro Sánchez. Al hilo de su nombramiento como presidente del Gobierno actualizaron el menú con una pizza dedicada al secretario del PSOE. También miembros de la familia real han saboreado algunos platos de esta cocina napolitana.
Por supuesto no es nuestra intención deslizar en un fácil populismo y criminalizar a quienes trabajan honradamente ofreciendo una exquisita propuesta culinaria. Los sucesos mencionados representan un mínimo porcentaje del fenómeno migratorio transalpino en España. Pero es importante recordar que nos enfrentamos a un fenómeno que logra prosperar en varias zonas del territorio.
Olvidémonos de cualquier estereotipo. Algunos máximos responsables de la Camorra, ‘Ndrangheta - la centenaria mafia calabresa -, o de la siciliana Cosa Nostra viven en condiciones primarias y alejados de cualquier lujo mientras sortean a las fuerzas policiales. Anteponen quedarse en sucias guaridas y zulos soterrados a litorales paradisiacos con el único objetivo de controlar el territorio y lanzar un in cuestionable mensaje. Las detenciones de Michele Zagaria, Santoro Favasuli y Salvatore Provenzano resultan ser emblemáticas. Cabe detallar que la región de Calabria es una de las más pobres a nivel comunitario.
Trátense de fenómenos mafiosos cuyas actividades ilícitas proporcionan ingresos cercanos al 10% del PIL del Estado italiano. Cifras que multiplican por seis los beneficios del gigante financiero Deutche Bank o de McDonald’s como afirma el think tank Transcrime de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Queda por el recuerdo la interceptación de la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) de Reggio Calabria a dos miembros de la Società Maggiore, la cúpula de la ‘Ndrangheta, mientras discutían en una azotea del centro de Bruselas si adquirir centenares de inmuebles o el barrio entero.
Tal y cómo explicó Federico Cafiero de Raho, máximo responsable de la lucha al crimen organizado entre 2017 y 2022, “no nos enfrentamos al anti-Estado, desde hace tiempo forman parte del mismo”. Fuera de la península intentan no llamar la atención. Matanzas como la acontecida en 2007 en el restaurante Da Bruno en la localidad teutona de Duisburg, fallecieron acribillados seis narcotraficantes, son excepcionales. Estas organizaciones acostumbran pactar un armisticio y reforzar lazos operativos. En Madrid trabajan conjuntamente la Sacra Corona Unita (SCU) y familias de la Camorra.
De tal manera que no nos escandalizamos porque la mafia quiera sentarse a nuestra mesa. Ya está terminando el postre. Lo que importa es que se levante cuanto antes y no regrese.